Unas Cortes Constituyentes

El espectáculo cotidiano de la política institucional es tan horroroso que no hace falta dar muchas explicaciones sobre la gravedad de la situación. Mirar a la realidad de España es parecerse al médico que llega a un accidente múltiple con vehículos destrozados, cadáveres, víctimas en coma, heridos graves y gente desesperada. Estamos a unos milímetros de convertirnos en una monarquía bananera, sin crédito nacional o internacional. Una corrupción impune, propia de un país subdesarrollado, conduce de forma inevitable al subdesarrollo. Lo que el Partido Popular llama estabilidad del Gobierno no es más que la separación tajante entre la política y la indignación de la calle. Esa separación se encarna en un intento desvergonzado de no asumir responsabilidades. Las cosas de Palacio están por encima de las leyes, las investigaciones policiales y el clamor de las noticias. Me voy de veraneo, dice el tirano, y me fumo un puro mientras ustedes se pudren.

Por detrás de la espuma corrupta de los días, surge un olor a mar de fondo, a fin de ciclo, a crisis del sistema. No se trata sólo de un tesorero delincuente o de una cúpula avariciosa, trincona y descarada. El problema resulta más grave porque los datos son síntoma de una infección generalizada. Las hipocresías del Gobierno se fundan en un partido que ha dejado de cumplir su labor de intermediario democrático. En vez de ser el primero en exigir responsabilidades en nombre de sus afiliados y votantes, se pone a los pies de la vergüenza y a las órdenes de los jefes. Algo parecido ocurre con un Parlamento maniatado, por una ley electoral injusta y por un régimen descabellado. Permite que un presidente turbio, descubierto con las manos en la masa, no tenga obligación de dar cuenta de sus acciones ni siquiera con una moción de censura. Los cimientos judiciales han dado también muestras claras de clientelismo y sumisión fiscal. La búsqueda de la verdad y la justicia depende sólo de la honradez individual de algún juez heroico. Pero el imprescindible heroísmo individual no basta para consolidar un Estado. Cuando huelen mal el Gobierno, los partidos implicados, el Parlamento y el Poder Judicial, la crisis afecta a todo el sistema.

Este proceso tiene en España una geografía histórica concreta: la factura de una Transición mal hecha que ha provocado la humillación de la dignidad democrática en nombre del chanchulleo y la generación del clientelismo bipartidista. Lo que hay que recuperar ahora es precisamente lo que se ha tirado antes por la borda: el crédito de una política que no se base en las cúpulas burocráticas de unos partidos sometidos a las entidades financieras. Es decir, unir el Parlamento con la vida cotidiana y las necesidades de los ciudadanos. Con su felicidad tanto como con sus indignaciones.

Se le pide una explicación a Rajoy. ¿Qué va a decir? ¿Contar lo que sabe y confirmar la realidad de las evidencias? ¿Volver a mentir? Su palabra tiene hoy tanto valor como su silencio. Ninguno. Ya no vale ni siquiera su dimisión para que otro compañero de partido se haga cargo de la presidencia de Gobierno. Nadie tiene credibilidad después de una gestión del escándalo tan disparatada, tan llena de falsedades y de presiones inconfesables. Más que compañeros capaces de salvar la situación, existen cómplices tontos o indecentes que participan del naufragio.

España necesita unas elecciones generales si no quiere convertirse en una monarquía bananera al margen de la decencia democrática. Necesita unas elecciones generales capaces de unir de nuevo la soberanía cívica y el Parlamento a través de unas Cortes que tengan un carácter Constituyente. Necesitamos acuerdos que apuesten de forma clara por la transparencia política, por mecanismos de vigilancia que impidan el clientelismo y la corrupción, por una nueva ley electoral, por una Justicia democrática y por la participación real de los ciudadanos en la res publica. Estas exigencias merecen un cambio con mucha más urgencia que la chapucera introducción del control del déficit acordada por el PSOE y el PP al servicio de una lectura neoliberal de la Constitución.

Pensar hoy en la dignificación de la política es trabajar por la configuración de una mayoría que lleve la movilización de los ciudadanos a unas Cortes Constituyentes. Lo demás es seguir en la farsa.