¿Quién compra armas?

Impresionada todavía por las revelaciones de Wikileaks sobre los crímenes de guerra en Irak, leo que España pretende firmar un ambicioso contrato de venta de armamento con Arabia Saudí. Por más que lo intente, me resulta difícil no relacionar ambas noticias. No dudo de que el contrato de compraventa se ajuste a los términos establecidos por la ley. Incluso puedo llegar a admitir que la operación sea transparente, es decir, que ningún intermediario se beneficie, en esta ocasión, de multimillonarias comisiones. Sé que España ocupa un lugar muy destacado ente los países que exportan armamento pesado y que la venta de armas es primordial para nuestra economía. Pero, en varias ocasiones, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace han denunciado que el Gobierno español ha vendido armas a países en conflicto que vulneran los derechos humanos. Cabe preguntarse en qué situación se encuentra la monarquía saudí, aunque en apariencia defienda los intereses occidentales o sea aliada del Gobierno de Estados Unidos.

Varias organizaciones internacionales, como las ya citadas, se unieron hace años para desarrollar la campaña “Armas bajo control”, con el fin de que los gobiernos de medio centenar de países firmasen un tratado vinculante sobre el comercio de armamento. El objetivo era impedir que las armas de fuego llegasen a gobiernos represivos que hubieran perpetrado abusos contra los derechos humanos o crímenes de guerra. Es evidente que todavía no lo han logrado, como revelan los espeluznantes casos que aparecen en los documentos internos del ejército norteamericano

divulgados por Wikileaks. Por eso, hay que seguir denunciando.