Las cartas en las que ETA anuncia a los empresarios que “la exigencia” del llamado impuesto revolucionario “queda cancelada” no suponen el fin definitivo del terrorismo ni tampoco un compromiso de renuncia total a la violencia. Establecida tal obviedad, conviene poner en valor la trascendencia del nuevo paso dado por la banda. Nunca hasta ahora había hecho explícita la renuncia a un chantaje que ha condicionado durante muchos años la vida de miles de ciudadanos y que ha servido para financiar la actividad terrorista.

El pasado 10 de enero, ETA calificó su alto el fuego como “permanente y de carácter general”. Los expertos en la lucha antiterrorista, y también los dirigentes de la izquierda abertzale, entendieron que esa tregua incluía el fin de la extorsión (de hecho, no se conoce ninguna misiva de chantaje desde finales de octubre). Las dudas sobre esa interpretación existían porque otras treguas no habían frenado la actividad financiera de la banda y porque la credibilidad de ETA sigue siendo cercana a cero.

Las cartas conocidas ayer se interpretan como un nuevo intento de convencer a la sociedad de que la apuesta por el fin del terrorismo es auténtica. Empresarios vascos y navarros destacan el uso por parte de ETA, tanto en euskera como en castellano, del término “cancelada” como un eufemismo bancario para dar por zanjada cualquier “deuda pendiente”. No es el fin de ETA, pero sí un motivo más para la esperanza.