Enfrentarse a una plaga bíblica no es sencillo y es razonable por ello mostrar cierta indulgencia. Pueden disculparse imprevisiones, vacilaciones y cambios de criterio. Lo que resulta más difícil de entender es que los responsables de afrontar esta pandemia se hagan trampas al solitario, más si cabe cuando a diario se escenifica una liturgia donde un puñado de uniformados da cuenta de las operaciones en el campo de batalla contra el coronavirus y ofrece el terrible balance de sus víctimas. Por respeto a la verdad, por muy dura que esta sea, lo mínimo exigible es contar bien a los muertos o, al menos, advertir de que las cifras que se ofrecen, ya de por sí terribles, pueden diferir enormemente de las reales.

Esta discrepancia entre el balance oficial de las autoridades y la realidad de los cementerios es la que se ha puesto de manifiesto en los últimos días. Era, por otra parte, algo previsible con el criterio seguido para determinar los fallecidos por la pandemia. Si solo los que habían dado positivo en las pruebas diagnósticas formaban parte de esta terrible estadística, la carencia de test de confirmación del contagio y la prohibición de autopsias a los casos sospechosos convertían en poco creíble el recuento oficial.

Fue este lunes cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desveló la enorme discrepancia entre lo que se nos dice y lo que está pasando. Para ello, sólo necesitó comparar las licencias de enterramiento de este mes de marzo con la de un año antes, que se han duplicado, para confirmar el desfase entre los fallecimientos por COVID 19 o sospechosos de haber contraído la infección con los reconocidos por las autoridades sanitarias: más de 1.000 en ese territorio.

Lo mismo ha sucedido en Madrid, donde se registraron 4.311 muertes en marzo de 2018 y 4.125 en el mismo mes de 2019. Este año, entre el 14 y el 31 de marzo, se solicitaron más de 9.000 licencias de enterramiento mientras se notificaban 3.539 fallecidos por coronavirus. En el conjunto del mes y en comparación con los años precedentes, los jueces firmaron más de 6.600 licencias de más, lo que permite suponer que 3.000 muertes atribuibles a la pandemia no han sido recogidas en las estadísticas que se nos ofrecen.

A falta de disponer de todos los datos actualizados de los registros civiles, no es aventurado presuponer que los más de 14.000 muertos oficiales por el virus podrían ser apenas la mitad de los que figurarían en un cómputo real, que necesariamente incluye, además de los decesos en hospitales, los fallecimientos en residencias y domicilios particulares que ahora no tienen reflejo en el arqueo oficial.

El tema sería un escándalo mayúsculo si no fuera porque la inmensa mayoría de los países han estado haciendo lo mismo. En Francia se ha disparado la cifra oficial de muertos cuando han empezado a contabilizarse las defunciones en residencias de ancianos; en Reino Unido no se cuentan como casos de coronavirus las muertes por neumonía de pacientes no sometidos a pruebas, que son la inmensa mayoría; en Alemania, que presenta una tasa de letalidad anormalmente baja y alardea de estar realizando tests masivos a su población, es muy improbable que sus cifras recojan a todos los contagiados que han muerto al agravarse sus propias patologías, algo que sólo se determinaría con autopsias generalizadas; en Bélgica y Países Bajos ni se hospitaliza a los ancianos de los geriátricos para evitar el colapso de la red de hospitales ni se incluyen en las estadísticas a los que mueren en sus casas o en las residencias. Nadie, y menos China o Estados Unidos, pueden presumir de estar haciendo bien las cuentas.

El mal de muchos no es disculpa suficiente para disimular la mortalidad de la pandemia. Sería especialmente grave que la chapuza estadística fuera deliberada, por mucho que se sigan los criterios de la Organización Mundial de la Salud que requiere la confirmación en laboratorio, lo que es manifiestamente imposible si se carecen de los instrumentos necesarios para efectuar dichas comprobaciones.

La petición del PP de solicitar un auditoría de los fallecidos por el Covid 19 es, en esta ocasión, completamente pertinente. Para eso sirve la oposición y no para alertar, como ha hecho, de imaginarios cambios de régimen como excusa para no sumarse a un pacto de reconstrucción de la economía. El Parlamento, como ha exigido, debe funcionar con normalidad, porque si hay un servicio esencial en una democracia es el control al Ejecutivo. Hacer justamente lo contrario en lugares donde gobierna, tal es el caso de Madrid, donde la Asamblea y su Registro han sido cerrados hasta el 12 de abril, no es predicar con el ejemplo precisamente.

Es evidente que las medidas de confinamiento están siendo útiles y que el alivio de los hospitales por la menor afluencia de enfermos indica que se está doblegando la maldita curva de infectados. Pese a su crudeza, los datos no han de ser enmascarados. Nada se gana adelgazando artificialmente el cómputo de fallecidos o dejando de avisar de que una cosa es la cifra formal y otra la real, salvo que se busque no empañar más de lo necesario la gestión de la crisis, lo cual sería algo más que impresentable. Respetemos a los muertos contándolos como se debe.