La actual ministra de Defensa me ha denunciado. Sí, Doña María Dolores de Cospedal, la de los martillos, los discos duros formateados, el partido político imputado, la sede embargada o Castilla-La Mancha como unos zorros. La que según Ignacio González tiene un marido, López del Hierro, que trinca “de 27.000 sitios”. Esa misma.

Pretende Cospedal, con la misma intención con la que caían los martillos sobre los discos duros o se formateaban una y otra y otra vez, que he calumniado al anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés, a su cúpula militar, al Ministerio, al juzgado territorial militar, a la Fiscalía militar y a los componentes de la CITAAM (Comisión que investiga los accidentes aéreos). Y esto es más que posible en su mente franquista en la que anhela los Tribunales de Orden Público, pero en la cruda realidad no solo es imposible (debe existir manifiesto desprecio a la verdad), sino que además puede volverse contra los supuestamente agraviados e, incluso, contra ella misma. Al tiempo.

La base de su denuncia es una entrada publicada en este blog y titulada “Los homicidios de Pedro Morenés y su cúpula militar” en la que afirmo que todos los anteriores “deberían ser juzgados por homicidio múltiple” porque “tienen las manos manchadas de sangre”. Los hechos son los siguientes: en febrero de 2014 un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate cayó al mar falleciendo cuatro de los cinco tripulantes, y un año y medio después, en octubre de 2015, otro helicóptero de esta misma unidad terminó bajo el océano con los tres tripulantes. Por si fuera poco, el superviviente del primer accidente falleció en el segundo.

Obviamente, hoy más que ayer, me ratifico hasta en la más miserable coma de lo escrito y así se lo voy a expresar al juez este martes. Ocurre, como en muchas otras ocasiones, que esto va más allá de lo escrito en marzo de este año, sino que tiene un trasfondo. Una doble intención. Esta misma semana acabo de publicar ‘El libro negro del Ejército español’, un ensayo con más de 1.600 referencias que deja completamente desnuda a la cúpula militar y al Ministerio de Defensa, y demuestra una serie de patrones absolutamente innegables. Y ese era el objetivo, que el autor de ese libro, yo, estuviera imputado por calumnias para restar credibilidad y ello pudiera ser usado entre bastidores para impedir que muchos medios de comunicación se hicieran eco de lo que se desvela. Pero, como he comentado antes, a lo mejor la denuncia se vuelve contra la denunciante y los agraviados, porque las evidencias, relatadas con más profundidad en el libro, son absolutamente objetivas. Vamos con ellas.

En primer lugar, los helicópteros eran “chatarra” con más de cuarenta años y no deberían haber estado operativos cuando sucedieron los accidentes, algo que se hace mucho más acusado en el caso del segundo accidente. Hay tres testimonios que sustentan esta afirmación: 1) Joan Company Cross, piloto militar, afirmó que: "No han muerto seis más de milagro. Están todos hechos un cristo, nadie quiere volar en ellos […]. Estos helicópteros llevan 40 años sometidos al ambiente salino, no deberían volar […]. Estoy dispuesto a que esto me cueste mi carrera militar, no puedo callarme. Yo mismo podría morir en uno dentro de seis meses"; 2) Sebastián Ruiz, padre de uno de los pilotos fallecidos que ha investigado exhaustivamente los accidentes y que aseveró que los militares estaban volando en “chatarras” y que el mantenimiento no era el adecuado; y 3) todas las fuentes consultadas por ‘El Mundo’, “militares no oficiales y de los servicios civiles de salvamento, corroboran que […] son aparatos obsoletos que deberían haber sido jubilados hace muchos años y que […] siguen volando porque pertenecen al Ejército […]. En la aviación civil, mucho más restrictiva, sería «impensable»”.

