Fernando Luengo

Economista, miembro del círculo de Chamberí de Podemoshttps://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

Bajar los impuestos, condición sine qua non para que una economía funcione eficientemente. Este ha sido un axioma central de los denominados “economista de la oferta” y de los partidos de derecha. Durante muchos, demasiados, años la socialdemocracia, en España y en Europa, han asumido este postulado.

La reducción de la carga fiscal tenía que dirigirse, muy especialmente, a los grupos sociales con mayor capacidad de ahorro; a los ricos, en definitiva. Al tener que pagar menos impuestos, habría más recursos para financiar las inversiones productivas. Más inversión, más empleo, salarios más elevados, mayor competitividad, más riqueza con la que nutrir las arcas públicas, más crecimiento...¡bla, bla, bla!

En efecto, los segmentos más privilegiados de la sociedad, desde hace más de cuatro décadas pagan mucho menos a la hacienda pública. Pero ¿acaso se ha traducido eso en un aumento de la inversión productiva? En absoluto. Las grandes fortunas y los grandes patrimonios han encontrado destinos más interesantes y lucrativos en los mercados financieros, donde podían obtener beneficios más elevados y, además, dada la opacidad de esos mercados, pagaban menos impuestos

Este comportamiento no debe sorprender a nadie, ¡salvo a los que atribuyen virtudes intrínsecas a los propietarios del capital! Simplemente, las señales del mercado -beneficios extraordinarios en el casino y discretos resultados en la inversión productiva- propician esa asignación de recursos. La racionalidad capitalista, en definitiva.

Más allá de la grandilocuente y tramposa retórica de “menos impuestos para todos”, la menor carga fiscal soportada por los ricos y por las grandes corporaciones se trasladó a los trabajadores y a las empresas de mediano y pequeño tamaño. Alguien tenía que pagar los gastos asociados a las políticas públicas, sociales y productivas; y alguien tenía que hacerse cargo de cubrir los recursos que, a través de diferentes mecanismos, se dirigían a los privilegiados.

De este modo, con gobiernos conservadores y socialdemócratas, la estructura tributaria de la mayor parte de los países europeos se ha tornado más regresiva, pagan más los que menos tienen. Y los años de crisis -a pesar de que en el origen de la misma se encuentra la oligarquía financiera, esa que ha disfrutado de unas inmerecidas vacaciones fiscales- han acentuado esta tendencia.

Por todo ello, es muy relevante poner en el centro de la agenda política la contribución fiscal de los de arriba. Hay que mejorar la eficacia recaudatoria, combatir el fraude y la elusión fiscal, penalizar a las corporaciones y empresas transnacionales que, a través de la ingeniería contable, no pagan impuestos, eliminar deducciones y exenciones que benefician, sobre todo, a las grandes empresas, prohibir las sociedades de inversión de capital variable y dotar de mayor progresividad fiscal a nuestro sistema tributario (más tramos y tipos más elevados).

Hay que avanzar en esta dirección, porque, a diferencia de lo sostenido por el discurso convencional, el mantenimiento de esos privilegios es un cáncer para la economía, la desigualdad extrema que reflejan provoca ineficiencia y constituye un pesado lastre para superar la crisis. Y porque hay que trasladar a la ciudadanía un mensaje de decencia.

Importa, y mucho, que el debate sobre los impuestos no quede confinado a los expertos, ni a las comisiones técnicas de los partidos. El asunto tiene una enorme relevancia. Hay necesidades, hay urgencia, hay recursos...¿hay voluntad política para movilizarlos?