Hay cansancio fuera de Catalunya de oír hablar del conflicto con el Estado español.

'Siempre el mismo rollo victimista', 'qué cansinos ...'. ¿Quién no ha oído expresiones como estas en boca de personas de cualquier talante, no necesariamente conservadoras?

Y hay quien además de cansancio manifiesta rechazo. Un rechazo estridente. Gente, sobre todo, de la España pequeña, ésta que ya se indignaba hace 25 años porque se había conseguido que el catalán fuera lengua oficial de los juegos olímpicos de Barcelona o que se manifiesta incapaz de entender la necesidad de la inmersión lingüística .

"Que se vayan ya y dejen de dar la lata", era hasta hace poco otro lugar común en el 'argumentario' de gente más exaltada. Ahora ya casi nadie se expresa en estos términos, pero las muestras de aburrimiento y de desprecio son constantes.

Aún así los diarios de alcance estatal hablan cotidianamente del tema. No hay portada que no dedique un espacio cada día a interpretar los últimos movimientos de los actores políticos catalanes y / o españoles en relación a Catalunya. Y en las tertulias televisivas y radiofónicas abundan los "analistas", que tienen 'muchos amigos catalanes' o que han visitado en algún momento Catalunya, y explican constantemente cuál es el sentimiento mayoritario entre la ciudadanía catalana.

Resulta inquietante pensar la frecuencia con la que hablarían de Catalunya estas mismas personas si no estuvieran tan cansadas del tema.

En Catalunya también hay cansancio, del "procés sobiranista". ¿Cuanto tiempo hace que se empezó a hablar del 'processisme' y de las ganas que tenemos todos de que esto acabe de una vez?

La sociedad no aguanta más y el soberanismo se desinfla, se dice con cierta frecuencia en la pequeña Barcelona, la de los 'expertos' que se esfuerzan en observar a distancia y de manera 'objetiva' las manifestaciones populares.

Los análisis de las audiencias de televisión, sin embargo, señalan que en Catalunya el número de espectadores sube cuando se informa o se comenta algo que tenga que ver con la organización del referéndum, o sobre la acción de la Estado para impedirlo, y lamentablemente baja cuando se da paso a otros aspectos de la actualidad.

El minuto a minuto de las audiencias es fastidioso. Se empeña a menudo en llevar la contraria a quien se siente con la capacidad de interpretar lo que interesa o deja de interesar a la gente.

Pendientes de la Diada

El próximo 11 de septiembre tendremos de nuevo la medida de lo cansada que está la parte de la ciudadanía catalana que se moviliza masivamente y de manera impensable en cualquier otro país de Europa desde el año 2010. Antes de la Diada sin embargo, unos días antes previsiblemente, se producirán nuevos y más graves episodios de tensión entre quien reivindica para Catalunya la condición de sujeto político soberano y quien desde el Estado pretende sofocar el soberanismo hasta su capitulación.

El Gobierno volverá a manifestar seguramente la disposición al diálogo que reclaman algunos partidos y agentes económicos, pero no sólo no pone sobre la mesa ninguna agenda para negociar sino que se esfuerza más y más en vaciar de contenido las herramientas catalanas de autogobierno.

Casi cada día tenemos una muestra. La última ha sido la de este lunes: la decisión unánime del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la reforma aprobada por el Parlament de Catalunya sobre su propio reglamento. Una decisión acompañada de las correspondientes advertencias a los miembros de la Mesa de la cámara legislativa catalana, ya de sobra amenazados por un aparato judicial de dudosa imparcialidad.

El Constitucional se ha pronunciado pocas horas después de que los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP, que cuentan con mayoría absoluta en la cámara, registraran el proyecto de ley del Referéndum de Autodeterminación.

La reforma del reglamento no contempla otra cosa que un procedimiento para agilizar el trámite de determinadas leyes, como el que se utiliza a veces en las Cortes españolas y en muchos otros parlamentos, pero el Tribunal Constitucional, consciente de que en Catalunya se pretende aprobar en breve la ley del Referéndum, ha decidido actuar por vía de urgencia, una vez más a instancias del gobierno español, para intentar impedir como sea -la coherencia y las formas hace tiempo que no importan- la convocatoria de la consulta.

Llamada a las urnas y medidas de fuerza

Lo que pasa sin embargo es que el operativo para el llamamiento a las urnas del 1 de octubre se encuentra ya en marcha a pleno rendimiento y todo apunta a que se quiere pasar por encima de lo que pueda decir el gobierno español o el Tribunal Constitucional. A estas alturas parece que quien quisiera detener esta convocatoria sólo podría hacerlo con medidas de fuerza.

Esperemos que no las utilicen, pero sólo en esta clave, la de la fuerza, se pueden entender las visitas de la Guardia Civil a las sedes del Parlament y de la Generalitat, así como los interrogatorios a determinados cargos y empleados del Govern, sin que se conozca ninguna orden del poder judicial.

Las direcciones de los partidos independentistas, de izquierdas y de derechas, han reunido y reunirán a sus alcaldes y concejales. Lo hacen para disipar dudas sobre la voluntad del gobierno de la Generalitat de ir hasta el final del proceso soberanista.

Dudas e incomodidades

Hasta hace poco, en instancias municipales y comarcales de mayoría claramente independentista había quien, más o menos en privado, manifestaba su incomodidad por el papel asignado a los ayuntamientos en la organización del referéndum. Las presiones y "amenazas" que habían recibido por parte de la Administración central, junto a las advertencias formales dirigidas desde el ministerio de la Presidencia a los funcionarios municipales, no sólo inquietaban a muchos alcaldes sino que les hacían pensar que quizás el referéndum no se llegaría a realizar.

