Montserrat Muñoz de Diego

Portavoz de Izquierda Abierta y promotora de Actúa

Cuando en julio comenzó la huelga de los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto del Prat, recordé cómo se fue fraguando la semiprivatización de Aena. Y mucho antes, cómo se empezaron a privatizar los servicios de seguridad en nuestro país, no solo en los aeropuertos.

Siempre me manifesté en contra de estas privatizaciones. Primero porque creo que el transporte es un sector estratégico en cualquier país y debe garantizarse un servicio de carácter universal. Segundo, porque sólo una autoridad pública, en relación con la actividad de los servicios de seguridad, tiene capacidad para invadir nuestra intimidad en el registro de nuestros equipajes y de nuestro cuerpo.

El discurso favorito de los grandes partidos que durante años han llevado a cabo estas privatizaciones era que se trataba de “externalizar” servicios de carácter auxiliar que no afectaban al servicio público. Por tanto, que tales externalizaciones no hacían peligrar ni el servicio ni los derechos de los ciudadanos.

Por eso, viendo cómo se desarrollaba el conflicto laboral del Prat tuve el convencimiento de que se comenzaba a construir un relato alejado de la realidad y de la legalidad de nuestro país: Las imágenes de las colas en los controles de seguridad del aeropuerto y las manifestaciones que comenzaron oportunamente a realizar los responsables políticos haciendo ver que tal circunstancia era un problema enorme para el país empezaban a anticipar el futuro del conflicto en la opinión pública. Y de la solución del mismo, finalmente política que no laboral.

Algunos pensaron en trazar la misma senda que hace unos años se siguió con los controladores aéreos y se pusieron a ello. Pero en este caso no era de recibo esgrimir el discurso de los trabajadores privilegiados, con salarios altos y condiciones laborables envidiables. Este es un caso de trabajadores precarizados, que perciben un salario medio de 900 euros, con turnos endiablados y cuyo pecado ha sido reivindicar ni más ni menos que una subida de sueldo anual de 350 euros. Son trabajadores que representan como pocos la consecuencia de las privatizaciones de los servicios públicos: el marco de contratación del Estado en el que el precio del contrato es el elemento prioritario de adjudicación para obtener no sabemos si un ahorro de dinero público o unos abultados beneficios industriales para los adjudicatarios.

Y claro, frente a esta realidad laboral precarizada e indecente se contraponían los enormes problemas que ocasionaba esta huelga a los viajeros en plena campaña estival, que tenían que soportar colas de varias horas y, en el peor de los casos, perdían sus vuelos.

No dudo de la incomodidad generada y del perjuicio que las huelgas y los conflictos conllevan para los ciudadanos, pero tampoco dudo respecto a lo que representan la huelga y otros mecanismos de presión de los trabajadores frente a la empresa para intentar conseguir derechos o mejorar sus condiciones laborales. Es en este debate en el que a mi juicio comienza la manipulación de un conflicto que ha permitido, con unanimidad de las administraciones implicadas, que se tomen decisiones de legalidad discutible y que vienen a limitar de facto el derecho de huelga.

Las huelgas frente a la empresa carecen de sentido si no se hacen en momentos en los que la decisión de no trabajar provoque daño. Son un mecanismo de presión para mejorar la correlación de fuerzas en el marco de la negociación. Parece razonable que se convoquen en los momentos de mayor actividad empresarial. En el caso que nos ocupa, cuando la afluencia de viajeros es la propia de la estación estival, muy alta. Sería tan absurdo plantear una huelga en temporada baja turística como hacerlo en el sector industrial cuando no hay pedidos pendientes, o cuando hay exceso de producción… Cuando estos días he oído comentarios reprochando a los trabajadores que hubieran planteado la huelga en estos momentos, he tenido la sensación de que no se sabe (o no se quiere entender) para qué es una huelga, huelga con la que por cierto los trabajadores ven reducidos considerablemente sus ya bajos ingresos.

Por otro lado, carece de sentido el planteamiento que se ha hecho en este conflicto de que, frente a un derecho constitucional como el de la huelga, se estaba vulnerando el derecho a la libre circulación de las personas, y que tal colisión de derechos obligaba a intervenir a las administraciones públicas. Tal colisión no ha existido porque las incomodidades derivadas de las largas colas en los controles de seguridad o la pérdida de un avión no suponen en ningún momento la vulneración del derecho a la libre circulación de personas. Si esto fuese así, ¿qué ocurre cuando las compañías dejan al pasaje en tierra por avería o porque no disponen de suficientes plazas para cubrir los billetes vendidos? ¿Estarían vulnerando un derecho fundamental, impidiendo la libre circulación de personas? Cuando así sucede, no pocas veces, jamás he oído a ministro alguno alegar tal vulneración y sí remitir a las correspondientes indemnizaciones que deberían percibir los viajeros.

