No soy yo muy experto en puñetas judiciales ni en asuntos de faldas de audiencia para adentro, pero me ha llamado la atención que nuestra Fiscalía General del Estado haya publicado ayer un tuit y un escrito exigiendo a ABC rectificar una noticia falsa. Titulaba ayer el torcuatiano diario que "El nuevo fiscal general se reúne con el banquero [Higini Cierco] que impulsó la investigación a Mariano Rajoy en Andorra".

Contesta el alto ministerio: "El Exmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz jamás ha mantenido reunión alguna con la persona a quien se cita en la noticia ni con nadie del entorno del supuesto banquero; ni en el lugar y fecha señalados ni en ningún otro". Y exige una rectificación.

Esto de la rectificación ya provoca sonrojo. Como las ridículas multas a banqueros, constructores y energéticos cuando pactan precios y adjudicaciones para estafarnos a todos durante años. Les imponen 200 millones de sanción, cuando nadie es capaz de aproximar cuánto mordieron en el periodo investigado. Cuántos miles. La multa es proporcionalmente mucho más insignificante, respecto al volumen de negocio, que la comisión que cobraron el innoble noble Luis Media y Alberto Luceño al Ayuntamiento de Madrid por sus mascarillas. Yo creo que nuestros oligarcas ya asumen estas multas como una comisión más, otro millón en el altillo del armario del suegro. Una insignificancia.

El negocio del bulo empieza a ser tan rentable como todas estas tropelías empresariales. ABC se ha inventado una patraña, ni más ni menos que sobre el fiscal general del Estado, a pocas horas de ser ratificado. La rentabilidad de esta noticia falsa no se puede mensurar fácilmente. No creo que ABC vaya a vender diez mil ejemplares más ni siquiera por publicar una gran exclusiva verdadera. La rentabilidad de esta noticia falsa es que, seguramente, hay muchos anunciantes dispuestos a financiar la mendacidad y el bulo. Les interesa política y económicamente. Y a los medios también. Es mucho más rentable un buen anunciante en plan Repsol o El Corte Inglés que una miríada de compradores de periódicos de kiosko o suscripción.

Los periódicos murieron cuando cayeron en la tentación de cambiar lectores pobres y costosos por publicidad rentable. La publicidad rentable es la navaja de Ockham de nuestra libertad de expresión: o una u otra. La publicidad rentable es aquella que te impide escribir por intereses publicitarios pero te da muy bien de comer; el lector pobre es el que te inspira a escribir, pero te puede dar de comer malamente. Yo, en todo caso, conozco muchos periodistas que siempre preferirán la comida del pobre: es menos abundante pero más sabrosa.

El problema es que, si ABC o La Sexta difaman a la democracia (como hemos comprobado estos días), no sucede nada. ABC acaba de mentir, al parecer, sobre nuestro fiscal general del Estado. Un periodista puede equivocarse, pero no armar una fantasía sin pruebas con el simple fin de desacreditar, el día de su llegada, a uno de los más altos representantes de la justicia (ahora se dice la judicatura, porque la justicia ya no existe).

Brama el editorial de ayer del ABC: "Dimitir por dignidad no está prohibido en España, y menos aún si se predica una regeneración y se practica lo contrario a cambio de votos para el mejor postor. Y todo ello, en el mismo día en que ABC revela que el nuevo fiscal general ya ha mantenido una reunión privada con el denunciante del caso de la Banca Privada de Andorra contra el PP, que mantiene investigado a Rajoy por la respuesta del Estado al procés. García no va a perder el tiempo. El espectáculo es de todo menos edificante". Hoy insisten en que alguien vio al súper fiscal y a Cierco reunidos en un hotel. Esa es la fuente.

Rajoy, el héroe, dio según ABC "la respuesta del Estado al procés", permitiendo con ineptitud total que unos aficionados llenaran Catalunya de urnas, y luego visitando Banca Andorrana con motivos, al parecer, un poco mafiosos.

A mí, que se diga esto en un periódico, me parece un caso fehaciente de difamación. Siempre rechazaré una judicialización de la labor periodística por parte del poder político. Sería demasiado peligroso. Por eso creo que periodistas y lectores debemos exigir ya un debate sobre cómo sancionar estas malas prácticas. ¿Cómo hacerlo sin atentar contra la libertad de expresión? Ni idea. Vámonos al rincón de pensar.