O cambia la política de empleo o adiós pensiones

¿Cuántos años llevan oyendo hablar ustedes de que conviene hacerse lo antes posible un plan de pensiones privado, porque el sistema público no aguanta más? Yo, muchos; prácticamente desde que empecé mi vida laboral. Y sin embargo, tres décadas largas después, la Seguridad Social sigue cumpliendo sus compromisos, aunque es verdad que, de un tiempo a esta parte, tiene crecientes dificultades para conseguirlo.

Lo que ingresa por cuotas cada año le permite sufragar las doce mensualidades ordinarias, pero no las pagas extras de julio y diciembre, ni las retenciones a cuenta del IRPF. De ahí que el Gobierno haya tenido que recurrir sistemáticamente al Fondo de Maniobra durante la última legislatura. A tal punto que, hoy, la llamada hucha de las pensiones dispone de la mitad del dinero que tenía cuando Rajoy llegó a la Moncloa.

La existencia misma de esa hucha, que a finales de 2011 superaba los 60.000 millones de euros, es la prueba irrefutable de que el sistema público de pensiones, en su actual diseño, no sólo da para ir tirando, sino que permite incluso ahorrar. Siempre y cuando, claro está, haya un número suficiente de cotizantes y el empleo no sea de ínfima calidad, como lo es el que se viene creando desde hace dos años en España.

Porque no nos engañemos: el problema de la Seguridad Social no es de gastos, sino de ingresos. De falta de ingresos, por ser más exactos. Y faltan ingresos porque la tasa de paro sigue siendo muy alta, sí. Pero también porque, de forma mayoritaria, quienes consiguen reincorporarse al mercado laboral cotizan menos, debido a las bonificaciones empresariales y a que se les ofrecen contratos breves, a tiempo parcial y con sueldos más bajos que antes.

Hay datos que corroboran eso. En 2013, último año en que se destruyó empleo neto, la cotización media mensual era de 490 euros. Desde entonces, el número de afiliados ha crecido prácticamente en un millón. Sin embargo, por los nuevos trabajadores, la Seguridad Social recauda sólo 384 euros; es decir, un 21,5% menos. Ni que decir tiene que, si esa cifra fuera extensiva a todos los demás, el sistema entraría en quiebra.

Por supuesto, siempre cabría la posibilidad de pegarle un nuevo hachazo a las pensiones, que es el recurso más socorrido cuando las cosas se ponen feas. Pero no me negarán que se trataría de una iniquidad manifiesta, sobre todo en un país como éste, donde un jubilado, por término medio, apenas cobra mil euros brutos al mes y muchos de ellos ni siquiera llegan todavía al salario mínimo interprofesional.

El problema estriba en que, aunque las dificultades por las que atraviesa el sistema público de pensiones son una mala noticia para el conjunto de los españoles, hay a quien le vienen muy bien. Me refiero, por supuesto, a los que tienen montado un suculento negocio en torno a los planes privados. Un negocio que puede ser tanto más rentable cuanto mayores sean las complicidades que encuentren en el poder político.

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