Marià de Delàs

Las gentes de izquierda no están de enhorabuena. No deberían estarlo. Ninguna de ellas. Partidos de derecha han resultado ganadores en las elecciones de este domingo. El Partido Popular formará gobierno en Galiza sin problemas gracias a la mayoría absoluta obtenida. Los votantes le han permitido que durante los próximos cuatro años siga ejerciendo el poder como hasta ahora, a mayor gloria de los privilegiados y en abierta confrontación con centenares de miles de gallegos que defienden su nacionalidad y sus derechos sociales.

En Euskadi gobernará el PNV, pero si algo ha dejado claro Iñigo Urkullu es que quiere ejercer de lehendakari con estabilidad, y que por eso abrirá una etapa de diálogo con otras fuerzas. No está claro con quienes conseguirá alguna complicidad, pero mucho tendrían que cambiar las cosas para que vuelva a buscar y obtener apoyo de quienes socialmente podrían ser sus aliados naturales, si no fuera porque hoy en día es difícil que se entiendan con quienes se niegan en redondo a reconocer la soberanía del pueblo vasco.

Nadie puede ignorar que 57 de los 75 diputados que ahora conformarán el Parlamento vasco, independentistas o no, son defensores del derecho a decidir de Euskadi como nación.

Nadie podrá ocultar tampoco que al menos 20 de los 75 diputados del Parlamento gallego reivindicarán ese mismo derecho para su pueblo.

Parece bastante claro, además, que tanto en Galiza como en Euskadi ha fracasado estrepitosamente una fuerza creada para contrarrestar el auge tanto del soberanismo, como de Unidos Podemos y de las organizaciones que confluyen en este espacio. Unos y otros ponen en evidencia la necesidad de respetar la realidad plurinacional de España.

No hay que descartar que las elecciones de este domingo resulten desalentadoras para quienes pretenden conseguir que Ciudadanos sea una figura clave o decisiva a la hora de marcar las pautas de funcionamiento del Estado español y sus gobiernos.

Cuesta entender el empeño que han puesto hasta ahora bastantes políticos e intelectuales considerados “de izquierdas”, o algo así, para incluir al partido que impulsa Albert Rivera en un ámbito que denominan “fuerzas del cambio”.

Se trata de personas que suponemos bien informadas y, sin embargo, ignoran la naturaleza de este partido, abiertamente neoliberal, que habitualmente respalda los recortes del gasto público social, defiende el gasto militar, propugna hasta el extremo la desregulación del mercado laboral e imposibilita cualquier forma de diálogo con fuerzas soberanistas. Para dejar bien claro que el cambio que pretende Ciudadanos es involucionista, rescató hace ya tiempo un calificativo muy utilizado por el régimen franquista para referirse a catalanistas y euskaldunes. Dicen de ellos que son “separatistas”.

En las filas y listas de Ciudadanos han figurado no pocos personajes procedentes de la derecha y la extrema derecha, de personas que han negado la necesidad de aplicar políticas concretas para combatir la violencia machista, e incluso individuos que defienden la vigencia de derechos económicos de unos ciudadanos sobre otros, de origen feudal.

El PSOE no ha dejado de reclamar que Ciudadanos y Podemos “levanten los vetos cruzados” y se sienten a hablar para hacer posible la formación de un “gobierno transversal”. Las actuales circunstancias obligarán sin duda a los socialistas a reflexionar sobre muchos aspectos de su análisis de la situación política, entre ellos sobre ese concepto de “transversalidad”, que les lleva a buscar la reedición de un acuerdo con una fuerza reaccionaria, como si necesitaran un cierto aval del nacionalismo español de derechas para aspirar al “buen gobierno”. Lógico será que revisen también el motivo por el cual han descartado rotundamente cualquier posibilidad de obtener apoyo de quienes defienden el derecho a decidir de los diferentes pueblos del Estado español, como si fuera un terreno prohibido.