Cinco razones por las que Podemos y Ciudadanos no pactarán

Alberto Rosado del Nogal

Doctorando en cc. políticas en la Universidad Complutense de Madrid

@AlbertoRNogal

Echar más maquillaje a la estrategia del PSOE es imposible. Y aunque pudiera soportar más kilos, la única beneficiada seguiría siendo la misma política rancia de siempre. Pedro Sánchez retoma la ya vieja idea de un gran pacto con “las fuerzas del cambio”, denominadas así por él mismo, es decir, Podemos y Ciudadanos. El plan suena atractivo a priori: dos formaciones políticas nuevas, regeneradoras e impulsoras, lideradas por la experiencia del gran partido socialista. Como un lobo viejo y un lobo joven que se encuentran en la montaña solos y saben que se necesitan, el PSOE desea dar sombra a los que irradian creyendo, naifmente, que la nueva política tiene calor.

Asumir que Ciudadanos, tras casi una década de politiqueo y pactos con la extrema derecha en elecciones europeas, es nueva política es una premisa difícilmente justificable, pero métanse a los naranjas en ese saco habida cuenta de que, como fuerza política a nivel estatal, sí son nuevos. Y esa palabra “nuevos” es lo único que une a morados y naranjas, además del deseo incontrolable de Pedro Sánchez de emparejarlos. Lejos del saber científico que dicta que los polos opuestos se atraen, en política las leyes son, más bien, las contrarias: Podemos y Ciudadanos, cuanto menos, son incompatibles. Pero, ¿por qué?

Igualdad y equidad. Libertad negativa y libertad positiva

Se abre un preámbulo para explicar las diferencia de fondo que impiden que Podemos y Ciudadanos lleguen a un pacto tanto pre-censura como post-electoral. El contenido de la diferencia se adhiere más a la filosofía política que a la práctica pero, conviene recordar, que son los principios teóricos de cada partido los que suelen articular sus políticas en la práctica. En los siglos XIX y XX se dio —y continúa hasta nuestros días— una de las grandes discusiones dicotómicas filosófico-políticas protagonizada por dos corrientes llamadas liberalismo clásico —con todos sus matices— y el liberalismo social —con otros tantos—. El comienzo pudo darse con aquellos revolucionarios “levellers” de la Inglaterra del siglo XVII que, efectivamente, fueron revolucionarios por enfrentarse a sistemas monárquico-religiosos que no solo impedían cualquier tipo de justicia social sino, directamente, atacaban la dignidad y libertad básica de cualquier ser humano. Su reclamo fue pedir más libertad en forma de derechos individuales (libertad de creencia, de expresión, política, de propiedad, etc.) y la inacción del Estado en cualquier materia que no fuera asegurar a cada individuo esta serie de derechos. Este tipo de libertad —apodada “negativa” y configurada a través de diversas aportaciones de autores como Locke, Montesquieu, Hume, Paine, Kant, Humboldt, Schmith o Mandeville— provocó una reacción por parte de otros pensadores al presenciar un aumento de la pobreza, analfabetismo, enfermedades y hasta un declive económico a mediados del s. XIX. ¿Cómo era posible que ante la otorgación de tales derechos civiles el bienestar social no fuera mejor? Nació, así, una libertad positiva que no solo pretendía crear las condiciones previas individuales necesarias para poseer ciertos derechos sino que debía asegurar el terreno sociopolítico para ejercerlos. J. Dewey en su libro Liberalismo y acción social incluía en esta libertad la parte social olvidada por la negativa, es decir, ser consciente de las circunstancias que rodean y conectan a cada individuo con una sociedad en constante cambio que opera e influye en la vida de cada uno. En otras palabras y añadiendo el factor “Estado” en ambas libertades: mientras la negativa contemplaba al Estado como un mecanismo de restricción para ejercer derechos, la positiva lo incluye en sus tesis como una condición sine qua non para alcanzarlos. Los individuos, siguiendo a pensadores como T. H. Green o J. Rawls, ya no son tratados como seres completamente atomizados que construyen un ente más grande llamado sociedad sino que la construcción, tanto social como individual, es bidireccional: de la sociedad al individuo, y del individuo a la sociedad.

