La corrupción, junto con el paro, es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía española. Dada la cantidad de casos que se están destapando en los últimos años, no es de extrañar. Tal es la preocupación, que los partidos tradicionales como el PP y el PSOE no han tenido más remedio que hacer de la regeneración democrática su bandera. Por otro lado, nuevas formaciones como Podemos o Ciudadanos son capaces de irrumpir en el tablero político gracias a un mensaje renovador que les separa de los corruptos.

Se gestione como se gestione esta preocupación por parte de los partidos políticos, la transversalidad del problema queda patente con los últimos casos, como el de las Tarjetas Black, el caso de los EREs que afecta a los Gobiernos de la Junta de Chavez o Griñán, o el hecho de que el 75% del Gobierno de Aznar esté en algún proceso judicial o condenado. Lo cual hace preguntarse si la corrupción en España es algo casual, un asunto relacionado con casos aislados, o si por el contrario la tenemos escrita en nuestro ADN.

Enumerando todos los casos de corrupción que se han dado desde las elecciones de 1978, obtenemos el siguiente gráfico en el que se muestran los procesos que han salpicado a las distintas fuerzas políticas en cada uno de los cinco periodos políticos que hemos vivido:

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wikipedia

Analizando este gráfico, podemos ver cómo en cada período el partido que más casos ha tenido entre sus filas ha sido siempre el que ocupaba el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, la corrupción ha sido algo que en todas las legislaturas (exceptuando los gobiernos de la UCD) ha salpicado sobre todo (y con numerosos casos) a los partidos que conforman el bipartidismo: el PP y el PSOE. El caso Filesa, el del Lino, la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas han sido los casos más llamativos y todos han tenido como protagonistas al PP o al PSOE.

Aunque el periodo en el que se dieron más casos fue el del Gobierno de Felipe González (también fue el gobierno de más duración), llama la atención lo ocurrido con el actual Gobierno de Mariano Rajoy. En poco más de tres años, se han destapado un número de casos que superan a los del gobierno de Jose María Aznar: las Tarjetas Black, la financiación del PP con la “caja B” o las operaciones Púnica y Pokemon como casos más llamativos. A estos habría que añadir el proceso judicial de los EREs falsos del PSOE por su impacto mediático en esta legislatura, aunque este caso comenzó con el Gobierno de Zapatero.

A pesar de que este gráfico ya está bien nutrido, hay que considerar que no incluye casos como el de Rato, por ser bastante reciente, o aquellos que no se han considerado ilegales, pero que si han tenido su efecto en la confianza de la sociedad respecto a sus representantes públicos como pueden ser los viajes de Monago o las dietas de Rita Barberá.

Una de las principales conclusiones que podemos sacar de este análisis es que la corrupción es algo arraigado en nuestro sistema político. No se puede hablar de casos aislados, ya que Gobierno tras Gobierno los casos de corrupción proliferan, sin que exista una tendencia que los convierta en una cuestión marginal, afectando incluso a la financiación de los dos grandes partidos.

Si además atendemos al índice de 2014 de Transparencia Internacional (estadística que muestra cómo la población evalúa la corrupción en su país), se aprecia que la población española ya percibe esta corrupción como algo usual: España ocupa el puesto 16 de los 28 miembros de la Unión Europea con 32 puntos menos que Dinamarca, como país más trasparente, y con 17 más que Bulgaria, Grecia, Italia y Rumanía, que comparten el último puesto.

El gran dilema es: ¿Qué hacemos para solucionar este problema? Medidas que endurezcan las penas para estos delitos o evitar que prescriban, sin duda, son necesarios. Pero quizás el problema no esté en las medidas, si no en quien debería implantarlas. Que la gran mayoría de los casos de corrupción vengan de los partidos que se han alternado en el poder los últimos 33 años, a lo que hay que sumar la falta de independencia entre los poderes legislativos, judicial y ejecutivo, hace pensar que más que endurecer las leyes (cosa necesaria), deberíamos darle una vuelta a quién corrompe, a cambio de qué y por qué los que tienen que legislar para erradicar la corrupción, son precisamente los que se benefician de ella.

La solución a este problema pasa porque las instituciones públicas dejen de ser una puerta giratoria del PP, el PSOE y sus respectivos aparatos. Pensar que estos partidos van a establecer las reformas necesarias para evitar, juzgar y castigar los casos de corrupción que se han estado dando en sus propias filas durante los últimos 33 años puede parecer, cuanto menos, cuestionable. Solucionar este problema requiere un pacto contra la corrupción. Lograrlo, sin nuevos sujetos políticos que pongan en peligro la alternancia de los dos grandes partidos y generen una verdadera refundación democrática en las instituciones capaz de romper con las redes clientelares que se han construido en los últimos 33 años, va a ser bastante difícil.