En las largas conversaciones que Antonio Caballero y yo hemos mantenido en distintos momentos con los jefes de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en La Habana, muchas veces les hemos preguntado si pensaban que todos los frentes de la insurgencia, 90 repartidos por todo el país, van a aceptar la paz y la consiguiente desmovilización que llevan varios años pactando con los delegados del Gobierno, en una mesa en la que los subversivos han conseguido sentarse de igual a igual.

La respuesta siempre fue que en las FARC hay un seguimiento disciplinado hacia un mando centralizado, que es aceptado por toda la “guerrillerada”.

Sin embargo, las primeras disidencias desde sectores que se oponen al camino de la paz han comenzado a surgir en distintos puntos del territorio colombiano.

En este momento, la mayor parte del Secretariado está en Cuba, y casi todos los frentes están a cargo de cuadros militares de segundo nivel, con dificultades para una comunicación fluida con el mando en La Habana.

Con las hostilidades suspendidas desde hace más de un año, un factor de oxidación para las unidades guerrilleras, la actividad está reducida a la autoprotección y a la recaudación de medios para la subsistencia de una nómina muy cuantiosa. Medios que se han obtenido durante medio siglo con las donaciones voluntarias, el cobro del “impuesto revolucionario” y las actividades ligadas al narcotráfico, fundamentalmente el “gramaje” o impuesto a la venta de hoja de coca y el pago por la protección y la custodia de rutas del narcotráfico, en ocasiones de acuerdo con las estructuras delincuenciales.

En los últimos tiempos, suspendidas por decisión de la jerarquía guerrillera las prácticas del secuestro y la extorsión, la actividad económica de los frentes guerrilleros, en principio para la subsistencia de las unidades de combate, ha estado centrada en la producción y tráfico de las drogas ilegales. En algunas zonas el negocio, en manos de los responsables de la financiación, ha adquirido tintes de prosperidad multimillonaria. En otras, el negocio de la minería ilegal, el coltán y el oro, ha superado en ingresos a todo lo relacionado con la droga.

Sobre todo el coltán, el llamado “oro azul” imprescindible para distintos sectores: móviles, armas, ordenadores… y que se ha empezado a extraer en las arenas negras de la Orinoquía, en las que las FARC controlan el proceso de extracción, usando mano de obra indígena. El negocio se ha desarrollado de tal forma que al parecer se ha internacionalizado la salida del coltán vía México, a través del cártel de Sinaloa, con un rendimiento que ya se mide en millones de dólares.

Y la tentación ha hecho mella en sectores, hasta ahora muy minoritarios, de la insurgencia: Frente 1 y Frente 7, unos cientos de guerrilleros que prefieren seguir montados en negocios prósperos, que subirse al tren de la paz y pasar a ser ciudadanos rasos, acogidos a las ayudas para la reinserción, con la necesidad de montar estructuras modestas de cooperación y trabajo, apoyando los ideales de las FARC desde la lucha política legal.

Desde el Frente primero se ha difundido un manifiesto en el que se afirma: “Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo, independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización guerrillera”.

Pura palabrería, “carreta” como dicen en Colombia. Desde el Estado Mayor se les ha denunciado claramente: “Apelan a argumentaciones ideológicas y políticas a fin de ocultar la evidente influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto”. Algunos jefes guerrilleros, en las selvas de Colombia y en Cuba, señalan claramente que los disidentes del Frente 1 “han sido captados por la mafia”, mientras que la mayoría de los aproximadamente 16.000 efectivos de las FARC, entre combatientes y milicianos, apoyan el proceso de desarme sin sometimiento, que les debe llevar a la vida civil, a la paz y la reconciliación.

He constatado en La Habana cómo los máximos dirigentes de la guerrilla –como Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Antonio Lozada, Pastor Alape, Camila Cienfuegos…– debaten arduamente con los delegados de Gobierno de Juan Manuel Santos –De La Calle, Jaramillo, María Ángela Holguín– el final honroso y constructivo de una guerra que dura más de un siglo y que ha causado tanto sufrimiento. Los líderes guerrilleros analizan cómo va a ser su conversión en una izquierda desarmada pero igualmente revolucionaria. Por ejemplo, se interesan sobre el fenómeno de Podemos en España, como superación del clásico esquema de partidos burocratizados y alejados de los intereses reales de la gente…

Pero los estudios de todos los procesos de paz hablan de un porcentaje de miembros de los grupos armados que regresan a la ilegalidad o nunca se desmovilizan.

Y es seguro que los enemigos de la paz, encabezados por el expresidente Uribe, van a utilizar la naciente disidencia para torpedear el acuerdo, que deberá ser refrendado en un plebiscito. Son muchos los sectores que se oponen a la firma del acuerdo FARC-Gobierno, desde los más variados intereses, pero de eso hablaremos en otro artículo.

Por su parte, los dirigentes de la insurgencia, apoyados por todos los sectores civiles que apoyan el proceso, tienen que movilizarse para cerrar cuanto antes la firma de los acuerdos y hacer “pedagogía” sobre los beneficios de la paz en selvas y ciudades, para que todo quede cerrado antes de fin de año con el apoyo decidido del pueblo colombiano.