Hoy se ha iniciado en España una campaña electoral marcada por el peor dato de paro que se recuerda y por una crisis económica cuya virulencia se ha llevado por delante en Europa a casi todos los gobiernos que la han gestionado desde su estallido en 2008, sin distinción de ideologías. Son avasalladoras las voces políticas y mediáticas que, a golpe de encuesta, dan prácticamente por prescindibles a efectos prácticos estos 15 días de campaña. Se diría que Rajoy podría desaparecer hasta la noche del 20-N (incluso evitaría así posibles errores o un debate arriesgado) y regresar para asomarse satisfecho al balcón de la calle Génova. Por muy fácil que se le haya puesto al PP su victoria, supone un disparo en la rodilla de la democracia este extendidísimo empeño en despreciar la importancia de una campaña electoral. A tal galbana colectiva contribuye mucho la instalada certeza de que los poderes financieros pesan más que la ciudadanía en las decisiones trascendentes, como viene demostrando esta semana trágica griega. Pero tampoco ayuda una ley electoral que alimenta un bipartidismo insano para la salud democrática, siempre precaria cuando las minorías son ignoradas. El 20-N no sólo se confrontan distintas visiones de salida de la crisis, todas condicionadas por un sistema globalizado, sino también diferentes concepciones sobre la utilidad misma de la política. Una campaña debería servir, al menos, para reivindicar la evidencia de que no todos son iguales.