Entre los muertos no hay jerarquías, o eso se supone. La parca es un tren de un solo vagón y es la memoria de los vivos la que expide billetes de primera y segunda clase. Por eso que conviene hacer justicia con el recuerdo.

El Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona aprobaba muy justamente una declaración de reparación, reconocimiento y restitución de la dignidad del presidente de la Generalitat Lluís Companys, en la que se rechaza y condena el consejo de guerra por el que fue ejecutado en Montjuic tras ser apresado por la Gestapo en Francia a petición de la policía franquista. De la nulidad del juicio ja en parlarem, porque aquí somos muy mirados con eso de la seguridad jurídica y no hay manera de que el Estado rechace el estatus de cosa juzgada que se sigue confiriendo a las aberraciones de la dictadura. De hecho, una comisión interministerial de otro gobierno socialista estudió el asunto al hilo de la ley de Memoria Histórica y concluyó que estas anulaciones no podrían ser nunca reconocidas “por impedirlo así la Constitución”.

Nada hay que objetar, por tanto, al reconocimiento simbólico de Companys pero sí al tradicional olvido al que se somete a otros dos ministros de la República, Julián Zugazagoitia y Juan Peiró, –Companys lo fue de Marina-, detenidos y ejecutados en idénticas circunstancias a la del presidente de la Generalitat.

Zugazagoitia, socialista para más señas y ministro de la Gobernación con Negrín, fue un tipo de una pieza, un periodista brillante y autor de un impresionante testimonio sobre la contienda civil titulado Guerra y vicisitudes de los españoles. Zugazagoitia fue detenido en París por la Gestapo en julio de 1940 tras la delación del tristemente famoso policía Pedro Urraca Rendueles, entregado a los franquistas, condenado a muerte en juicio sumarísimo y fusilado en las tapias del cementerio de la Almudena junto a otros 14 presos, entre ellos el también periodista Francisco Cruz Salido, junto al que reposa bajo una singular lápida de un libro abierto con sus nombres grabados.

Encargado del elogio fúnebre de Machado en Collioure, el socialista reconoció su condición de ministro de la República durante el interrogatorio al que fue sometido por los nazis en la prisión francesa de La Santé de la siguiente manera: “No creo que España tenga que sentirse avergonzada de que yo, un periodista humilde, haya desempeñado una cartera ministerial. Tampoco creo que ustedes, los alemanes, tengan que sorprenderse de que un hombre de mi profesión haya desempeñado cargos de gobierno, cuando ustedes, en su país, tienen en honor estar dirigidos por un antiguo pintor de puertas”.

Peiró, tan catalán como Companys pero anarquista –de ahí que no sea un héroe nacional al norte del Ebro-, fue uno de los cuatro ministros de la CNT en el Gobierno de Largo Caballero. Exiliado al acabar la guerra, tras diversas vicisitudes fue detenido finalmente por la Gestapo y enviado a Alemania, antes de su extradición a España. Interrogado y torturado en Madrid, fue trasladado a Valencia, donde se le llegó a ofrecer participar en la creación de los Sindicatos Verticales y salvar así su vida. Se negó y fue ejecutado en el campo de tiro de Paterna. “Con mi muerte –dijo a su abogado- me gano a mí mismo”.

Zugazagoitia y Peiró fueron tan dignos como Companys y tan merecedores de reconocimiento y reparación. Como lo fueron las decenas de diputados ejecutados por la dictadura y los miles de republicanos a los que se condenó al paredón de manera sumaria o se les dio el paseíllo antes de ser sepultados para el olvido en fosas comunes repartidas por todas las cunetas de España. En defensa de una seguridad jurídica que, ante todo, es inmoral este país sigue preservando sentencias dictadas en consejos de guerra por motivos ideológicos y políticos, así como las del Tribunal de Orden Público o las del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo.

Ni Alemania se refugió en la seguridad jurídica para no declarar nulas las leyes nazis de esterilización o de la que amparaban la solución final para los judíos, ni lo hizo Argentina cuando derogó las leyes de punto y final. No basta con proclamar la injusticia y la ilegitimidad de las condenas. Su anulación es el único camino posible a la dignidad.