Decía el poeta colombiano Jorge González Moore en su libro 'Un día particular' que la corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos y suele ser la razón principal de sus desgracias sociales. Y así es. En España, en concreto, son casi 90.000 millones de euros anuales de desgracias sociales, los casi 90.000 millones que cuestan los delitos de corrupción según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por eso, al hablar de corrupción, no podemos quedarnos sólo en las causas de la misma, es decir, en la Trama y en el Gobierno del PP como su producto más genuino. Hablar de corrupción exige otro ejercicio de reflexión: el análisis de unas crudas consecuencias que paga la gente.

La corrupción es parte de una lógica de saqueo llevada a cabo por la Trama que se traduce, a nivel social, en la aplicación sistemática de políticas de recortes. Saqueo y recortes no pueden entenderse de forma independiente, son las dos caras de las monedas que enriquecen los bolsillos de la Trama. Por ejemplo, hablamos de esa dualidad en casos tan sangrantes como la venta de 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone que hizo el Ayuntamiento de Ana Botella, mientras el país tiene el “honor” de ser el miembro de la UE con menos vivienda social (2%), con más vivienda vacía (3,44 millones) y con más desahucios, según la PAH.

Para valorar el impacto en la vida de las personas de esos casi 90.000 millones de euros anuales que cuesta la corrupción, conviene realizar un análisis comparativo. Por ejemplo, con esa cifra se podrían cubrir las partidas destinadas a nivel estatal en los PGE de este año a la dependencia (1.355 millones), a la inversión en I+D+i (6.029 millones) y los gastos en infraestructuras (7.480 millones). Y aún quedarían fondos para cubrir la inversión pública estatal (12.867 millones), la partida destinada a las políticas activas de empleo (5.499 millones) y los gastos de personal del Estado (16.371 millones).

Cubiertas estas partidas, sobrarían unos 40.000 millones de euros, suficientes para solventar el incremento de gasto público de 19.500 millones que contempla la alternativa a los presupuestos del PP presentados por el GP Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. De ellos: 3.500 millones irían destinados al Plan de Renta Garantizada, 1.617 a revalorizar las pensiones contributivas, 1.500 al Plan de Transición Energética y 1.225 millones a un plan de empleo para personas en situación de desempleo de larga duración. Con todo y con eso, aún restarían unos 21.000 millones de euros anuales con los que se podría haber evitado la aplicación sistemática de recortes en educación (7.000 millones entre 2009 y 2015) y en sanidad (12.000 millones desde 2009, según estima un informe de la Comisión Europea).

El coste de la corrupción también se puede valorar a nivel individual, lo que nos cuesta anualmente a cada uno esta lacra: 1.000 euros en impuestos según Gestha. Con esa cifra, se puede pagar el recibo anual de la luz, incluso contando con los 61 euros al mes que abonó un consumidor medio el pasado mes de enero, según la CNMC, en pleno festín de las eléctricas. También podría pagarse la cesta de la compra de 3 meses (gasto medio anual de 4.138 euros, según la OCU). Con esos 1.000 euros anuales, el salario mínimo interprofesional podría pasar de 707 a 791 euros y el subsidio conocido como “ayuda familiar” podría aumentar de 426 a 509 euros al mes. Incluso un autónomo que elija la base mínima de cotización puede pagar casi 4 cuotas con esos 1.000 euros al año que, sin embargo, emplea en pagar el coste de la corrupción.

La impunidad como amparo del saqueo

Por si fuera poco con las cifras, a los casos de corrupción debe sumarse una lógica legislativa de impunidad que viene imponiendo el Gobierno de Mariano Rajoy y que ha convertido las instituciones del Estado en herramientas al servicio de los intereses de la Trama. Ya en 2014, ante la avalancha de casos que saltaban a la palestra, las asociaciones de jueces y fiscales presentaron un programa de ocho puntos para acabar con las injerencias del poder político en la lucha contra la corrupción. Estas injerencias se evidencian con medidas como la intervención directa por parte del director de la Agencia Tributaria, cargo político nombrado por el Gobierno, en la asignación de los peritos de los casos de corrupción, algo que viene sucediendo desde octubre de 2013.

De igual modo sucede con la aplicación de las reformas legislativas que ha presentado el Gobierno de Rajoy, las cuales siguen la senda de magnánimos regidores europeos como Silvio Berlusconi. Así, el 6 de diciembre de 2015 entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se establece un plazo general de 6 meses y uno excepcional de 18 meses para las investigaciones declaradas como complejas. Es decir, que si en ese plazo máximo de investigación no se encuentran pruebas suficientes, la causa tendría que juzgarse o archivarse sin ser juzgada. Sólo hay que analizar cuánto han tardado en investigarse algunos de los casos de corrupción más sonados del PP (el Caso Gürtel más de 5 años), para saber hacia donde apunta esta medida.

Es la conocida como ''Ley Berlusconi', porque Il Cavaliere hizo lo propio en el Parlamento italiano para lograr el cierre de los procesos penales por corrupción en los que estaba involucrado. Ante este nivel ético, político y parlamentario en el que se ha situado el PP, desde el GP Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hemos presentado una Proposición de Ley para derogar esta reforma, que contaba con el rechazo casi unánime del ámbito judicial. El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 11 de mayo la toma en consideración de la Proposición de Ley con 204 votos a favor, 2 abstenciones y 132 en contra, todos del Grupo Popular. Un primer paso para derogar la insultante reforma.

En definitiva, tanto las cifras como las medidas de apoyo a la impunidad de este Gobierno confirman lo que escribía Jorge González Moore sobre la corrupción y el coste humano que representa. La Trama, con la connivencia del Gobierno, va a seguir adelante con su estrategia de saqueo y recortes, haciendo uso para ello de las instituciones y robando a la gente la soberanía popular. Ante esta situación, consideramos una responsabilidad ética presentar una moción de censura en el Parlamento y que la sociedad apoye en la calle, el próximo 20 de mayo, un proceso de rescate de la democracia. Porque, en definitiva, ¿qué compraría usted con 90.000 millones de euros anuales? No compraríamos nada, simplemente preservaríamos la dignidad y los derechos de la gente.