No se conoce el caso de un ministro de Educación o de Justicia que no haya querido poner su nombre a una ley. José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón parecen tener prisa en conseguirlo, aunque la paternidad de algunos de sus proyectos tiene otros apellidos: la Iglesia católica y el sector más conservador del PP. Wert quiere eliminar Educación para la Ciudadanía porque “adoctrina” y trata “temas controvertidos”. Esta asignatura fue boicoteada por la Iglesia a pesar de haber sido consensuada, limada y “cepillada” con los representantes de colegios católicos. El Tribunal Supremo estableció a principios de 2009 que los pocos padres que protestaban no tenían derecho a objetar de una materia “que es obligatoria por ley y que no adoctrina”. Es fácil comprobarlo en cualquier manual de cualquier colegio, pero sus inquisidores siempre citan como ejemplo un texto no homologado que ninguna escuela de España utiliza. Wert creará una nueva Educación Cívica y Constitucional, aunque se desconoce qué “controversia” observa el ministro en la actual enseñanza de la Constitución. Por su parte, Gallardón presumió ayer de que su reforma del aborto será “lo más progresista que haya hecho nunca”, cosa meritoria cuando pretende recuperar la ley de “supuestos” de 1985 y eliminar el actual derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas. Quizás algunos ministros confunden progreso con regreso y ciudadanía con feligresía.