Como el monte al quemarse, cuando una tele se cierra algo tuyo se cierra, aunque no la veas o la veas poco. Canal Sur suprime su segundo canal. Suprime en realidad la RTVA el canal cuyos contenidos, si se exceptúan los informativos, más se aproximaban a la función de servicio público que debe hacer una emisora. El director general Pablo Carrasco calcula un ahorro de 20 millones de euros, aunque, como tantos otros ahorros del sector público, se trata de un ahorro ficticio por cuanto significa eliminar del circuito un dinero público cuyo impacto económico y alcance social en las familias y las empresas son, como se sabe, muy superiores a esa cantidad. Suprimir Canal Sur 2 permite no despedir a trabajadores de la casa, pero obligará al cierre de muchas pequeñas empresas del sector cuyo único cliente es Canal Sur 2.

Pero no es ese cierre lo relevante de la decisión de Carrasco, el cual a fin de cuentas no es más que un prisionero de las exigencias presupuestarias del Gobierno andaluz, que a su vez es un prisionero del Gobierno central, que a su vez es un prisionero de la Unión Europea del Norte, que a su vez es una prisionera de Alemania, que a su vez, en fin, es una prisionera de sí misma: prisionera de su riqueza y de su talento industrial, pero prisionera también y sobre todo de sus prejuicios, que, como todos los que tienen prejuicios, ella naturalmente cree que no lo son. En esta pavorosa crisis mundial los únicos que no son prisioneros son los que tienen entre mucho y muchísimo dinero y lo tienen merced al capitalismo de casino que tan bien conocen, aunque en verdad esos no han sido prisioneros nunca, de manera que les da un poco igual que haya o no haya crisis.

Lo relevante de la supresión de Canal Sur 2 es lo que tiene de síntoma de un desconcierto que afecta a toda la cadena pública de radio y televisión. Aunque no sin cierta ligereza, el desconcierto podría enunciarse así: Canal Sur ha alcanzado su mayoría de edad, pero no sabe qué quiere ser de mayor. Ni sabe qué quiere ser, ni sabe cómo quiere serlo. Es lógico, además, que no lo sepa, pues quien tiene que decirle lo que ha de ser y cómo serlo es el Gobierno andaluz; ya, ya sé, habría que decir que quien tiene que decirlo es el Parlamento andaluz y no el Gobierno, pero demasiado bien sabemos todos que el Parlamento andaluz, como todos los Parlamentos de toda España y parte del extranjero, casi siempre es de mentira. O es de verdad sólo una vez: el día que inviste al nuevo presidente del Gobierno.

El problema, pues, es que el Gobierno andaluz no sabe qué quiere hacer con Canal Sur, lo cual sería muy importante saberlo ahora que las cuentas no de Canal Sur sino de toda Andalucía se ven amenazadas por una falta de liquidez que está a punto de dejar de ser coyuntural para convertirse directamente en estructural. Hasta ahora el Gobierno andaluz no se había visto en la necesidad y mucho menos en la urgencia de decidir sobre el futuro de Canal Sur. Ahora tiene que hacerlo. Aunque no le guste, que por otra parte es obvio que no le gusta.

La pregunta que hay que contestar es esta: ¿cuánto dinero hace falta para que Canal Sur sea una televisión no sólo de servicio público, sino con el suficiente atractivo para mantener cuotas de audiencia que no la hagan casi irrelevante, como lo es Canal Nou o en menor medida Telemadrid? Formulada de otra forma: ¿cuánto dinero y cuántos trabajadores hacen falta para que Canal Sur se parezca lo más posible a aquella Televisión Española, líder de audiencia y calidad, que ingenuamente creó Zapatero y que cínicamente Rajoy se ha propuesto enterrar?

El Gobierno andaluz debería echar esas cuentas, sea por sus propios medios o contratando a un auditor externo, solvente e independiente, y obrar en consecuencia. Es cierto que cuando en una empresa pública se nombra el sintagma “auditoría externa e independiente”, de inmediato los trabajadores con sus representantes sindicales a la cabeza comienzan a cavar las correspondientes trincheras, dispuestos a librar una larga guerra de resistencia contra el invasor exterior. Las empresas privadas suelen tener el mercado como auditor externo, continuo e implacable, mientras que las públicas no lo tienen. Bueno, ni lo tienen ni lo quieren tener, pero no por nada en particular, sino simplemente porque se vive mejor no teniéndolo.

En todo caso, la solución laboral para Canal Sur no puede ser la que Zapatero aplicó en RTVE, propiciando jubilaciones de oro para varios miles de trabajadores que estaban precisamente en el mejor momento de sus carreras profesionales. Lo que sí tendrá que hacer Canal Sur para ser viable es ajustar sus gastos. ¿Cómo? Equiparando o al menos aproximando salarios y condiciones laborales al mercado audiovisual. Ciertamente, esa una alternativa dura, pero para alternativa dura dura, pero dura de verdad, la que ha impuesto la derecha valenciana en Canal Nou echando a la calle a 1.300 de los 1.700 trabajadores.

¿Por qué hay que hacer todo eso? Aparte de por el hecho elemental de que no hay dinero, hay que hacer todo eso y hay que hacerlo pronto porque con la crisis que sufrimos una porción significativa de la gente de izquierdas y casi toda la de derechas ven con muy buenos ojos la reducción o incluso la supresión de los canales autonómicos de radio y televisión. No ver ese hecho política y sociológicamente crucial es estar ciego. Pero hacer todo eso, claro está, no es fácil. Es arriesgado, es embarazoso, no es barato, puede ser impopular, no tiene garantías de éxito y exige de sus promotores políticos la convicción de que tener una buena radio y una buena televisión públicas de las cuales la gente se sienta orgullosa como se sentía de la última y hoy moribunda RTVE es bueno para todos. Y de que tenerlas cuesta dinero: no un dineral, pero sí dinero.