Cristina Cifuentes, que había emergido de la pestilente ciénaga del PP de Madrid con la pureza de un arcángel, parece tener los faldones de su túnica manchados de barro. Así lo sostienen dos informes de la Guardia Civil –dos–, que ella ha intentado acallar con protestas de inocencia y culpando de la revelación a sus enemigos políticos, tal y como prescribe el manual.

Esos informes vinculan a Cifuentes con ciertas adjudicaciones hechas, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, en favor de Arturo Fernández, que pasaba por empresario de éxito hasta que se descubrió que su imperio estaba cimentado sobre la basura escondida bajo las alfombras del Grupo Cantoblanco, de cuyo antiguo brillo ya no queda nada.

Los sabuesos de la Guardia Civil vienen a decir que Cifuentes favoreció reiteradamente a Arturo Fernández al otorgarle el servicio de hostelería del parlamento regional, con el posible deseo de corresponderle por sus donaciones a Fundescam, la fundación que sirvió como tapadera para sufragar los gastos electorales del PP regional que sobrepasaban el máximo permitido por ley.

Todo podría ser una simple conjetura –como sostiene Cifuentes– si no concurriera en el caso una circunstancia que nadie hasta ahora ha puesto en cuestión. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid era entonces la responsable política de la mesa de adjudicaciones de la Asamblea y –miren ustedes por dónde– miembro del patronato de Fundescam.

¿Acaso ignoraba Cifuentes las donaciones que hacía Arturo Fernández, unas veces de su propio pecunio y otras a costa de CEIM, la poderosa patronal madrileña que él presidía? ¿Tampoco sabía nada de lo que se cocía a su alrededor, en línea con la muy acrisolada doctrina de Esperanza Aguirre, que debe de tener la mandíbula descolgada de tanto reír con las cuitas de su victimaria?

Cuando Cifuentes favoreció al benefactor de Fudescam, ¿lo hizo para compensarle por los servicios prestados al partido o, por el contrario, su oferta era realmente la mejor? Y, en todo caso, ¿no debería haberse abstenido de participar en una adjudicación de la que podía derivarse un conflicto de intereses por razón de los dos cargos que ocupaba?

Cifuentes blasona de tener tolerancia cero con la corrupción y no ha tenido empacho en acabar con la vida política –si es que alguna les quedaba– de sus dos predecesores en la Presidencia de la Comunidad. Ahora debe aplicarse el cuento, aunque sea a cambio de quedar como la alguacil alguacilada.

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