Para terminar la introducción, aparecen ahora dos palabras cuasi enfrentadas entre sí: igualdad y equidad. Ambas guardan relación con los principios filosófico-políticos descritos anteriormente, a saber: la igualdad sería aquella condición social que permite a cada individuo aspirar a ejercer una serie de derechos mientras que la equidad se encargaría de asegurar las condiciones mínimas para el ejercicio de los mismos. Ejemplificándolo en la España del siglo XXI: la mera igualdad se encargaría de no quitarle el derecho a un estudiante de 22 años a hacer un máster, mientras que la equidad se aseguraría de que, si es su deseo, tenga o no tenga los recursos económicos para afrontarlo, pueda hacerlo mediante un programa de becas. Ser libres —en sentido negativo— no significa que se pueda ejercer esa libertad. De igual manera, tener derechos no siempre significa poder ejercerlos. Cualquier ciudadano tiene derecho de propiedad pero, ¿cuántos, realmente, poseen, por ej., una vivienda? El derecho de propiedad, básico dentro de una democracia consolidad, puede, sin embargo, solo favorecer a ciertos sectores de la población mientras pasa completamente desapercibido por aquellos que no posean nada.

Sería imprudente etiquetar a cualquier partido política actual con las etiquetas ya expuestas a tenor de su heterogeneidad y desestabilidad anacrónica. Aun así, es apropiado hacer esa distinción para encarar las incompatibilidades de fondo que a continuación se enumeran, a vuelapluma, entre Podemos y Ciudadanos.

Economía y Empleo

La clave de este bloque se articula en torno a la implicación del Estado y la responsabilidad individual —o social— en asuntos económicos. Se abre el melón con el concepto “déficit”, convertido hoy en la nueva religión de la política económica de los gobiernos conservadores. Si es cierto que no se puede gastar más de lo que se ingresa, esta premisa debería sopesarse con el dato del INE que asegura que casi el 30% de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué es más importante para cada partido? El mantra ideológico que repite Albert Rivera dicta que cualquier gobierno debe cuadrar sus cuentas. No le falta razón pero sí ambición y sensibilidad. Es muy fácil cuadrar las cuentas si un Estado se olvida del 30% de su población. La política está, precisamente, para transcender los números y crear nuevas categorías reguladoras de estabilidad y bienestar.

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sirve para situar dos posiciones políticas antagónicas: mientras Ciudadanos no apunta tan alto como Podemos, aquellos presentaron en su programa una medida estrella llamada “Complemento Salarial”. Este complemento, sufragado por el Estado, serviría para complementar el bajo salario que un trabajador pudiera tener. La medida podría sonar incluso social en un primer vistazo pero su trasfondo revela lo contrario: en vez de obligar a la empresa a pagar sueldos dignos, estos deben ser subsidiados por los contribuyentes. Es decir: alguien trabaja y hace ganar dinero para una empresa y es el Estado quien le paga —parte— por dicho trabajo. En Estados Unidos, según la National Employment Law Project, los trabajadores de McDonalds reciben 1.200 millones de dólares cada año de las arcas públicas para complementar sus salarios. ¿Acaso McDonald’s se encuentra en quiebra? La medida naranja beneficia directamente a las grandes empresas mientras la subida del SMI que pide Podemos beneficia más directamente al trabajador. En esta línea aparecía la cuestión del despido: Ciudadanos proponía un contrato único que, en el fondo, abarataba el despido (indemnización por año trabajado para el trabajador en caso de ser despedido) mientras que Podemos, como mínimo, pedía mantener la actual. El beneficio en este caso no tenía ni trampa ni cartón: una vez más, Ciudadanos beneficiaba a las empresas y Podemos a los trabajadores.

