Cuando la campaña electoral ha llegado a su ecuador podemos comprobar que las reivindicaciones más emblemáticas del feminismo no aparecen ni en los programas ni en los mítines ni en las entrevistas ni en las declaraciones de los candidatos. Todos hombres en la cabeza de las listas. Pero tampoco de las mujeres que en papeles secundarios protagonizan algunos debates. Dejando aparte a las del PP, de cuyo nombre no quiero acordarme, que espero que no reciban ni el aplauso ni el voto de las mujeres, tampoco ninguna de las otras formaciones se merece el aprobado en el examen de feminismo.

Si alguna línea roja no puede franquearse por la izquierda, ni en su análisis teórico ni en su aplicación práctica, es la permisividad ni la legalidad de la prostitución. No solamente porque representa la explotación y la máxima humillación para una persona -la inmensa mayoría de las que están sometidas a semejante esclavitud son mujeres- sino porque degrada a toda la clase femenina, pervierte a los hombres que la demandan y envilece a la sociedad. Una sociedad que considera que el hecho de ser mujer la convierte en un ser destinado a complacer las pulsiones sexuales de los hombres, sean cuales sean estos y cómo las demanden, es una sociedad degenerada. Aceptando la prostitución como actividad profesional normal aceptamos que todas nosotras podemos ejercerla. Y los hombres asumen que pueden prostituirnos a todas.

No es ninguna novedad. Aquellas que claman por legalizar la prostitución, como si de un gran avance moderno se tratara, están reproduciendo las normas y la defensa de esa explotación que teorizaba Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Pero ocho siglos más tarde nuestra declaración de Derechos Humanos de 1948, alcanzada después de terribles experiencias de torturas, guerras y expolios, consagra la prohibición de someter a ninguna persona a tortura o trato degradante o humillante. Que es exactamente lo que sufre la mujer que tiene que someterse a los caprichos sexuales del prostituidor, por una miserable paga.

En el siglo XX, nuestra II República aprobó la abolición de la prostitución. En el siglo XXI, la prostitución en España es una de las mayores lacras. Con unos partidos políticos que están contemplando legalizarla. Medio millón de mujeres son traficadas en nuestro territorio por las mafias de la prostitución, que incluso se han organizado en asociaciones legales, ante la pasividad o la complacencia de los gobiernos que se han sucedido y de políticos que se compenetran con los prostituidores y que llevan en su programa electoral la legalización; y lo que es más penoso, de asociaciones de mujeres que fingen ser feministas y que están al servicio de los proxenetas.

En Barcelona, paraíso de puteros de toda laya, se ha llegado a la infamia de permitir y financiar la que llaman “Escuela de Prostitución”, que da cursos para iniciar en tal actividad a las novatas que en busca de algún trabajo remunerado “escojan” esta profesión como aceptable alternativa a la de ser peluquera o modista.

Y en la híspida campaña electoral que estamos observando este tema no ocupa ni un minuto de los debates televisados ni de los discursos, entrevistas y propaganda. Considerando que no tiene importancia para una sociedad embrutecida que acepta indiferente o complaciente que su país sea el de Europa que más demanda prostitución, con tres millones de hombres que consumen ese comercio venal diariamente, ni siquiera los partidos políticos de izquierda, ni sus representantes femeninas están haciendo bandera de la abolición. Según sus cálculos, como las mujeres prostituidas no suelen votar y las feministas no debemos contar suficientemente para ellos, mientras los puteros pueden ser buenos apoyos, los candidatos ni mencionan el tema.

Por supuesto, ninguno de nuestros futuros gobernantes tiene en cuenta la necesidad de prohibir la pornografía, que hoy no está recluida en aquellos destartalados cines X de la Transición para satisfacción de unos cuantos masturbadores tarados, sino que a través de Internet se ha convertido en la escuela de sexualidad de los adolescentes de toda clase y condición, a los que se enseña a maltratar y violar mujeres como manera de satisfacer su líbido.

A la milenaria explotación de la prostitución se une la moderna de los vientres de alquiler. Ya sabemos que producir niños en el útero de mujeres para arrebatárselos después es práctica antigua del Patriarcado. Desde Abraham y Sara los hombres han violado, raptado, comprado y casado con mujeres para fabricarse descendientes. Conducta que ha relatado con mucho ingenio Margaret Atwood, escritora canadiense, en la distopía El Cuento de la Criada, puesta de moda nuevamente en la serie televisiva. Pero los descubrimientos y avances científicos modernos permiten que semejante práctica convierta hoy en gran negocio, a escala internacional, la inseminación de mujeres, naturalmente pobres, para obtener niños a la carta que compran hombres ricos.

Este infame comercio, que se ha extendido a diversos países, está intentando instalarse legalmente en España, que todavía tiene algunos remilgos en aceptarlo. Aprobar una modificación del Código Penal que convierta en delito semejante actuación y en delincuentes a todos los que estén involucrados en ella, es una necesidad imperiosa antes de que se extienda esta práctica y además nos veamos obligados a admitir a los desgraciados bebés venidos al mundo en semejantes condiciones. Y tampoco oigo los planes de los candidatos de izquierda para imponer con contundencia las medidas legales precisas que lo penalicen e inmediatamente prohíban celebrar esas infames ferias anuales en la que se permite que perversos clientes alquilen desgraciadas muchachas, en cualquier parte del mundo. Por el contrario, los planes de la derecha están clarísimos, si gobiernan instalarán rápidamente ese comercio en nuestro país.

Pero no sólo el decisivo tema de la prostitución no tiene espacio en los planes de los próximos gobernantes, ni siquiera la violencia contra la mujer que suma más de cien víctimas de feminicidos cada año en nuestro país, donde se presentan ciento cincuenta mil denuncias por maltrato cada año, donde se contabiliza una denuncia por violación cada 8 horas y son innumerables las víctimas que sufren acoso sexual en el trabajo, en la calle, en la casa, ha tenido protagonismo en la propaganda electoral. Ni se plantea la modificación imprescindible de la obsoleta Ley de Violencia de Género que nos rige, mientras los asesinatos de mujeres se suceden día tras día y no concitan en nuestros futuros gobernantes, ni hombres ni mujeres, la suficiente compasión para que acudan a sus entierros. Algunas prometen aplicar el Pacto de Estado que proponía destinar unos millones a pagar indemnizaciones y subvenciones a las víctimas. Lo que no se propone nadie es que no haya víctimas.

En el capítulo de las diferencias salariales y de las explotaciones laborales que padecen las trabajadoras con total impunidad de las empresas, nadie dice que es imposible atajar semejante situación propia del siglo XIX cuando solo disponemos de 1.000 inspectores y 2.000 subinspectores de trabajo en toda España. Los ahorros que se han llevado a cabo en el funcionariado público ha convertido nuestro Estado en cuasi medieval. Ni protección para las víctimas de violencia machista porque no hay suficientes policías ni juzgados ni forenses ni trabajadoras sociales. Ni vigilancia de los desmanes de la patronal porque no hay bastantes inspectores. Ni formación en feminismo de todos los cuerpos policiales, judiciales y sanitarios porque no existen las escuelas y los profesionales que deberían impartirla. Ni entra en los planes educativos la asignatura de Ciudadanía, que debería ser feminista, no solo por la oposición tiránica de la derecha sino porque tampoco la izquierda que nos ha gobernado hasta ahora lo ha impuesto con la contundencia que merece.

¿Dónde está entonces el programa feminista?