Ahora en los mismos círculos la impresión es diferente. Entre ellos todavía hay alcaldes que expresan reservas, algunos de poblaciones importantes, pero a la vista de las explicaciones que han recibido sobre las previsiones en torno a la consulta, están bastante seguros por una parte de que nadie podrá hacer responsables a los consistorios de ninguna infracción, y por otra, de que no se improvisa nada. La estructura prevista de coordinadores como figuras clave para la formación de mesas de votación parece planificada hasta el detalle y, aunque prevén que la tensión irá en aumento en los próximos días, piensan que podrán contar con equipos de personas, con nombres y apellidos, que recibirán el encargo y la formación necesaria para hacer posible el ejercicio del derecho a voto en cada población, en cada barrio y en cada demarcación.

Como curiosidades importantes de orden logístico fuentes informadas sobre las particularidades del proceso señalan que se articularán medidas para evitar ataques contra el sistema informático, entre ellas la de no utilizar ordenadores para el control de listas en cada mesa; que el voto por correo no existirá, aunque se pongan medios para que los residentes en el extranjero puedan votar, y que los resultados en soporte papel se trasladarán a lugares que les serán comunicados próximamente a los agentes electorales.

Es evidente que los partidos contrarios a la consulta aconsejarán a la población que se abstenga de votar. Es lo que ya están haciendo en la práctica, con la inestimable ayuda del Tribunal Constitucional, pero queda por ver hasta qué punto será una 'abstención activa' y de qué manera piensan aprovechar los 15 días de campaña electoral.

Algo quieren hacer también para el once de septiembre, aunque ya saben que para ellos la Diada no es una buena jornada para comparar musculaturas.

La principal incógnita se encuentra sin embargo en la actitud que finalmente adopten los partidos y colectivos de la izquierda catalana y española, que no mantienen una posición homogénea.

En este espacio conviven desde siempre indudables defensores de la soberanía de Catalunya con actores políticos que piensan que detrás de la cuestión nacional lo que está por encima de todo son los intereses de una clase que intenta mantener sus privilegios y conservar a cualquier precio el control del aparato de la Generalitat.

Es una polémica muy antigua la que tiene que ver con las relaciones entre las luchas de liberación nacional y las de emancipación de la clase trabajadora, sobre la que se han escrito montones de manifiestos y libros enteros desde principios del siglo pasado. Textos pensados y redactados por personalidades del movimiento obrero que varios dirigentes han rescatado recientemente de un cierto olvido en sus charlas y mítines.

La izquierda silenciosa

Parecía que la izquierda no independentista, hipotéticamente soberanista, tenía bastante resuelto este debate en torno a la dialéctica y la complementariedad entre reivindicaciones nacionales y sociales, y que podía jugar un papel líder en un este momento crucial, pero quizás no. Lo que mantienen de momento sus representantes es un inestable equilibrio entre facciones. que les obliga a guardar silencio sobre hechos excepcionales en un momento excepcional. Un silencio desconcertante ante la agresión abierta del Estado contra derechos elementales y más en concreto, contra las libertades políticas en Catalunya.

Parecía incluso que en algún momento habían convencido a otras fuerzas de la izquierda española del beneficio que representaría para todos y para la propia democracia el reconocimiento del derecho a decidir de Galicia, Euskadi, Catalunya, Andalucía y la ruptura consecuente de el Estado de las autonomías, pero todo apunta a que pretenden dejar lo más concreto y urgente de la orden del día para más adelante.

En lo inmediato cuesta entender a quien no ve que un fracaso de la Catalunya realmente movilizada en favor del referéndum sería malo para todos los demócratas, independientemente de su lugar de residencia y de la nación que reivindiquen.

El régimen heredado de la Transición puede estabilizarse de nuevo. Esta es la "normalidad" que desea en voz alta Mariano Rajoy, aunque el bipartidismo siga haciendo aguas.

La crisis económica y social que padecemos se manifiesta cada vez más como la del propio sistema y en España por fortuna quien ha generado esperanzas en la posibilidad de un futuro más confortable no ha sido la derecha populista.

Dos oportunidades simultáneas para la ruptura

Podemos y las confluencias a su alrededor por una parte y la rebelión catalana por otra se presentaban hasta hace poco como los dos puntos por donde se podía romper el régimen bipartidista y corrupto que nació en 1978. Seguramente aún están ahí. Por eso el Estado no se arrepiente de haber utilizado torpemente su maquinaria contra dirigentes de uno y otro exponente político.

Parece no obstante que en estos momentos se han producido variaciones en el campo que muchos reivindicaban como el de la nueva política. Se ha generado de nuevo la ilusión de poder echar al PP del gobierno del Estado, y esto exigiría acuerdos entre fuerzas de ámbito estatal para las que Catalunya hace falta y al mismo tiempo estorba.

La nueva política habría envejecido un poco y prematuramente. Eso explicaría paradójicamente que en los últimos tiempos dirigentes de izquierdas catalanes y no catalanes hayan dejado de hablar de procesos constituyentes no subordinados y de recordar lo que decían ya hace muchos años personajes como Andreu Nin y Salvador Seguí sobre la república catalana. Algunos parecen a veces incluso interesados en intentar desmovilizar otra vez, como hicieron en la Transición, a la ciudadanía dispuesta a pasar por encima de los aparatos.

Parece extraño que no cierren filas con el conjunto del soberanismo, porque a estas alturas es evidente que el gobierno del PP persigue la derrota de un movimiento popular de dimensiones extraordinarias que demuestra regularmente, desde hace ocho años, su voluntad de ruptura.

El cansancio de la población catalana seguramente no existe como muchos imaginan o desean y, si nadie comete un tremendo disparate, la gente normal, la de la calle, demostrará que el referéndum ya no se puede detener. Lo veremos pronto.