El Constitucional ha anulado la norma de la Generalitat de Valencia que permitía a los inmigrantes sin papeles tener acceso a la asistencia sanitaria después de que el PP dinamitara en 2012 la Sanidad universal y dejara a cerca de 900.000 personas a la intemperie. De la legislación valenciana, similar a la acordada por otras comunidades para proteger a este colectivo, ha dicho el Tribunal que vulnera la competencia del Estado para establecer “el ámbito objetivo y subjetivo de la materia Sanidad y Seguridad Social”. O dicho de otra forma, que la canallada decidida hace cinco años para ahorrar -según se nos decía- 500 millones de euros es competencia exclusiva del Estado, que puede decidir quién se trata o no de una enfermedad sin tener que pasar por caja.

Aquel decreto de 2012, refrendado ahora por el Constitucional, fue en efecto una canallada para los inmigrantes en situación irregular, ya que ni siquiera se han respetado las excepciones que se contemplaban para casos de urgencia, menores, mujeres embarazadas, víctimas de trata y solicitantes de asilo. Aquello de que “los inmigrantes ilegales no tienen derecho pero se les atiende” que proclamaba la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, es sencillamente una falacia, como lo es que su afluencia a las urgencias hospitalarias colapsen estos servicios.

Para negarles el derecho se extendió otra falsedad aún mayor: no contribuyen al sostenimiento del sistema y, por lo tanto, no pueden beneficiarse de los mismos servicios que quienes sí lo hacen. Conscientemente, se oculta que la Sanidad en España se financia con impuestos y toda persona, con independencia de su origen o situación administrativa, los paga. A los inmigrantes no se les exime del IVA o de los impuestos especiales con los que se grava la gasolina o el tabaco, por poner algún ejemplo. Fiscalmente, los inmigrantes aportan más de lo que reciben. Lo confirman sesudos informes de los servicios de estudio de la banca y hasta la propia OCDE, que estimaba en más de 5.000 millones la diferencia entre sus aportaciones vía impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social -en el caso de aquellos que tienen regularizada su estancia en España- y el gasto en servicios públicos, pensiones y beneficios sociales que recibían.

Ello no ha impedido que a los inmigrantes se les haya seguido tratando como basura o, en el mejor de los casos, como una mercancía de la que uno puede deshacerse o dejar de lado cuando las cartas vienen mal dadas. No han sido culpables de la crisis y sí responsables de la prosperidad, hasta el punto de que cabe atribuirles un tercio del crecimiento económico de los años de vino y rosas y un papel esencial en la masiva incorporación al mercado de trabajo de las mujeres, que hasta su llegada monopolizaban forzosamente la realización de tareas domésticas y el cuidado de niños y ancianos. Como se ha explicado aquí en alguna ocasión, en contraste con la alta tasa de actividad del colectivo, sólo un 1% percibía pensiones, por lo que si de algo son culpables es de retrasar el déficit de la Seguridad Social que padecemos.

Ahora que se nos alerta de que en 2050 seremos tras Japón el país más envejecido, que tendremos 76 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar y que sólo una inesperada explosión de la natalidad puede impedir la inevitable quiebra del Estado del Bienestar, la única partida que se ha incrementado en relación a los inmigrantes ha sido la destinada a adquirir concertinas para las fronteras, mientras nuestros gobernantes se felicitan de que muchos de ellos, golpeados por la crisis, se hayan visto obligados a retornar a sus países de origen.

Negarles la asistencia sanitaria en vez de regularizar su situación es una indecencia, pero no sólo eso; es el reflejo de la miopía de quienes han interiorizado tanto el maldito Santiago y cierra España que pueden pasar a la historia por acabar al mismo tiempo y de una tacada con el paro y con las pensiones. Un país en el que la humanidad es inconstitucional tiene algo más que un problema.