Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; y director del JHU-UPF Public Policy Center

La enorme crisis económica y social que estamos sufriendo, que no tiene precedentes en nuestra historia, está afectando muy negativamente a la calidad de vida y el bienestar de nuestra población, incidiendo con especial intensidad en las clases populares de nuestro país. Varios son los indicadores de esta realidad. Uno, de especial importancia, es el enorme aumento del desempleo. El porcentaje de la población adulta que desea un puesto de trabajo y no lo consigue está aumentando casi exponencialmente, hablándose de que podría llegar a alcanzar niveles nunca vistos antes en nuestro período democrático. El sistema de protección social existente en España no puede atender a tantos de nuestros conciudadanos. Ni que decir tiene que el real decreto-ley que establece el Ingreso Mínimo Vital ayudará a paliar tanto daño. Es una intervención pública de enorme valor. Pero necesita ser complementada con la creación de puestos de trabajo para reducir y anular el desempleo. De ahí la urgente necesidad de que se considere una responsabilidad pública de primera magnitud la de mantener y crear empleo, ayudando a los empleadores para que mantengan y expandan su población empleada, y creando empleo público en las muchas áreas y servicios donde hay un enorme déficit de personal, sin olvidar que otra medida de creación de empleo (raramente citada) es la reducción del tiempo de trabajo por trabajador. En realidad, las 40 horas semanales son claramente excesivas, atendiendo al enorme aumento de la productividad que ha tenido lugar en España durante el período en que ha estado vigente esta estructura de horas de trabajo (los trabajadores españoles son los cuartos en cuanto a horas trabajadas por semana en la UE-15, solo por detrás de los trabajadores griegos, portugueses y luxemburgueses). Y una de las áreas donde la inversión pública para crear empleo es más eficaz es, precisamente, en los servicios públicos de atención a las familias (escuelas de infancia y servicios a la dependencia), definidos como el 4º pilar del Estado del Bienestar y cuyo acceso debería ser un derecho ciudadano, que complementara los otros tres derechos que sostienen el Estado del Bienestar, a saber, el derecho a la salud y atención médica, el derecho a los servicios educativos y el derecho a la jubilación, todos ellos reconocidos en la Constitución Española. Estos servicios del 4º pilar del Estado del Bienestar están hoy poco desarrollados y tienen escasos recursos (incluyendo de personal), siendo uno de los países de la UE-15 con menos empleados en ellos. Ello explica la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo, pues tal integración requiere de la existencia y accesibilidad a tales servicios. Se ha calculado que, por cada nuevo puesto de trabajo creado en estos servicios, se genera la posibilidad de que dos mujeres más se puedan integrar en el mercado de trabajo. En realidad, parte del retraso económico del país se debe a la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo (62% en España frente al 80% en Suecia en la franja de edad de 20 a 64 años).

El incremento de las desigualdades familiares

Otro efecto negativo de la crisis actual está siendo el aumento todavía más marcado de las desigualdades por clase social y por género, hoy de las más acentuadas en la UE-15. En términos de desigualdad económica, y con datos de la OCDE (2016), España tiene un índice de Gini (representando el valor 0 una sociedad perfectamente igualitaria, y el valor 1 una sociedad perfectamente desigual) de 0,341, frente al 0,301 de media en la UE-15. En términos de desigualdad de género, según el Gender Inquality Index de la ONU (2016), España presenta un nivel de desigualdad del 8%, frente al 7,6% de media de la UE-15, y muy lejos de países como Suecia (4,4%), Finlandia (5,8%) o Dinamarca (4%).Las clases populares, así como las mujeres (la mayoría de las cuales pertenecen a la clase trabajadora), tienen menos recursos y menos oportunidades y posibilidades a su alcance que las clases medias de rentas altas y las clases pudientes, y que los hombres. Estas desigualdades, muy acentuadas en España ya antes de las crisis, se están incrementando todavía más, de una manera muy notable. La falta de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales, con un claro aumento de la precariedad, se están generalizando en el mercado de trabajo. Y los recortes de servicios y transferencias públicos destinados a las familias –tanto en las mal llamadas “guarderías” como en los servicios de atención a la dependencia– están sobrecargando a las familias españolas y, muy en especial, a las mujeres (en España, decir “familia” equivale a decir “mujer”). Estas, que tienen tres veces más enfermedades derivadas del estrés que los hombres, van a estar todavía más estresadas, pues además de perder o ver muy reducidas las ayudas y servicios públicos (como los servicios y fondos de dependencia), están teniendo más dificultades para conseguir buenos trabajos.