Es evidente que el objetivo ha sido construir un relato que diese cobertura a las decisiones que anticipadamente ya se habían tomado. Han seguido una hoja de ruta perfectamente trazada. Porque, a todo esto, ¿dónde está la empresa EULEN? La que es objeto de la medida de presión, la que paga a los trabajadores, la que ha sido adjudicataria del servicio de seguridad, la que ha ofertado un precio que se supone cubriría el servicio.

Precisamente, lo sorprendente de este conflicto es que la empresa ha estado desaparecida mientras la administración se ha erigido en su defensora. Solamente ha tenido que alegar que no podía acceder a las demandas de los trabajadores porque el contrato no lo cubría. Y así, desaparecer y dejar la solución en manos de las instituciones locales, autonómicas y estatales.

Sorprende la opacidad respecto al contrato suscrito con Aena por Eulen , la cuantía, los servicios ofertados, los costes laborales estimados, los realmente ejecutados, el beneficio industrial previsto, los costes de gestión del contrato, etc. Sería bueno conocer todo ello así como sería bueno conocer si Aena ha hecho un seguimiento estricto del cumplimiento de contrato, de las plantillas, de la cobertura de bajas, de los turnos, del personal asignado… Sería bueno conocerlo porque Aena todavía es una empresa con mayoría de capital público y debe rendir cuentas de su gestión.

Dar por bueno sin discusión ni contraste que el contrato suscrito con Eulen no permite asumir la subida salarial de los trabajadores es tanto como decir que la empresa no puede reducir su beneficio industrial o su coste de gestión y que la única solución para garantizar la subida salarial es la variación del contrato. No creo que se haya dado la información transparente de ese contrato, ni de su nivel de cumplimiento, ni que se haya exigido a la empresa un papel proactivo en el conflicto.

La otra barbaridad del conflicto consiste en mandar a la Guardia Civil a vigilar a los trabajadores que tenían que cubrir los servicios mínimos, que por cierto eran de un 90%. No puede admitirse ese papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no está entre sus funciones controlar el cumplimiento de los servicios mínimos en las huelgas. Esa labor compete a las empresas. En todo caso, la Guardia Civil debería realizar la labor contraria a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, la de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, como es el derecho de huelga. Utilizar a la Guardia Civil para estos fines es, a mi juicio, ilegal y obsceno, y muy preocupante desde el punto de vista democrático la escasa discusión de esta decisión.

Por si estos elementos no fuesen suficientemente escandalosos, el Consejo de Ministros se reúne en pleno agosto, con carácter de urgencia, y decide imponer un laudo arbitral por considerar que la huelga estaba afectando “gravemente” (entre otras cosas a un servicio de carácter esencial) ni más ni menos que a la “Marca España”. Adoptar en un conflicto de estas características, en el inicio de una huelga de carácter indefinido y con unos servicios decretados del 90% un laudo arbitral, que está previsto legalmente para casos extraordinarios y como una medida excepcional, es algo realmente desproporcionado y carente de fundamento jurídico.

Escuchar las declaraciones del ministro de Fomento produce bochorno. Rizan el rizo al considerar que el control de seguridad de un aeropuerto es un servicio esencial para el Estado los mismos que defendieron su privatización no hace tantos años alegando que era un servicio de carácter auxiliar no esencial. Como tal argumento no se sostendría, menos aún con los servicios mínimos decretados del 90%, añaden que el conflicto afecta negativamente a la Marca España. Escucharlo produce sonrojo porque un conflicto laboral protagonizado por trabajadores que cobran 900 euros, que hacen una huelga y que reivindican mejoras salariales, no puede perjudicar a la Marca España.

Lo que afecta negativamente a la Marca España es ver los efectos de las privatizaciones en este país, la precarización laboral que se ha instalado amparándose en una crisis interminable. Afecta negativamente a la Marca España tener un gobierno sustentado por un partido que está permanentemente en los tribunales, entre otras cosas acusado del cobro de las comisiones por la adjudicación de obras y servicios públicos en los que luego se producen conflictos que ellos mismos acuden servilmente a solventar.

Desgraciadamente, y si los Tribunales no lo remedian, este conflicto dejará tras de sí un nuevo antecedente que viene a limitar el derecho de huelga y a criminalizar la legitima reivindicación de derechos por parte de los trabajadores.

Estaría bien que más pronto que tarde se conozcan los detalles del conflicto, los contratos suscritos, las empresas afectadas y que se pidan las explicaciones necesarias y se adopten las decisiones parlamentarias oportunas, no solo para que alguien dimita, sino para que al menos se sepa cómo se ha privatizado, cómo se licitan los concursos y cuáles son sus consecuencias para los trabajadores y para los servicios. Porque todavía se pueden y se debe intentar cambiar las cosas.