Llama la atención que cuando la Constitución de 1978 esta siendo recortada, y lo va a ser muchísimo más dado el actual proceso involucionista, los poderes institucionales convoquen a celebrar su cuadragésimo aniversario. De nuevo, como en cada 6 de diciembre desde hace unos cuarenta años, asistimos al despliegue publicitario de la II Restauración de los Borbones. Ese tout va bien, madame la marquise, resonará hoy en los salones de los dos palacios en los que una clase política, encantada de haberse conocido en estos tiempos tan felices para los padres de la Patria, se felicitará mutuamente por este aniversario. Pero ni España, ni la Constitución, bien lo saben, están para fiestas.

Andalucía acaba de darles unos de los peores regalos políticos posibles. Cuarenta años después de la transición, emerge con mucha fuerza un populismo de derechas que preconiza abiertamente el pronto retorno a aquella etapa preconstitucional. Sin embargo, dos asistentes al sarao institucional de hoy, Pablo Casado y Albert Rivera, se aprestan a pactar rápido la formación del gobierno andaluz de la mano de quien propone un puntapié a la carta magna, Santiago Abascal. Los restantes invitados políticos, perjudicados por este probable acuerdo, se limitan a denunciar a VOX sin denunciar la política que lo ha hecho posible ni, por supuesto, los políticos que la han aplicado que son ellos mismos.

Cataluña, para que no decaiga la fiesta, pone en huelga de hambre cuatro presos políticos o políticos presos, como casi siempre suelen matizar algunos exquisitos. Ni que decir tiene, bien es sabido desde el otoño caliente catalán de 2017, que asimismo no están por la labor constitucional si no se reconoce el derecho a decidir que los andaluces, entre otros, acaban de rechazar negando el voto, bien por activa o por pasiva, a toda la izquierda andaluza. El bastante ambiguo título octavo de la Constitución, redactado bajo la atenta mirada de lo que entonces se llamaba poder fáctico armado, ha derivado en ese auténtico rompecabezas que es hoy la España de las Autonomías. Título octavo que se complementa con el artículo octavo que fija como tarea de las FFAA la integridad territorial.

Aprovechando que a río revuelto, ganancia de pescadores, Casado y Rivera intentan extender el aislamiento de VOX que no practican, sino todo lo contrario, a los partidos nacionalistas, con el argumento de que como el populismo de derecha no aceptan la Constitución de 1978. Así dos de aquellos partidos que redactaron la Constitución, de la mano de Miguel Roca y Xavier Arzallus, son ya incluso situados fuera de lo que se entiende hoy como partidos constitucionalistas por el Partido Popular y Ciudadanos. Una maniobra claramente destinada a impedir que la izquierda pueda contar con aliados parlamentarios ajenos a la propia derecha. Si hubiera sido así, ni en 1931, ni en 1936, ni en 1977, ni tampoco en los sucesivos gobiernos de Felipe González, Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez habrían ocupado la Moncloa.

El impúdico fru-fru de las togas, en torno a la Causa General contra el soberanismo catalán, junto con el can-can del Tribunal Supremo sobre la Banca, animan aún más el cotarro institucional para que no decaiga el cumpleaños feliz de la Constitución. Ni Ramón del Valle Inclán hubiese imaginado un esperpento mejor que el protagonizado hace bien poco por no pocos togados en el Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. A la juerga se suman Pablo Casado y Albert Rivera al proponer la derogación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que lo supedita a la soberanía parlamentaria. El wasap de Cosidó certifica la defunción de la separación de poderes y retrotrae toda la Justicia a los cuarenta años de la España cañí.

A este ritmo, de la Constitución de 1978 no van a quedar ni las raspas. Finalmente, el viaje iniciado hace cuarenta años está siendo de ida y vuelta hacia aquellos tiempos preconstitucionales donde ni las instituciones, ciudadanos o partidos podían escapar al control de la oligarquía. Conviene recordar la advertencia que hacía el socialista Luis Gómez Llorente, durante el debate del proyecto constitucional, sobre la urgente necesidad de evitar caer en la mala tentación de mantener artificialmente un aparato político sin otro fin en todo su tinglado que marginar por completo la voluntad auténtica de los pueblos de España y la postergación desesperanzada de las clases oprimidas. Porque como gustaba decir a Ferdinand Lassalle, los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de Derecho sino de poder y éste sí que no ha cambiado de manos. ¿Qué celebran, pues, los adictos al sarao constitucional ?