En segundo lugar, se silenció al superviviente del primer accidente, el sargento Ojeda (según testificó su propio padre), comportamiento que, más allá de su calificación, fue indudablemente determinante para que aconteciera el segundo accidente con tres víctimas mortales e, incluso, para que estuvieran a punto de perecer otros seis militares más un año después.

En tercer lugar, la funesta gestión del Ministerio de Defensa ha sido determinante en las deficientes condiciones de mantenimiento del material militar, ya que hemos despilfarrado miles de millones de euros que podrían haber salvado muchas vidas. Los ejemplos serían interminables: el material almacenado por no tener combustible, personal u otras cuestiones suma más de 3.500 millones de euros; el submarino que no flota se lleva más 2.500 millones de euros; el avión A400M del que hemos descartado la mitad de las unidades por las graves carencias del mismo se lleva otros tantos miles de millones de euros… Y, repito, la lista es interminable. Que esta evidente negligencia en la gestión ha sido una causa directa en la quiebra del ministerio de Defensa (endeudado hasta 2030) y en el descenso del gasto en mantenimiento hasta poner en peligro la operatividad no solo lo mantengo yo, sino que en su momento Irene Lozano o Bernardo Navazo así lo sostuvieron. Y, desde luego, es evidente que si el dinero invertido en carros de combate para los que no tenemos combustible hubiera sido dedicado a adquirir nuevos helicópteros hoy tendríamos siete militares más en nuestras Fuerzas Armadas.

En cuarto lugar, la negligencia es todavía mayor, pues en julio de 2016 había tres helicópteros NH-90 almacenados porque se habían adquirido para el Ejército de Tierra en lugar del Ejército del Aire y el primero no tenía personal ni equipo para ellos. Es decir, la gestión es tan nefasta que ni cayéndose helicópteros o falleciendo militares se prioriza adecuadamente. El incidente denunciado por el teniente Company en el que casi fallecieron seis militares se podría haber evitado con los helicópteros que se pudrían en un hangar en Albacete al igual que se podría haber evitado la muerte de los siete militares si este pedido se hubiera priorizado para el SAR.

En quinto lugar, “la Agencia Europea de Salvamento Aéreo (EASA) decidió prohibir […] los vuelos de los helicópteros Airbus EC225 Súper Puma tras producirse un accidente con 13 muertos en el Mar del Norte y detectarse que pudo estar causado por un defecto mecánico”. Les bastó un accidente para cancelar todos los vuelos, algo que de haber ordenado Pedro Morenés y su cúpula militar hubiera salvado la vida de tres militares.

En sexto lugar, la situación es tan obscena que hasta Ciudadanos solicitó transparencia en la investigación de los accidentes aéreos del Servicio Aéreo de Rescate el pasado mes de abril: “Lo que no puede ser es que sin haber descartado todas las posibilidades y haber analizado todas las pruebas se determine que el accidente fue fruto de un fallo humano”.

En séptimo y último lugar, las deficiencias de mantenimiento son tan graves y tan evidentes que hasta la juez Patricia Moncada alertó al ministerio de Defensa del riesgo que corrían los F-5. Y, qué duda cabe, tener el macabro récord de Eurofighter estrellados (4) y militares muertos en ellos (3) no invita a pensar que solo se trate de los F-5.

Por tanto, no solo me ratifico en todo lo publicado sino que solicitaré que todo lo denunciado tanto aquí como en ‘El libro negro del Ejército español’ (seguro que será el siguiente en sufrir la cólera de la ministra) sea investigado. Y, más allá de otras muchas consideraciones, me parece absolutamente aberrante y lamentable, máxime a tenor de lo relatado, que dos años después del fallecimiento de los militares en los helicópteros el único investigado sea el que exige responsabilidades.

Desgraciadamente, no se puede esperar mucho más de un país en el que el partido más votado, el PP, es el mismo que vota en contra de la protección de los denunciantes de corrupción en la Unión Europea. Ya saben eso de “¡a por ellos!”, ¿no? Pues aquí vienen.