Hace unos días escribía sobre los aires de cambio que entraban en las instituciones y la imperiosa necesidad de pactos y acuerdos que iban a generar. Esta situación no tiene por qué ser entendida como un escollo para el funcionamiento institucional o motivo de inestabilidad sino que da pie a una nueva etapa en la interrelación entre las fuerzas políticas.

El caso andaluz se ha resuelto, no sin demora, sin que los corruptos abandonen sus asientos, sin que se recuperen los empleos públicos destruidos en Sanidad, Educación, Dependencia e Igualdad y sin que ningún banco vea modificados sus contratos con la Junta pese a seguir desahuciando familias. Tras las elecciones del 24 de mayo, vamos conociendo el formato de los primeros acuerdos.

La composición de la mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, cuestión no poco relevante para el desarrollo del trabajo parlamentario, ha sido resultado de un acuerdo bilateral de dudosa transparencia en lugar de responder a un entendimiento entre todas las fuerzas representadas. Por suerte no todo sigue anclado en el oscurantismo del reparto de sillones. En otras regiones como Extremadura, las negociaciones dirigidas a la conformación de gobierno están siendo retransmitidas en directo y, en Asturias, la prensa es invitada a las conversaciones.

Cuando hablamos de pactos y acuerdos hay que ser muy conscientes de la situación desde la que se afrontan y, en función de ésta, saber qué capacidad de influencia o dirección se tiene en la negociación. De esta manera, no será comparable el caso de Ahora Madrid, que salvo repetición de Tamayazo, que tanto desea ABC, obtendrá la alcaldía con el apoyo del PSOE, con prácticamente ningún otro escenario. Sin embargo, cabe el riesgo de tomar la parte por el todo y meter todo en el mismo saco, defendiendo o reprobando cualquiera de las posibles combinaciones. Esta circunstancia se genera, entre otras cosas, por una concepción inmaculada y cuasisagrada de la actividad política en la que se niega la posibilidad de mancharse y, en la nueva etapa política que vive nuestro país, entablar diálogo y acuerdos con quienes hace unos días eran objeto de nuestras críticas. ¿Estamos hablando de borrón y cuenta nueva? Para nada. Hablamos de poner freno a la situación de emergencia social que vive nuestro país y de desalojar de las instituciones a quienes se sustentan sobre la corrupción y el desapilfarro.

Así pues, los pactos podrán ser considerados pequeñas victorias siempre y cuando se logren gobiernos de cambio, nunca cuando se perpetúe en el poder a quienes llevan más de 20 años de corrupta gestión sólo dirigida a satisfacer los intereses de unos pocos. En ese caso, serán victorias partidistas que responderán más a cálculos orgánicos que al bienestar de la ciudadanía. Resulta sorprendente lo rápido que algunos se enganchan a los malos vicios de decir una cosa en campaña y hacer la contraria cuando se acaban las elecciones.

En lo que a Madrid concierne, no conocemos ni una sola medida que suponga más derechos o bienestar a la gente y que pueda justificar el acuerdo para la mesa de la Asamblea. Y para el anunciado pacto de investidura entre Ciudadanos y el PP, en materia de regeneración hablamos de medidas vagas, poco exigentes y muchas de ellas para dentro de cuatro años. En materia económica y de derechos sociales nos encontramos palabras muy rimbombantes que no atajan la necesidad de un cambio de modelo productivo y una drástica reducción de la desigualdad. No sería disparatado pensar que el pacto está más que firmado y que asistimos a la teatralización que requieren ambas partes para revestirse de regeneración y de engranaje necesario para la estabilidad.

Prestemos atención a lo que ocurra este fin de semana en los ayuntamientos, no perdamos de vista cómo avanzan las conversaciones en las comunidades en las que aún no hay nada claro. Mientras tanto, camarero tráigame una de pactos, pero de los que amenazan la democracia occidental, que de los otros ya conocemos muchos y sabemos que no nos sientan bien.