CARME MIRALLES

El último caso de corrupción urbanística acaecido en Catalunya, que se suma a una larga lista de municipios españoles situados en la costa o en la periferia de las grandes ciudades, alerta de que el sistema urbanístico en su conjunto no funciona. La serie de leyes, normativas, controles, comisiones, etc. resulta insuficiente. Y no es que las medidas y los procedimientos no sean prolijos, detallados, minuciosos y en algunos casos incluso lentos. No. No se trata sólo de revisar nuestro sistema urbanístico y, con él, rehacer leyes y normativas. Se trata de transparencia y plusvalías. Y sin revisar estos dos conceptos, cualquier ley, por buena que sea, tendrá los resquicios suficientes para que algunos puedan enriquecerse sin pudor.

Sobre las conductas ilícitas de algunos individuos (tengan estos responsabilidades públicas o privadas), siempre despreciables y punibles, tiene que caer todo el peso de la ley, sin paliativos ni atenuantes. Un sistema que permite incrementar plusvalías del suelo, es decir, su valor (no su precio, que es otro concepto) sólo con la aprobación de un trámite burocrático acaecido por la administración, y que este incremento sea trasferido al sector privado, sin ningún esfuerzo y sin tener que dar muchas explicaciones al resto de los ciudadanos, es un sistema demasiado goloso.

Sólo un ejemplo de los últimos acontecimientos: se aprueba un proyecto urbanístico por parte de la administración pública. Se concreta cómo se va a urbanizar una parcela y esta adquiere un valor. Poco tiempo después este proyecto se modifica con una simple decisión del ayuntamiento ratificada por la administración regional, aumentando el valor del suelo. Estas decisiones de la administración que han permitido que algunas empresas y algunas personas tengan unos beneficios de 45 millones de euros en sólo tres municipios. Es decir, una medida adoptada desde la esfera pública permite (sin luz ni taquígrafos) que aquellos que tengan información privilegiada a través de contactos especiales con personas que representan a la administración, se adjudiquen directamente esa plusvalía. Y aquí radica el nudo del problema de nuestro sistema urbanístico.

Si la administración, que nos representa a todos, tiene la capacidad de multiplicar el valor del suelo urbanizable, la pregunta es: ¿por qué este aumento de la plusvalía no puede engrosar las arcas de los municipios para que se puedan pagar políticas sociales? Unas arcas que, estamos hartos de oír, están vacías. Es decir, las corporaciones locales, que son las cenicientas de las administraciones públicas, son las que tienen capacidad de generar más plusvalías, pero no pueden beneficiarse de ello, sólo pueden engrosar los beneficios de los particulares.

¿Se imaginan cuántas becas de comedor, cuántas personas mayores atendidas, cuántos colegios y cuántos maestros se podrían pagar con estas plusvalías, en Santa Coloma, Badalona y Llavaneras? Alguien lo concretó en forma de pregunta: ¿dónde está mi queso?

Las leyes tendrían que revisar a quién benefician las plusvalías. Otros países lo han hecho. Hay que tener valentía para acometer las reformas necesarias y resolver este serio problema.

Carme Miralles es profesora de Geografía Urban.