Caso Vic: el sobrante humano

ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

En las crisis económicas, al mercado le sobran trabajadores legales; a la democracia ciudadanos activos; y a los estados población dependiente. Los partidos se afanan en rebañar electores y los gobiernos en recortar derechos. Se trata de un

comportamiento racional y defensivo con consecuencias serias para el orden social, es decir, para la legalidad. Ahí tenemos que situar el caso de Vic y su proclama de clandestinizar a los inmigrantes irregulares.

La propuesta del gobierno municipal de no empadronar a los inmigrantes “sin visado” quizás sea un acierto electoral al precio de minar la convivencia. Entraña una colisión entre el oportunismo político y la construcción de la ciudadanía. En el fondo, esta iniciativa desborda la política de inmigración y conlleva un ataque al estado y a la sustancia social de la democracia. De ahí la importancia de no reducir su análisis a la cuestión inmigrante y al ámbito local.

La propuesta refleja la debilidad de la identidad cívica en la democracia española y las tensiones que estamos viviendo en el Estado de las autonomías. Por un lado, resume la poca influencia que hemos sido capaces de ejercer los ciudadanos en las políticas para salir de la crisis y, por el otro costado, abona la idea de que el voto autoriza a que cada gobierno haga de su capa un sayo y trace los límites de la ley en su territorio. Se sustituye la democracia institucionalizada por la “delegada”.

En el ámbito inmigratorio, el precedente de esta propuesta fue la ideología del inmigrante como trabajador excedente que, con la crisis, debía retornar a su país. Lo cierto es que no hubo retorno masivo sino aumento del desempleo y de la irregularidad y ahora lo que sobran son usuarios de los servicios públicos.

La iniciativa de Vic ha madurado en un contexto de aumento de la vulnerabilidad social que el racismo ha vampirizado electoralmente. Existe la idea de que los inmigrantes están sobreprotegidos. El anterior alcalde de Vic reaccionó ante esta percepción dispersando a los alumnos por los colegios públicos, pero la medida ha resultado insuficiente para fomentar el contacto intercultural y detener la fuga hacia la enseñanza privada. La solución que ahora ofrece el gobierno municipal es clandestinizar a los inmigrantes y a sus hijos.

La medida, de ponerse en práctica, aumentará de inmediato la pobreza de los inmigrantes y su exclusión del espacio público. El proceso de integración legal de los extracomunitarios empieza por los empadronados en situación irregular, prosigue con los residentes iniciales que pueden renovar sus permisos o recaer en la irregularidad y culmina con la obtención del permiso permanente. Al impedir el empadronamiento se dinamita el puente que permite acceder a la legalidad mediante el arraigo social o la regularización colectiva. Reconozcamos que, en medio del vendaval, es difícil que los actores políticos amplíen su horizonte temporal, pero si el consistorio no ofrece otra alternativa, debiera hacerse cargo de los costes de expulsarlos al país de origen para que su iniciativa no repercuta en los municipios vecinos.