Sergio Pérez Páramo

Economista

Algunos conceptos económicos de nuevo cuño como el Complemento Salarial Anual (CSA) o el “contrato único” están adquiriendo en la actualidad una gran aprobación de la opinión pública al encontrarse circunscritos a un mercado clave y necesitado de soluciones como el laboral. Pero tras el diseño de estos artificios terminológicos resulta obligado verificar si representan soluciones que responden a finalidades y motivaciones de carácter social o si por el contrario responden a objetivos puramente estadísticos y macroeconómicos.

En lo que respecta al primero de estos conceptos económicos, el CSA, nos encontramos ante una medida que pretende que sea el Estado quien complemente los salarios más reducidos de los trabajadores, liberando por ello de la obligación de remuneración original al empresario, es decir, a quien obtiene los frutos derivados del trabajo proporcionado por los asalariados. La aplicación de esta propuesta se sustenta, tal y como sus defensores arguyen, en una rebaja del impuesto del IRPF y en un aumento del Impuesto de Sociedades, salvando de esta manera la crítica por la que se sugiere que el CSA responde en realidad a una ayuda empresarial, en lugar de constituir una mejora del nivel social de los trabajadores peor situados en la sociedad (la gran mayoría). Pero lo cierto es que establecidos y conocidos los tramos salariales en los que este término puede tener aplicación, existe el riesgo más que probable de que el empresario retraiga parte de la remuneración sabiendo que lo detraído será provisto a continuación por el Estado. En consecuencia, si inicialmente las empresas habrían soportado un aumento de la carga fiscal, éstas finalmente obtendrán una compensación por la vía de la reducción salarial. Quizás la única óptica de análisis válida para este concepto económico deba consistir en averiguar si finalmente logra reducir la desigualdad. Porque lo que de ninguna manera consigue, es reducir la complejidad económica y burocrática que se deriva de involucrar al Estado en la relación original que empresarios y trabajadores mantienen unos con otros.

Sin embargo, el segundo de los conceptos económicos mencionado, el contrato único parece perseguir una finalidad distinta en este sentido, puesto que su concepción responde al objetivo de eliminar el actual abanico de contratos de trabajo posibles estableciendo una sola tipología. El acogimiento social de esta propuesta también es muy positivo, porque sus partidarios han planteado su implementación explicando que de esta manera se reduciría la dualidad del sistema, es decir, la gran cantidad de contratos temporales que actualmente existen en contraposición a los indefinidos. Pero, ¿de verdad puede el establecimiento de un contrato único -por el momento un mero concepto económico hueco y sin articular- lograr por sí solo lo que desde un Ministerio de Industria o Economía ni se fomenta ni se institucionaliza, es decir, una estructura económica no cimentada en la temporalidad y en la precariedad?

La economía ha sido siempre un campo predilecto para los creadores de lenguaje. Algunos de los conceptos económicos más reconocibles hoy en día no respondieron sino a terminologías desarrolladas al servicio de los intereses económicos. Lo que hoy conocemos como crisis también se puede denominar depresión, recesión, movimiento deslizante, oscilación de reajuste, corrección de crecimiento. Lo mismo si hablamos de deflación -inflación negativa, crecimiento inverso de precios- o de cualquier otro término que por algún motivo concreto resulte preciso ocultar. La ingeniería gramatical representada por conceptos como el CSA o el contrato único constituyen la mejor prueba de que aquí lo único que se renueva es la forma de esconder la realidad.