JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

La agenda de las políticas contra la crisis económica ha sufrido una muy poco sutil variación en los últimos meses. Los medios de comunicación, los partidos políticos y los gobiernos han ido desplazando la discusión.

Inicialmente, la agenda incorporaba propuestas innovadoras y más o menos cercanas a un “cambio de modelo” de crecimiento. En los últimos meses hemos asistido a un retorno a la ortodoxia, con pocos matices.

A este proceso de creación de hegemonía no son ajenos determinados organismos internacionales ni, tampoco, ciertos medios de comunicación anglosajones de gran influencia (influencia potenciada por el seguidismo que caracteriza a algunos medios más cercanos).

En nuestro país aparecen varios ejemplos de la agenda anti-crisis “inicial” en la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto se aprobó hace tres meses. Resulta ilustrativo que, incluso antes de la aprobación definitiva y el desarrollo de la Ley, algunas de sus medidas suenen poco actuales. Y digo “suenen” porque probablemente tengan tanta utilidad ahora como cuando se aprobó el anteproyecto, pero la deriva política y de opinión las ha conducido a una obsolescencia mediática. Obsolescencia programada, podríamos decir. Porque, con la debida cautela para no caer en ninguna teoría conspirativa, se aprecia cierta coordinación en el proceso.

Para resumir muy sucintamente el cambio al que me refiero, podríamos decir que la agenda reconstituida vuelve a situar al sector público, tanto sus regulaciones como su déficit y deuda, como los sospechosos habituales. Dejaron de serlo por poco tiempo.

El mercado de trabajo no deja de recibir la atención convencional en la agenda reconstituida: se demanda mayor flexibilidad (para despedir) y contención adicional de los salarios. Junto a estas medidas, aparece, como siempre, la exigencia de restringir el chocolate del loro: por ejemplo, los sueldos de altos cargos, que ni son muchos ni tienen en su mayoría sueldos realmente altos.

Cada vez se habla menos de la necesaria regulación del mercado financiero y del impulso a la productividad a través de la formación de capital humano y de I+D+i. La eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental también están en discreta retirada del foco de atención. Cuando se señala con el dedo al déficit público y a la deuda ya nos vamos olvidando de que en buena medida provienen de las sucesivas inyecciones de recursos públicos necesarias para que no se desplomara el sistema financiero.

Parece claro, y así se viene ya señalando, que las recetas de las que oímos hablar cada vez más están impulsadas justamente por los mismos intereses que han provocado la crisis financiera. No deberíamos aceptar de forma acrítica este cambio de agenda, esta hegemonía que finalmente nos conduce a una desactivación de las posibilidades de cambio real que podían entreverse (aunque fuera con cierto esfuerzo de voluntad) al principio de la crisis.