Quizá el aspecto más indignante de la actual crisis es la percepción, compartida por la mayoría de los ciudadanos, de que nadie haya respondido por lo ocurrido. Las tres grandes agencias de calificación estadounidenses, en concreto,

desempeñaron un papel más que cuestionable en esta catástrofe que ha dejado sin trabajo y en la ruina a millones de personas; sin embargo, ahí siguen, como si nada, condicionando con sus evaluaciones el destino de empresas y de países enteros. Desde Europa se han formulado en los últimos tiempos algunas críticas aisladas, y más bien tímidas, a tales agencias, pero esas críticas se convirtieron ayer en una reacción de indignación generalizada después de que una de ellas redujera drásticamente el valor de la deuda de Portugal, justo cuando este país se apresta a acometer uno de los más severos planes de ajuste de su historia. El presidente de la Comisión Europea, el ministro de Finanzas alemán, la Eurocámara y las patronales española y portuguesa arremetieron contra las agencias con una contundencia inédita y urgieron la creación de una agencia de calificación europea. Sin duda, conviene poner fin al oligopolio de las tres grandes agencias norteamericanas, en torno a las cuales existe un entramado de intereses que suscita dudas razonables sobre la imparcialidad de sus dictámenes. Pero no basta con crear agencias alternativas, por muy europeas e íntegras que sean, si no se avanza en la unión política de Europa y si no se aborda una reflexión de fondo sobre qué tipo de modelo económico es el más adecuado para conjugar desarrollo, justicia social y sostenibilidad.