Érase una vez un país donde un político, llamado Mariano Rajoy, prometió en época electoral rebajar el impuesto menos equitativo, el IVA, el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este injusto impuesto lo pagamos todos al comprar cualquier bien o recibir un servicio, tanto el que no llega a final de mes como el que llega sobrado. También prometió generar muchos-muchísimos puestos de trabajo y una larga lista de promesas. Cuando le otorgaron su confianza los españoles, no todos, pero si los suficientes para obtener una mayoría absoluta, pasó de decir que el IVA es un disparate y un sablazo del mal gobernante a propinarnos una de las mayores subidas. Y como este incumplimiento vinieron muchos-muchísimos más.

También nos arrebató derechos fundamentales como el de la intimidad o la libertad personal y nos avocó a retrocesos sociales y aumento de la precariedad laboral imponiéndonos una reforma laboral que incrementó el poder unilateral de los empresarios vaciando de contenido los principios clásicos del derecho laboral.

Mientras la crisis devastaba miles de pequeñas y medianas empresas que no lograron sobrevivir y se extinguieron este político y “sus amigos” decidió, como ellos lo llamaron, “rescatar” con dinero público a los Bancos a pesar de ser éstos los responsables de que muchos trabajadores perdieran sus ahorros e incluso sus viviendas. Hay agónicos testimonios de afectados por las preferentes y las obligaciones subordinadas y otros muchos productos de esos Bancos “rescatados” cuyo denominador común era y es su opacidad. Engañaron a sus clientes mientras los ejecutivos se asignaban indemnizaciones y jubilaciones millonarias probablemente respaldadas por el dinero público que se les facilitó para “rescatarlas”. Un dinero que procedía de los impuestos pagados por los que ellos habían timado. Cinismo en estado puro.

Ahora vivimos otro capítulo de esa desvergüenza: el de las hipotecas y las cláusulas suelo. Una hipoteca es un préstamo monetario destinado a facilitar el acceso y la adquisición de una vivienda. El precio que pagamos por poder disponer de ese dinero es lo que se denomina interés que en España están referenciados al euribor, un tipo de interés al que un gran número de bancos europeos se conceden préstamos a corto plazo entre sí. El euribor fluctúa constantemente, es por ello que en muchas hipotecas se incluyeron lo que llamaron “cláusulas suelo” y “cláusulas techo”, unos topes, incluidos por el Banco, sobre los que los intereses no crecerían aunque el euribor subiera por encima (techo) o se redujera (suelo).

En la década de 2008 el euribor alcanzó su máximo y superó el 5% pero en general las cláusulas techo no llegaron a activarse dado que los contratos de las entidades los habían colocado de media en el 13%. Asimismo, desde 2009 comenzó una bajada vertiginosa del euribor y aunque se situó por debajo del 1% los hipotecados no vieron bajar sus cuotas proporcionalmente dado que las limitaciones fijadas por los Bancos estaban entre el 2% y el 3%. Está claro que las cláusulas suelo no son ilícitas per se, sólo si son abusivas. Es por ello que el Tribunal Supremo en estos casos anuló dichas condiciones en la contratación con consumidores pero sin efectos retroactivos. Tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que corrigiera al Supremo declarando la retroactividad de tales condiciones abusivas.

El político Rajoy y sus “amigos”, intentando hacernos creer que querían evitar un colapso en la Justicia, publicaron un Real Decreto-Ley que, según ellos, facilitaría alcanzar acuerdos extrajudiciales entre la banca y los prestatarios, con la promesa de que serían procedimientos relativamente sencillos. La realidad es que este Real Decreto-Ley dejó en manos de los Bancos la valoración de si una cláusula era o no abusiva y del cálculo de las cuantías a devolver al cliente, lo que posibilitó el retraso de la solución así como la oportunidad de ofrecer otro producto financiero.

El Tribunal de Cuentas ha constatado que la Banca española mantiene prácticas fraudulentas mientras el Gobierno, o sea, Rajoy y sus “amigos”, elude legislar para proteger a los hipotecados. Las irregularidades que se están produciendo, por parte de los Bancos son realizar ofertas de compensación por teléfono y en las sucursales, en las que urgen al cliente a aceptarlas pero sin hacerles una propuesta por escrito y con desglose de las cantidades, rechazar los formularios que presentan los afectados, tramitar únicamente reclamaciones efectuadas por medios telemáticos, reclamar documentación, exigir incluir argumentos jurídicos, responder con una carta-tipo rechazando la petición alegando que nunca aplicaron cláusulas suelo, ingresar cantidades en las cuentas de los clientes sin previa negociación y ofrecer realizar ofertas de acuerdo sin eliminar las cláusulas suelo.

Es por ello que los afectados tienen que recurrir a los juzgados y ante la avalancha de reclamaciones el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó la especialización de 54 juzgados para conocer de los litigios por las cláusulas suelo, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear. Lo que se han encontrado los demandantes son juzgados faltos de medios, en algunos sin muebles ni dotación económica, faltos de organización, se han creado con sólo cuatro oficiales, la mitad de los que suele tener un juzgado normal, además compartiendo secretario judicial y al parecer se han destinado a estos juzgados a jueces recién salidos de la escuela de formación judicial sin experiencia.

A esto hay que añadir que el Consejo General de la Abogacía ha anunciado un recurso contencioso administrativo ante el Supremo por considerar que el acuerdo del CGPJ sobre los juzgados de las cláusulas suelo viola el principio constitucional del juez predeterminado por la ley ya que las atribuciones de los juzgados deben ser decisión del Poder Legislativo y no decisión del Gobierno del CGPJ.

Mientras esto ocurre los políticos con cargos institucionales parecen permanecer al margen de un problema que afecta a miles de personas en España. Durante los meses que han transcurrido desde la publicación del Real Decreto-Ley estos políticos no se preocupado de efectuar un seguimiento y ahora, con cuatro meses de retraso, Rajoy y sus “amigos” crean una Comisión de Seguimiento sobre las cláusulas suelo, una Comisión sin capacidad ejecutiva ni sancionadora. Una pantomima que supondrá otro coste que asumiremos los de siempre y con claros visos de inutilidad.

Y colorín colorado este cuento NO se ha acabado, ni les interesa que acabe.

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