Ocho de cada diez trabajadores en España comienzan su vida laboral con un contrato temporal (ahora con la crisis son algo menos). ¿Les parece mucho? Lo que viene después es peor. Diez años más tarde, la mitad de ellos sigue con contratos temporales, según un estudio del Banco de España. Y son los grupos menos favorecidos y con menor formación los que sufren durante más tiempo la temporalidad, aunque nadie se libra: el 20% de los ingenieros y licenciados tiene un contrato temporal diez años después de haber empezado a

trabajar.

La excesiva temporalidad es, después del paro, uno de los principales problemas del mercado de trabajo. La reforma laboral que ayer planteó el Gobierno a patronal y sindicatos pretende reducir la contratación temporal y promover la indefinida. Y para eso dice que hay que delimitar en qué casos se pueden encadenar contratos temporales –aunque no especifica cómo– y en ampliar la utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida. Se trata de un tipo de contrato acordado en la época de Aznar y cuya indemnización por despido improcedente es de 33 días.

Paralelamente, el Gobierno plantea, con todas las cautelas, que las empresas que recurran más a la contratación temporal paguen más cotizaciones sociales por desempleo.

La redacción del documento presentado – “Líneas de actuación en materia de diálogo social”– es tan ambigua y deja tanto al futuro pacto que tanto patronal como sindicatos no podían más que salir dispuestos a sentarse a negociar. Justo lo que buscaba Zapatero, que no ha querido repetir el error cometido hace una semana con las pensiones, cuando el Gobierno propuso elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación, y que ha provocado la primera rebelión de los sindicatos contra él.

Pero habrá que ver cómo acuerdan la letra pequeña de asuntos como “reforzar la causalidad del despido”. Mientras Toxo y Méndez salieron diciendo que la palabra despido no aparecía en el documento y el Gobierno insistía en que no se reducían las indemnizaciones por extinción de contrato, entre las líneas de actuación se propone que, sin menoscabo de la tutela judicial efectiva, se reflexione sobre la necesidad de clarificar y diferenciar más entre el carácter procedente o improcedente de los despidos económicos. El Gobierno señala que el creciente recurso al despido improcedente ha provocado la descausalización del mismo y que se generalice la idea de que el coste ordinario del despido es de 45 días.

El documento ya no dice más, pero esto cada uno puede entenderlo como quiera. Por eso salió satisfecho el presidente de CEOE. Los empresarios pueden considerar que lo que quiere decir el Ejecutivo es que hay que reconducir el despido para hacer un mayor uso de las causas objetivas –con lo que serían 20 días de indemnización por año trabajado– y lograr de esta forma reducir los actuales costes por despido. Mientras que los sindicatos verán que se respeta su primera línea roja: no perder la tutela judicial efectiva. El texto no provoca enfrentamientos en un primer momento pero si se entra en el detalle puede llegar a haberlos, y gordos.

Si acudimos a las estadísticas judiciales de los despidos y a las prestaciones por desempleo, podemos ver que –sin tener en cuenta los ERE– en más del 70% de los casos las empresas utilizan la vía del despido improcedente con carácter inmediato. De las extinciones de contrato que acaban en los juzgados (el 30% restante), alrededor del 30% se pacta y más del 20% acaba en sentencias favorables al trabajador. Por lo tanto, cerca del 90% de las rescisiones de contratos indefinidos se resuelve con la indemnización máxima de 45 días por año trabajado. Y esto es lo que al Gobierno y a los empresarios les parece excesivo.

Tras una semana donde pocas cosas se podían haber hecho peor –planes de rebaja de las pensiones que no son tales pero que se envían a Bruselas en el principal programa de política económica, ministros que se contradicen unos a otros, un comisario europeo compañero de partido que propina el penúltimo pisotón a la economía española– Zapatero no ha querido pisar más callos. Pero difícilmente la reforma laboral podrá concitar la misma aquiescencia por parte de todos.