Por último, solo a modo de un ejemplo más, es curioso como la figura del emprendedor está continuamente en boca de Rivera y poco en la de Iglesias. Emprender sí, pero no a cualquier coste. El discurso de Rivera apela más a la responsabilidad individual a la hora de “buscarse la vida”, hasta tal punto que pudiera pensarse que un contexto en el que la política ha llevado a la sociedad a la crisis, la culpa pudiera recaer en uno mismo. Esa libertad negativa actúa como auto-castigo si no se entiende, previamente, que antes que individuos somos parte de una sociedad. No todos deben ser héroes porque no todos partimos del mismo punto de salida. La tarea de un Estado es, precisamente, garantizar condiciones de vida mínimas y dignas sin importar cuánta genialidad empresarial tienen sus ciudadanos. Reforzar a la figura del emprendedor desprestigia el cuerpo de funcionariado de un Estado (profesores, médicas, bomberos, policías, etc.) y, por otro, aumenta la carga de culpabilidad de aquellos que se han quedado en la cuneta.

En resumen, el libre mercado por el que apuesta Ciudadanos choca con una política económica de Podemos más regulada que luche contra las desigualdades que el capitalismo más anárquico, de hecho, provoca. Una sociedad más justa es aquella que menos desigualdades ampara y los enfoques entre ambos partidos son absolutamente incompatibles para abordar esa tarea.

Medio Ambiente

En el apartado de política verde la distinción podría definirse dentro de la diferencia clásica entre ambientalismo y ecologismo. Mientras que la primera aboga por el cuidado del medio ambiente desde un punto de vista administrativo y técnico, el segundo pretende atajar los problemas ambientales de raíz cambiando las causas que provocan su deterioro. A modo de ejemplo: mientras el ambientalismo utilizaría el reciclaje o la venta de emisiones de CO2, el ecologismo emplearía la reducción o reutilización de residuos y la descarbonización de su economía. Ciudadanos, por ejemplo, no mencionaba el cierre de las nucleares en su programa y en declaraciones de Rivera aseguraba que España necesita de esta energía. El programa de Podemos era tajante: el calendario de cierre de nucleares debía fijarse para ser 100% renovable en 2050. La razón vuelve a poner el foco en la disyuntiva grandes empresas versus ciudadanía. Todas las centrales nucleares pertenecen a las cinco grandes empresas de energía de España: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo, que amasan grandes beneficios debido a un mercado marginalista de la electricidad. Aunque ese es otro tema. No obstante, en este punto sí hay encuentros que pudieran acercar a ambas formaciones, a saber: derogación del impuesto al Sol, prohibición del fracking u objetivo Cero Residuos (aunque la formación naranja, por ejemplo, se ha abstenido en algunas mociones de rechazo presentadas en algunos ayuntamientos a un proyecto de incineradora —contraria al espíritu del Residuo Cero— de la Comunidad de Madrid).

Feminismo

Confesaba Inés Arrimadas (Ciudadanos) a principios de 2017 en una entrevista en la Ser (y de igual manera en el programa de televisión El Objetivo de la Sexta) que sería feminista dependiendo de su significado. Prudente y lógica, se la podría denominar. Pero a estas alturas de la historia del feminismo: ¿es necesario ser prudente para autodenominarse feminista? Es obvio que cualquier persona desea la igualdad entre mujeres y hombres, entre diferentes géneros u orientaciones sexuales. El problema hunde sus raíces en los presupuestos filosóficos del primer punto: ¿damos derechos o aseguramos derechos? Una mujer puede tener derecho a ser, por ejemplo, política. Nadie va, de manera legal, a impedir que lo sea. No existe ninguna normativa que prohíba a la mujer dedicarse a la vida pública. Ahora bien: ¿parten del mismo punto de salida? La respuesta, en este caso, y a pesar de Ciudadanos, es no. Una mujer nacida en una sociedad heteropatriarcal sigue los patrones que esta la dicta. Teleológicamente, una mujer no recibe los mismos estímulos que los hombres. Mientras que el hombre es reflejado —en el presente y a lo largo de la historia— como el sexo que lidera la política y participa en las cuestiones de lo público, la mujer queda relegada al ámbito privado. Pero ya hay consenso en aquello de “lo personal es político” y los mecanismos para evitar esta mala praxis social han demostrado ser más justos y eficaces. Ese mecanismo no es otro que las cuotas y la discriminación positiva. Mientras que Podemos es un partido que desde sus inicios ha hecho listas cremalleras para que la paridad sea total, la ejecutiva de Ciudadanos, a día de hoy, solo incluye un 32% de mujeres. Es más, los argumentos de no aplicar estas cuotas se basan en la meritocracia que tan cuestionada continúa en estos tiempos (véase Industry and Inequality. The achievement principle in work and social status de Claus Offe). Apostar por el mérito significa ignorar un sistema social muy complejo en el que no siempre el “puro” mérito opera como causa del ascenso social sino que otros elementos como los roles de género preestablecidos o la cercanía al poder pesan más en la balanza que decide quién ocupa qué puesto.

