Por extrapolación, si se acepta que un 77% de la población profesa la fe católica, sea o no practicante (CIS, 2007), habrá que convenir grosso modo que porcentajes similares de creyentes han de darse a la hora de analizar cualquier conducta o característica de los españoles. Es decir, que si 12 millones de personas se van de puente, es previsible que una amplia mayoría está bautizada, y que si existen nueve millones de calvos, más de cinco creerán en Dios. Cabe suponer, por tanto, que un porcentaje significativo de las más de 100.000 mujeres que abortan al año corresponde a católicas, apostólicas y romanas.

El asunto tiene su importancia, al menos para la Iglesia, ya que sería ilógico que la Curia negara la comunión los domingos al pobre Bono y a los diputados creyentes que votarán a favor de la nueva ley del aborto, y la dispensara a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo. De hecho, el canon 1398 del Derecho Canónico así lo establece: “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae”. En consecuencia, miles de católicas deberían ser excomulgadas anualmente.

Ahora bien, ¿es voluntad de la Iglesia Católica separar tanta cizaña del trigo? Evidentemente, no, de ahí que otro canon, el 1323, prevea excluir de esta sanción, entre otros, a las menores de 16 años, a los locos y locas, y a los que no conocen el canon 1398, de manera que, al contrario de lo que sucede con las leyes civiles, las eclesiásticas eximen de su cumplimiento a quienes las ignoran. De lo anterior, se desprende que la Iglesia es consciente de que buena parte de las afectadas por la legislación del aborto son católicas y, además, no saben de cánones, lo que permite mantenerlas en el club y evitar una brusca caída en el número de socios.

La norma que el PSOE ha consensuado con la izquierda y con el católico PNV es una buena ley. No criminaliza a la mujer e institucionaliza la educación sexual y la financiación pública de los anticonceptivos. Obliga a informar a los padres de las embarazadas de 16 y 17 años y regula la objeción de conciencia de los médicos. La mayoría de quienes se acogerán a ella serán católicas. Para su Iglesia será un grave falta –disculpable como se ha visto-, aunque el peor pecado hubiera sido dejar que los 115.812 abortos de 2008 siguieran aumentando sin hacer nada.