De ahí que, si bien todas las mujeres están sufriendo las consecuencias de la enorme crisis, las que se ven más afectadas son las mujeres de la clase trabajadora, que, como ya he indicado, constituyen la mayoría de las mujeres de las clases populares y que son además la mayoría en los sectores esenciales, como sanidad y servicios sociales, que fueron recortados por las fuerzas políticas que se presentan como las fuerzas más profamilia y más patriotas (confundiendo, como siempre, “patria” con los intereses de las personas pudientes y no con los intereses de la mayoría de la población). Este gran deterioro de las clases populares va acompañado de un gran crecimiento de la riqueza de las clases más pudientes, que alcanza dimensiones obviamente exageradas. Las 23 personas más ricas de España han visto crecer su riqueza un 16% durante estos dos meses y medio de gran crisis, mientras que la mayoría de la población la ha visto disminuir enormemente. Es sorprendente y, a su vez, significativo del gran dominio que el pensamiento conservador y neoliberal tiene en la cultura política y mediática del país, que la propuesta de crear un impuesto a las grandes fortunas en España, hecha por Unidas Podemos y sus confluencias, haya creado tal hostilidad por parte de la mayoría de esos medios.

Por qué las desigualdades de clase y género se están acentuando con la pandemia

Existe un amplio consenso social que el Estado debería facilitar que todo ciudadano tenga las mismas oportunidades para poder desarrollar el enorme potencial que tiene cada ser humano. La igualdad de oportunidades es un objetivo ampliamente aceptado en el panorama político de cualquier país (al menos, en teoría). Se afirma que el hijo de un empleado de la banca debería tener las mismas oportunidades para prosperar que el hijo de un banquero. Ahora bien, el hijo de un banquero nace ya con una enorme ventaja sobre el hijo de un empleado de la banca. De ahí que las herencias familiares condicionen enormemente lo que cada persona pueda desear y aspirar. Como decía irónicamente Mark Twain, “la decisión más importante de tu vida es la elección de quiénes serán tus padres”. El hecho de que dicha elección, en realidad, no sea tal, explica la injusticia de nuestras sociedades. Pero sí que pueden reducirse estas enormes desventajas de partida mediante toda una serie de intervenciones, desde una política fiscal más progresiva hasta un sistema de formación y educación más igualitario. Y ahí es donde la educación temprana juega ya un papel clave. Las que en la mayoría de los países se llaman “escuelas de infancia”, y que en España se conocen como “guarderías” (lo que muestra que tales escuelas son percibidas como aparcamientos para las criaturas, mientras los padres trabajan), juegan un papel fundamental. Ni que decir tiene que el aspecto de guardar a las criaturas es un elemento importante, ya que facilitar a las madres integrarse en el mercado de trabajo es de una gran importancia (como se ha visto durante el período en el que todas las escuelas han estado cerradas mientras se han ido abriendo las empresas). Pero igualmente importante es el componente educativo en la edad comprendida entre los 0 y los 6 años (incluyendo la etapa de 0-3 años), que es clave para el desarrollo cognitivo y emocional de las criaturas. La evidencia de ello es abrumadora. Y si visitan una escuela de infancia en Suecia, lo podrán comprobar. Niños jugando con muñecas y niñas jugando con tractores, rompiendo los roles de género prestablecidos y los estereotipos de lo que se asume significa ser mujer y hombre. En España, los recursos públicos para estas escuelas de infancia han sido siempre muy limitados, lo cual ha empeorado todavía más durante la pandemia.

La conciliación familiar: una necesidad todavía no resuelta

La integración de la mujer en el mercado de trabajo requiere de la corresponsabilidad del hombre en las tareas familiares. Si ello no ocurre, las mujeres seguirán estando muy estresadas; y un indicador de tal estrés es la bajísima tasa de fertilidad, una de las más bajas del mundo. La mujer española es la que tiene hijos en edad más avanzada, lo que causa también su baja fertilidad (el número de nacimientos por mujer fértil es de 1,26, cuando debería ser de 2, según expresa la mayor parte de la población cuando se le pregunta cuántos hijos les gustaría tener). Las dificultades para desarrollar un proyecto de vida con acceso a un trabajo estable y con ingresos suficientes para una vida digna es una de las principales razones de esa baja fertilidad, a la que se añade el desequilibrio en las responsabilidades familiares. Y esta es otra consecuencia de la pandemia: el descenso de la fertilidad y, por lo tanto, del crecimiento demográfico, acentuado todavía más por la elevada mortalidad consecuencia de la pandemia. Estas son las consecuencias del contexto económico y político español, caracterizado por una gran desigualdad por clase social y por género, que ha aparecido con toda claridad durante la pandemia, lo cual ha mostrado el gran retraso social de este país.