En la campaña electoral de diciembre de 2015 se presenció uno de los grandes debates que parecía que España ya había cerrado: ¿deben los culpables de violencia machista tener un agravante en sus penas? Para responder sí o no debe pensarse, previamente, la cualidad y gravedad del problema. Póngase como ejemplo el terrorismo etarra. ¿Se debieron endurecer las penas por tratarse de un entramado organizado y con causas y fines bien definidos o, por el contrario, debieron tratarse los asesinatos como los de cualquier persona que, con ánimo, por ejemplo, de robar un reloj, apuñala a alguien hasta su muerte? En la respuesta a la pregunta está la primera premisa: tanto el terrorismo etarra como la violencia de género no responden a patrones aleatorios del comportamiento humano sino a, en el primer caso, una estructura criminal en busca de poder político a través del terror y, en el segundo, una estructura social que somete a las mujeres para mantener los privilegios masculinos. Si se aceptan estas estructuras previas, se evidencia que la naturaleza de unos crímenes como estos y el del ejemplo del atraco del reloj, son completamente diferentes. Pero la diferencia no radica en el valor de la vida de las víctimas, sino en la identificación de las causas de esos homicidios que responden o 1) a patrones bien establecidos potencialmente reproducibles en el tiempo contra un sector social determinado o 2) a causas más azarosas no tanto en el porqué del agresor pero sí en el perfil de la víctima. Es decir, la violencia machista siempre actúa contra la mujer mientras que la violencia derivada de la exclusión social (como pudiera ser un atraco) no actúa contra un sector en particular de la sociedad.

¿Se debe, por tanto, actuar de manera diferente para atajar de raíz el problema? Según Ciudadanos hombres y mujeres deben ser tratados por igual ante la ley ignorando el desequilibrio previo en la balanza. De nuevo alegan igualdad y se olvidan de la equidad. O eso, o no ven la desigualdad actual. Si el problema se admite como estructural, deben ser mecanismos de todo tipo —también jurídicos— los que intenten corregir el desequilibrio lo antes posible. Para alcanzar la verdadera igualdad los hombres deben perder privilegios en forma de ciertos derechos, algo que el liberalismo clásico —que ignora las condiciones sociales de cada individuo— nunca podrá permitir.

