Carta abierta a la ministra de Trabajo

Estimada señora: Le escribo para manifestarle, con todo respeto, la sorpresa que me ha producido conocer la autorización de la Dirección General de su Ministerio para inscribir un llamado sindicato de “trabajadoras del sexo”, eufemismo con el que eluden mencionar a las mujeres prostituidas.

Me satisface que usted haya declarado que no había dado semejante permiso y que le “habían colado un gol por la escuadra”. Espero que en breve la Abogacía del Estado hallará los mecanismos jurídicos pertinentes para revertir la inscripción de tal sindicato, que supone legalizar el crimen organizado para la esclavitud y explotación sexual de las mujeres.

Pero yo espero que esa Dirección General primero se plantee las cuestiones que competen a un sindicato. Esas trabajadoras, y trabajadores, puesto que también existen hombres prostituidos, se organizarán para enfrentarse a la patronal, como es la razón de ser de un sindicato. Y quien es el empresario de la prostituida­. El cliente que ha establecido una relación comercial con la prostituta no puede ser interpelado como la patronal, en todo caso será una de las dos partes de la contratación en condiciones de igualdad, como dispone la legislación civil y la mercantil, y las reclamaciones deberán solventarse por la vía civil, excluida la laboral.

Será entonces el proxeneta la “patronal”, que es el que realmente “emplea” a la mujer. Pero esa figura está considerada un delito en nuestro Código Penal. El artículo 188 de ese ordenamiento jurídico específica que será encausado y perseguido todo aquel que se beneficie de la prostitución de otra persona, “aún con su consentimiento”. En consecuencia, para proceder a la legalización del sindicato primero tendremos que modificar el Código Penal.

Segunda cuestión, a través de una retórica que recuerda a la de la Iglesia cuando recurre a excitar las emociones y los sentimientos caritativos para defender una postura reaccionaria, una asociación que dice defender los derechos humanos, y otra más antigua que se hace llamar Hetaira, nos describen los sufrimientos de las mujeres prostituidas, las necesidades que todavía tienen que cubrir y la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social para ir haciendo una hucha que les permita cobrar una jubilación en el futuro. Pero tales argumentos son una falacia.

Porque, como deberían saber, toda persona puede darse de alta en la seguridad social en la profesión que quiera. Solo basta que lo declare y pague las cuotas. Aquellas mujeres tan seguras de que lo que quieren es ser prostitutas cotizantes que lo hagan en los apartados que mejor les parezcan, masajistas, perfumeras, peluqueras, limpiadoras o secretarias. Como autónomas no necesitan ningún permiso, y pueden incluso eludir la calificación infamante de prostituta.

Las ayudas sociales que precisan las víctimas de esa situación están demandadas hace más de un siglo tanto por el Movimiento Feminista como por las asociaciones de ayuda a las mujeres prostituidas. No necesitábamos que vinieran las Hetairas a recordarnos los sufrimientos de las víctimas de esa explotación, ni mucho menos que pretendieran que la solución fuera legalizar el maltrato y la violación. Desde 1905 en que se celebró la primera Convención contra la Trata de Blancas, el feminismo de verdad, no esa versión espúrea de las Hetairas que montan escuelas de prostitución, está luchando por liberar a las mujeres de la más antigua práctica del Patriarcado que consiste en que los hombres accedan al cuerpo de las mujeres para su placer propio, por una paga normalmente muy módica.

En Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, donde se ha abolido la prostitución, las ayudas sociales se aplican como política imprescindible de inserción de las mujeres en diversas ramas del trabajo. En Francia, donde se acaba de prohibir, se presupuestan las necesidades de ese colectivo para erradicarla.

Aquí he enumerado solo algunas de las cuestiones prácticas que hay que plantearse ante esa insólita inscripción de un sindicato de “trabajadoras del sexo”. Y he dejado para el final uno de los valores más importantes por los que lucha la izquierda desde hace siglos, la dignidad. Que se hace realidad en el reconocimiento de la igualdad de todos los seres humanos. Fundamental para llevar a cabo los ideales de la Revolución Francesa y de las revoluciones socialistas. Nadie puede comprar o alquilar el cuerpo de otra persona, nadie puede disponer a su antojo de la capacidad sexual de otra persona, porque la sexualidad forma parte de la pulsión más profunda de un ser humano. Ninguna otra relación tiene la complejidad y comunicación entre personas que la función sexual.

Nunca se realiza un trabajo con la implicación de todo el cuerpo, la pulsión del placer y las consecuencias psicológicas que implican. Y eso lo sabe todo el mundo. Ningún trabajador considerará que es la misma explotación apretar tornillos o ensamblar ladrillos que dejarse violar por el capataz. Ninguna familia deseará para sus hijas que se conviertan en prostitutas. Ninguna de esas esforzadas defensoras de “las trabajadoras del sexo” se dedican a ello ni lo tienen como perspectiva en el futuro, ni se imaginan que pudieran hacerlo su madre, sus hijas o sus hermanas. Porque se trata de mantener claramente la división entre las que pueden ser prostituidas y las que no. Que todavía hay clases.

Y hablemos de la cuestión que utilizan tan perversamente los defensores de la legalización, la supuesta libertad de contratación de la mujer prostituida para dedicarse a semejante “profesión”. Como también todo el mundo sabe el 99% de las víctimas no son libres de escoger, porque no hay mayor coacción que la miseria. Quizá los mensajes machistas de las obras literarias y fílmicas de prostituidores y pornógrafos que se han complacido en defender tal práctica, hayan sido la inspiración de esos “defensores” de la prostitución. Pero ni “Belle de Jour” corresponde a una realidad ni de esos casos existen más de diez. Y para complacer a semejantes personas no hace falta legislar ni sindicarse.

Y que algunas víctimas se pronuncien por legalizarse y sindicarse tampoco legitima su petición. Muchas víctimas de violencia machista perdonan al agresor y no por ello eliminamos el delito. Algunos esclavos querían que el amo los mantuviera en su estatus para que les protegiera, y no por ello legalizamos la esclavitud. Si se permitiera, muchas personas desesperadas por su situación económica venderían “voluntariamente” sus órganos, o a sus hijos y mujeres, como desde hace siglos. Y no por ello lo vamos a consentir. Porque las legislaciones modernas han llegado a establecer las barreras que los seres humanos no pueden traspasar, aún con su consentimiento, precisamente para que los poderosos no arguyan esa supuesta libertad para quedar impunes de sus crímenes.

Lo peor que le puede pasar a la izquierda es que pierda sus principios más acendrados, aquellos por los que han luchado y entregado su vida durante varios siglos las personas más sacrificadas. En los que además de la libertad, la igualdad y la fraternidad se encuentra la defensa de la dignidad humana. Si renunciamos a ella y todo está en venta, el cuerpo, la pulsión sexual, la capacidad reproductora, nada nos separa no ya de explotadores económicos de toda laya, sino de los tiempos de señores feudales en que disponían del destino de sus siervos.

Esta polémica que han creado las mafias de proxenetas para ser todavía más impunes en la explotación sexual de mujeres, y jóvenes y niñas y niños, que todo va en el paquete, es la operación más perversa y dañina de todas las que organiza el capital, porque mediante los falsos argumentos que utiliza y la manipulación del sentimiento de compasión está convenciendo a ciertos sectores populares desinformados de que hay que ayudar a las mujeres prostituidas dándoles la oportunidad de sindicarse y pagar la seguridad social.

Y al parecer hasta a la Dirección General de Trabajo de nuestro Ministerio.