Este fin de semana se celebran por todo el mundo las llamadas “marchas por el clima” dando el pistoletazo de salida a las movilizaciones internacionales de la sociedad civil con motivo de la celebración en París de la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático (COP21, por sus siglas en inglés) a partir del 30 de Noviembre. De esta forma, a lo largo de las próximas dos semanas se realizarán diferentes protestas y encuentros alternativos para denunciar la inacción y la falta de voluntad política de los gobiernos para afrontar la crisis climática.

La decisión del Gobierno francés de prohibir las protestas críticas con la cumbre de París, mientras permite celebrar mercados navideños y partidos de fútbol es reveladora de un conjunto de valores y prioridades políticas muy particulares sobre quién o qué y quién o qué no debe ser objeto protección por parte del Estado. Al mismo tiempo que el Gobierno de Hollande ha decidido aumentar los gastos en unos de los sectores más responsable del calentamiento global: el complejo industrial-militar.

Las siglas “COP21” responden a la vigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) acordada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992. La COP21 es lo más parecido a un gran congreso internacional del clima, ya que reúne a gobiernos de 195 países, entre el 30 de Noviembre y el 11 de Diciembre en París, supuestamente para intentar llegar a un acuerdo global y vinculante que afronte el reto de frenar el cambio climático a partir de 2020. Esta no es la primera vez que los gobiernos del mundo intentan llegar a un acuerdo vinculante en relación al cambio climático.

En 1997, en la cumbre de Kioto se fijaron unas metas concretas de reducción de emisiones para los países más industrializados e históricamente más responsables del calentamiento global, pero Estados Unidos, el estado que más contamina por habitante y año, no ratificó aquél acuerdo. Tras su puesta en marcha en 2005 y tras diez años de implementación, el protocolo de Kioto ha demostrado ser insuficiente. A pesar de que varios de los 37 países firmantes han conseguido reducir emisiones a nivel doméstico, en el cómputo global se han aumentado en algo mas de un 24%. Porque los gobiernos no han querido tomar medidas para disminuir la quema de combustibles fósiles y una parte importante de la contaminación está “deslocalizada” a China y otros países emergentes, desde donde importamos bienes de consumo y materias primas. Además, “Kioto” abrió el camino a la privatización del aire con la puesta en marcha de los mercados de carbono que nos han hecho perder una década en la lucha contra el cambio climático, han subvencionado con dinero público a las industrias más contaminantes y han creado nueva inestabilidad financiera.

Las anteriores cumbres climáticas y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) -la comunidad científica- han señalado que un aumento de 2ºC podría tener consecuencias impredecibles. De hecho, muchos estados insulares y países del Sur global han implorado que el objetivo no superara el grado y medio. Para conseguir este objetivo, de mantenerse por debajo de los dos grados, deberíamos renunciar a extraer el 80% de las reservas probadas de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) y acometer una drástica reducción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de entre 40-70%, teniendo en cuenta que las emisiones máximas deberían alcanzarse para el año 2020.

De esta forma, y por increíble que parezca, los objetivos cuantificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero posteriores a 2020 no son parte de los temas de negociación de la COP21. Estos objetivos voluntarios y no vinculantes, y en gran medida inadecuados, no se revisarán al alza como resultado de las negociaciones de París. Además, su implementación sólo empezaría a aplicarse a partir de 2020, prologando la inacción otros cinco años. Asistiremos a una negociación bizantina sobre el embalaje, pero no sobre el contenido de las medidas a realizar para enfrentar el umbral del 2ºC del calentamiento global. Con los compromisos actuales encima de la mesa el resultado es que la temperatura subiría un mínimo de un 2,7ºC hasta más de 4ºC, según distintas fuentes.

De esta forma, la suma de compromisos voluntarios, como ya vimos en el caso del protocolo de Kioto, no está a la altura de las demandas científicas de lograr evitar las peores consecuencias del cambio climático, lo que supone una sentencia de muerte para millones de personas. Un horizonte temerario e irresponsable cuando consideramos las enormes consecuencias que ya se están sufriendo, fundamentalmente en los pueblos del Sur global. De esta forma aumentarán los “refugiados climáticos” como consecuencia del aumento del nivel del mar, las lluvias torrenciales, las sequías y hambrunas. Como dice Naomi Klein “Cuando gobiernos y grandes empresas no son capaces de actuar para prevenir un calentamiento catastrófico, eso constituye un acto de violencia”.

El el texto borrador del Acuerdo de París no menciona a los combustibles fósiles, el origen de más del 80% de las emisiones de CO2. Ni siquiera se considera la necesidad de eliminar los subsidios públicos a los combustibles fósiles (4,7 billones de dólares en 2015). En la posición del Comisario de la Unión Europea para la Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, prevalece la idea de anclar nuestro modelo energético a las energías fósiles y a la nuclear otros treinta o cuarenta años más, apurando al máximo el cenit de las energías fósiles. De esta forma, prolongarán irresponsablemente la vida de las centrales nucleares y la interconexión eléctrica según un modelo hiper-centralizado de generación y distribución que agrava la pobreza energética sufrida por millones de personas. Promoviendo la construcción de nuevas infraestructuras transcontinentales de gas que profundizan nuestra dependencia de fuentes energéticas externas y promueven conflictos y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, la cumbre París abre la puerta a técnicas de enorme riesgo humano y ambiental como la fracturación hidráulica y la captura y almacenamiento de carbono.

La parte sobre la financiación es otro gran vacío. Cómo movilizar la financiación necesaria para poner en marcha una transición energética, o cómo permitir a la población más afectada hacer frente a las consecuencias de las perturbaciones climáticas, no son asuntos prioritarios del Acuerdo de París. El compromiso asumido en Copenhague en 2009, de movilizar 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para apoyar a los países más empobrecidos todavía no se ha materializado. No se propone ninguna hoja de ruta para indicar cómo aumentar los compromisos financieros con el tiempo para hacer frente al empeoramiento de las perturbaciones climáticas.

Será la ciudadanía –y no las cumbres o los gobiernos cooptados por el poder de la gran industria de los combustibles fósiles- quien demuestre cuál es el camino a seguir para lograr una auténtica descarbonización de la economía basada en un cambio de sistema democrático y justo que se ciña a los límites naturales desterrando el paradigma del crecimiento ilimitado. Un modelo de producción y consumo que debe estar basado en una apuesta clara por un nuevo modelo energético 100% renovable y con soluciones clave como la agroecología, una movilidad sostenible y el comercio local de proximidad. Lucharemos por cambiar el sistema económico y político, y no el clima. Nuestro lugar está en el lado de los movimientos sociales, de cada país y durante las próximas dos semanas en Francia apoyando a la Coalición Clima 21 (https://www.coalitionclimat21.org/es) y sus aliados internacionales en las movilizaciones y actividades en París.