Sanidad

Dicta el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Podemos defiende la sanidad pública española como universal, gratuita y de calidad. Universal significa que debe atender a todo ser humano, tal y como recogen, valga la redundancia, los derechos humanos. Por otro lado, si bien Ciudadanos no se opone a la atención médica en ciertos casos como la atención primaria, urgencias o las enfermedades infecciosas, es contrario a entregar la tarjeta sanitaria a todas las personas para que se cumpla su derecho a la asistencia médica. Dos cuestiones a resaltar: primero, Ciudadanos confunde el derecho humano con el derecho civil. El segundo es un derecho concedido a una persona por formar parte, legalmente, de un Estado. El primero, el derecho humano, no se concede sino que se nace con él por el simple hecho de ser persona. Por tanto, para ser atendido en un centro médico, en cualquiera de sus especialidades o maneras, lo único que se debería presentar sería al ser humano que necesita ayuda médica. ¿Qué documento puede sustituir la presencia de un ser humano para certificar que es un ser humano? El debate de fondo responde, de nuevo, a posiciones ideológicas al respecto: ¿consideramos el derecho a la sanidad como parte de los derechos civiles de cada estado o ampliamos el horizonte para reconocérselo a cualquier ser humano? Existen argumentos económicos al respecto que, sin embargo, son polémicos o no tienen una base sólida. La prevención sanitaria que se consigue haciendo un seguimiento continuo a cada individuo supone un ahorro, a medio y largo plazo, en curar enfermedades posteriores más graves vía urgencias que se han podido generar por descuidar esa parte preventiva.

En cualquier caso, el binomio es claro: salud para todos o salud solo para las personas en situación regular.

Plurinacionalidad

La última razón apunta hacia el concepto de plurinacionalidad. Ciudadanos nació en Cataluña con un objetivo claro: defender no solo la legítima permanencia en el Estado español de Cataluña o la negación en el reconocimiento de su nación , sino también impedir cualquier tipo de vía democrática circunscrita a Cataluña como resolución del conflicto. El debate legal se sobrepone al político para lidiar con un problema que es, meramente, político. Plurinacionalidad o nación de naciones ya estaban en boca de padres de la constitución como Gregorio Peces-Barba o Miquel Roca pero, sin embargo, para Ciudadanos este concepto atenta, directamente, contra los valores democráticos.

La posición del gobierno de Rajoy sigue siendo la misma: no moverse y que el conflicto se solucione por sí mismo. La de Podemos se sitúa en un pacto entre el gobierno central y Cataluña para la celebración de ese referéndum por vías legales y la de Ciudadanos no dista de la del Partido Popular: impedir judicialmente sacar las urnas dentro del territorio catalán.

Mientras todo esto ocurre, la Generalitat ya ha anunciado un referéndum unilateral para el 1 de octubre de 2017 y la autocrítica por parte de los partidos autodenominados “constitucionalistas” es inexistente. Sin duda este motivo impedirá cualquier acuerdo entre la formación naranja y morada con posturas radicalmente contrarias.

Pactos a largo plazo

Las razones de índole ideológica parecen claras. Si bien los cinco puntos expuestos tan solo ejemplifican políticas concretas en las que ambas formaciones chocarían frontalmente, sí dan apoyo a la tesis que se pretende defender: Ciudadanos y Podemos no podrán llegar a acuerdos de investidura y o de gobierno por razones más de fondo que de maquillaje. Además, el manejo de las negociaciones de cara a una segunda moción de censura en este investidura o de pactos electorales en 2020 debería tener en cuenta —para el PSOE— un factor generacional importante. Mientras el voto al PP (partido que sustenta Ciudadanos en el poder) se envejece cada vez más, Podemos representa la nueva política no solo por ser nuevos, sino por tener el voto de la población más joven que tiene la llave del país en los próximos lustros. La apuesta del PSOE de querer seguir negociando con ambas formaciones solo compra más tiempo para un encuentro que será inevitable a medio plazo: que los dos grandes partidos ideológicamente afines —que pueden echar al PP de las instituciones— lleguen a determinados acuerdos parlamentarios. En caso contrario, ante la incertidumbre que provocaría el desentendimiento de las voluntades políticas progresistas, los comportamientos electorales podrían sustentar al partido más corrupto de Europa en las instituciones. Si de verdad el PSOE es izquierda —sea lo que sea que signifique ese término en el s. XXI— debe solidificar su posición no solo en sus propuestas sino en sus compañeros de viaje.

La solución de 2017 no puede ser la pretendida en 2015 o 2016. Podemos y Ciudadanos son, de fondo, incompatibles.