Jorge Calero

Catedrático de Economía Aplicada

Sin haberse desinflado del todo la burbuja inmobiliaria ya podemos afirmar que sus efectos han sido (y, probablemente, seguirán siendo) devastadores en el terreno individual y social para toda una generación de españoles. Individualmente, los peores efectos los han tenido los que se sumaron tarde al proceso, compraron carísimo y no pueden, ahora, hacer frente a las hipotecas. Pero incluso aquellos que pueden devolver los préstamos han visto cómo sus vidas han pasado a girar alrededor de la hipoteca: sus decisiones laborales y familiares han quedado supeditadas a la cuota mensual.

En lo social, la burbuja ha empeorado todo lo que ha tocado. Ya existía corrupción política vinculada al sector inmobiliario, pero obviamente la burbuja la ha exacerbado. La degradación medioambiental de las zonas de segunda residencia se ha acelerado considerablemente. De forma más general, sin burbuja inmobiliaria, la crisis económica habría sido bastante más llevadera. La enorme deuda privada actual es fruto, en buena medida, de la demanda de capital destinado a financiar la expansión inmobiliaria. Esta misma deuda, al contaminar los balances de los bancos de un modo que no conocemos con precisión, bloquea las posibilidades de crédito que permitirían reactivar la economía. Simultáneamente, los bancos, actuales propietarios de un gran stock de viviendas no vendidas, son reacios a permitir bajadas sustanciales de precios que acabarían de desinflar la burbuja.

Los presupuestos públicos también se han visto afectados por la burbuja. Durante muchos años, las administraciones contaron con ingresos excepcionalmente altos procedentes de la actividad inmobiliaria; con ellos se financiaron gastos adicionales que no han sido sostenibles posteriormente.

Muchos particulares, el sector financiero y determinados políticos, tenían incentivos para seguir alimentando la burbuja. Pero los mecanismos de estos procesos son ya tan conocidos (y no hace falta recordar la tulipomanía holandesa en el siglo XVII) que resulta sorprendente la incapacidad que han demostrado las administraciones públicas para atajar su crecimiento. Esa incapacidad ha puesto en riesgo el bienestar de toda una generación.