Montserrat Galcerán Huget (@galceran_montse)

concejala del Ayuntamiento por Ahora Madrid

Seis concejales de Ahora Madrid, entre ellos quien esto escribe, se ausentan del Pleno del Ayuntamiento para no participar en la votación del Plan económico financiero (PEF) para 2018. Esa es la noticia del día. Rápidamente se difunden dos argumentos clave en contra de esa posición. La de que la presentación del PEF era inevitable y la de que no hay recortes. Ambos son erróneos.

Decir que no hay alternativa, algo cuanto menos extraño en una formación que avanza al son de “sí se puede”, pretende hacer pasar un pacto de rendición por una necesidad. Había alternativas. Es importante saber que el PEF es un documento que debe presentarse cuando una administración ha vulnerado la “regla de gasto”. Dicha regla viene impuesta por una norma presupuestaria incluida en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se aprobó como consecuencia del cambio del artículo 135 de la Constitución. Eso indica que esa normativa forma parte de las políticas austericidas impuestas tras la crisis de 2008 por la Unión europea, de las que nuestro gobierno es fiel servidor. Pero lo más grave es que no exista una reglamentación explícita sobre dicha regla, de tal modo que su cálculo está sometido a instrucciones discrecionales y arbitrarias de los gobiernos, los cuales pueden enjuagar el déficit de la Administración central del Estado o de las Instituciones afines al partido en el gobierno con las medidas de ajuste impuestas a los entes locales o a aquellos gobernados por la oposición. Ese es nuestro caso: al Ayuntamiento de Madrid se le aplica un cálculo extraordinariamente perjudicial pues estamos hablando de una horquilla de varios cientos de millones de euros.

Algunas seguimos defendiendo que “sí se puede”, que sí hay alternativas frente a este ataque. La primera y más obvia esperar a cerrar el ejercicio 2017 pues en el caso de que el Ayuntamiento no hubiera sobrepasado el techo de gasto, no había necesidad de presentar un PEF y por consiguiente podíamos preparar un presupuesto sin recortes. Se prevé además un remanente de tesorería de más de 1 millón de euros que podría destinarse a inversiones en 2018. Entretanto seguía su curso la iniciativa legislativa para cambiar una normativa que está siendo tan lesiva para las entidades locales. Por el contrario ese documento nos marca las líneas maestras del presupuesto de 2018 que, por necesidad, tendrá que ajustarse a él y tendrá que contemplar recortes.

¿Son o no son recortes? Podemos llamarlos restricciones si queremos, pero eso no altera su naturaleza. La imposición del Ministerio de Hacienda no admite duda, es una enmienda a la totalidad a la política económica municipal desde que entramos en el Gobierno. Montoro entiende que el último año en que nos situamos en la senda del gasto adecuada fue en 2015 cuando en aquella época el gobierno municipal del partido popular había previsto que incumplía la regla de gasto en 94 millones sin recibir por ello ninguna amenaza. La gestión sin corrupción por parte de Ahora Madrid redujo ese incumplimiento a menos de 17 millones.

A partir de ahí propusimos un presupuesto que, con una interpretación no restrictiva de dicha regla, permitía impulsar inversiones y cambios en políticas sociales y culturales que respondían a las necesidades de nuestros conciudadanos. Algunas de estas inversiones ya se han realizado, otras tenían los proyectos preparados para su implementación inmediata cuando la regla de gasto se ha transformado en una artillería letal. No se nos permite realizar las inversiones financieramente sostenibles, que son las que se financian con remanentes de tesorería del año anterior y, al tiempo, se nos obliga a presentar un PEF por el que volvemos a las políticas austericidas de los años anteriores. Si nos atenemos a las cifras que en él se manejan en 2018 estaríamos por debajo de las cifras ejecutadas en 2016, nuestro primer año de gobierno, como se puede ver en el gráfico. La conclusión es clara: hay recortes y muchos, lo que no sabemos todavía es a qué inversiones concretas o a qué partidas van a afectar.

Lo que está en el fondo del ataque es una cuestión política: se trata de hacer imposible una política económica no austericida; se trata de impedir que una entidad como el Ayuntamiento de Madrid, con unos ingresos saneados y sin corrupción pueda gastar los impuestos de sus ciudadanos en mejoras del bienestar con un esfuerzo presupuestario y de gestión que mejore nuestras vidas: escuelas infantiles, mejora de los polideportivos, conservación de las instalaciones públicas, mejoras en las calles, programas de accesibilidad, programas de servicios sociales, actividades culturales, etc. Para ello necesitamos también mejorar la situación de los trabajadores del sector público para que den un servicio de calidad.

Por todo ello no podemos asumir un Plan económico financiero que paraliza desde todos los puntos de vista nuestra acción política en lo que queda de legislatura y supone un triunfo sin parangón para el partido del gobierno. Lo que no consiguió en las urnas el PP lo consigue a través de una interpretación arbitraria de la norma que persigue someter la política económica de Ahora Madrid. No lo vamos a consentir. Sí se puede.