La inundación del PP, provocada por las aguas fétidas del Canal de Isabel II, se ha llevado ayer por delante a Esperanza Aguirre. Al frente de toda una organización criminal, según el auto del juez Eloy Velasco, su cargo político, como portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Madrid, era ya insostenible, tras ser encarcelados Ignacio González y Francisco Granados. La corrupción la llevó en su día a la Puerta del Sol, previa compra de dos diputados socialistas autonómicos; la multiplicación de la corrupción pepera la ha llevado ahora a la dimisión como representante de la derecha en el municipio madrileño. Manifiesto exponente del gangsterismo neoliberal, deja una muy pesada herencia, junto a la anterior de Ana Botella, que ha facilitado mucho que la mano sucia e invisible del mercado haya encanallado la capital del Estado. Madrid 2017 es hoy como el Chicago años 30, donde los incorruptibles se las ven y se las desean para intentar adecentar la gestión de la Comunidad y del ayuntamiento.

No ha podido Aguirre evitar subir al patíbulo, pese a que tanto desde Interior como desde la presidencia de la Comunidad, se ha intentado encauzar la tromba de ciénaga, motivada por la apertura judicial de las esclusas del canal de Isabel II. Es toda una ironía presentar hoy a Cristina Cifuentes como la gran adalid de la lucha contra la corrupción, después de haber sido durante dos largos años vocal del mismo Canal, cuando ha defendido la gestión política de la señora condesa hasta el último minuto, e intenta aún impedir el procesamiento del imputado Marhuenda, al negar la coacción de la que ha sido objeto por parte de éste ante el magistrado Eloy Velasco. Para mayor escándalo, desde el propio ministerio de Interior, uno de los principales imputados se reunía con todo un secretario de Estado de Seguridad justo después de que, desde la periferia del ministerio de Justicia, se le avisara de que estaba siendo investigado.

Ni siquiera el apoyo del Grupo Planeta, pillado in fraganti en la operación Lezo, que ha defendido la honestidad política de la lideresa Aguirre y convertido el programa la Sexta Noche en altavoz del imputado Marhuenda, le ha podido alargar su vida política. Probablemente, la imputación de un cuarto directivo de este importante grupo mediático, Santiago Barreno, después de la de Edmundo Rodríguez, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, haya contribuido a devaluar ese auténtico asalto a la razón, que es presentar a la condesa de la corrupción como un Cristo crucificado entre los dos ladrones. Imagen que nos trae a la memoria las mejores secuencias de aquella película del cine franquista titulada, precisamente, Los ladrones somos gente honrada.

Tras Aguirre, le toca ahora a Zaplana y a Villar Mir ser escrutados bajo la lupa judicial. Ya no se trata sólo de una presidenta de la Comunidad de Madrid sino de un ex-ministro de Aznar, ya no se trata sólo del yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, sino del propietario de una gran constructora, OHL. No es casual que doce de los catorce ministros de los gobiernos de José María Aznar aparezcan hoy como implicados, imputados o perceptores de los sobresueldos en la nómina de Luis Bárcenas. La investigación judicial avanza segura en espera de que el propio presidente del Gobierno sea citado pronto a declarar en el sumario sobre la Gürtel. La agenda judicial del PP es tan extensa e intensa, alimentada además por la guerra de dossieres que se libra en el seno de este partido, que acabará proporcionando nuevos reos a la creciente cuerda de presos populares.

La caída de Aguirre precede, probablemente, la de Rajoy. El horizonte judicial no va a dejarle al Partido Popular, seguramente, más dilema que el de cambiar de líder o cambiar de sigla. No es nada fácil lo primero, en los papeles de Bárcenas aparece incluso Soraya Sáenz de Santamaría; ni lo segundo, con Ciudadanos al acecho. Pero cuanto más tarden en buscar un sustituto a Rajoy, mucho más difícil les será evitar lo segundo. De no frenarse el proceso de autodestrucción en el que ha entrado, el Partido Popular acabará autodisolviéndose. Lo que le ocurrió a la Democracia Cristiana italiana, disuelta tras los sumarios de Tangentópolis, puede prefigurar lo que le pueda suceder en el inmediato mañana. Bien por las buenas o por las malas, porque los del IBEX no están dispuestos a que el PP se lleve por delante el régimen del 78, tal como la DC italiana se llevó la I República.

Nada evidencia mejor lo que es el Partido Popular que esta cadena corrupta que liga a la lideresa Aguirre con el presidente Rajoy. Pese a ser enemigos públicos declarados, el común denominador de la corrupción los une hoy en la desgracia política. No deja de ser sintomático que durante la última década de la derecha, iniciada con el Congreso de Valencia del PP, la lucha política interna haya estado protagonizada por sus supuestas mutuas ignorancias de la corrupción que los envolvía mientras que denunciaban sotto voce lo que tapaba la Moncloa o lo que ocultaba la Puerta del Sol. O sea, la lucha de dos clanes de la derecha, desde que Aznar privatizó las empresas estatales, por apoderarse de los resortes de poder del capitalismo de Estado en beneficio de sus chanchullos particulares. En esa combinación letal, mitad neoliberales, mitad neofranquistas, reside hoy tanto su dificultad para cambiar de líder como de partido.