En un homenaje póstumo a Rajoy y a su apoteósico “es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”, el PP ha vuelto a proponer una reforma de la ley electoral para que la lista más votada sea la que gobierne en los ayuntamientos. Se trata de la demostración más evidente de ese partido sin complejos que prometía Casado. Y es que hay que echarle valor para pedir que en los municipios gobierne quien gane después de pasarse por el forro esta máxima en sus primarias.

Para que la propuesta no resultara escandalosa, los ingenieros del PP han elaborado una alambicada fórmula, según la cual se otorgaría la mayoría absoluta a la candidatura que obtenga el 35% de los votos siempre que aventaje a la siguiente en cinco puntos. Si la distancia fuera de diez puntos, bastaría con que el ganador consiguiera el 30% para disponer de la mitad más uno de los concejales. De no ser así, las listas con al menos un 15% de votos pasarían a una segunda vuelta sin posibilidad de coaliciones, en la que se precisaría que el ganador logrará el 40% o una diferencia de siete puntos respecto al segundo. Y si no se dieran esas circunstancias, que todo podría pasar, se volvería a los resultados de la primera vuelta para adjudicar la alcaldía.

¿Que por qué es necesario tanta complicación cuando bastaría con dar la mayoría a la fuerza más votada? Pues para lavar la cara a su flamante líder y evitar que Sáenz de Santamaría le saque los colores. La exvicepresidenta obtuvo en las primarias un 37% de los votos, tres puntos menos que Casado. Si la distancia hubiera sido de más de cinco, la propuesta del PP para los ayuntamientos habría modificado los porcentajes en la proporción necesaria para evitar el ridículo.

En sus explicaciones para justificar una reforma que ya propuso Ciudadanos en febrero, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, no escatimó simplezas. Se trataría de conseguir que gobiernen los alcaldes que los ciudadanos quieren, aunque la exministra olvidó plantear la cuestión por pasiva. Para entendernos: si el 35% del electorado vota a una persona para dirigir el Ayuntamiento, ¿no habría que deducir que el 65% restante no quiere que lo haga?

Tanta insistencia en modificar en este apartado la ley electoral sólo se justifica en los resultados del PP en las municipales de 2015, en las que el PP, aun manteniendo cerca de 3.000 alcaldías, perdió 15 de los 34 ayuntamientos de capitales de provincia que había ocupado en 2011, singularmente los de Madrid, Sevilla o Valencia. Y la herida debió de ser profunda porque los populares siguen respirando por ella.

En realidad, las supuestas maniobras “oscuras” en los despachos para apartar del poder a los preferidos de la ciudadanía son una parte esencial del juego democrático y representan la excepción en el mapa municipal. De los más de 8.000 municipios que hay en España, menos de 800 están regidos por un alcalde que no fue el más votado. Y de estos casos, más del 10% de quienes empuñan el bastón de mando son del PP, por eso de que una cosa es predicar y otra dar trigo.

Lo que sí es antidemocrático es pretender que algunos votos valgan menos, algo que ocurriría si por el artículo 33 se otorga la mayoría absoluta a quien sólo ha cosechado un 30 o un 35% de los apoyos, como pretende el PP. Gobernar no es disponer de la mayoría necesaria para hacer lo que a uno le venga en gana, sino entenderse con los otros, pactar y llegar a acuerdos. Esa es la asignatura que los populares han de aprobar y se les resiste.