Luis Matías López

Periodista

La arrolladora reelección de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de Argentina responde a la falta de alternativa en el peronismo y en la oposición socialista o radical. La superviuda, que ha abusado de la memoria de su marido, Néstor Kirchner, se beneficia del crecimiento acelerado que propicia el aumento del precio de las materias primas, de la espectacular reducción del desempleo y de una estabilidad muy apreciada en un país que en 2001 estaba en bancarrota. Poco importa que el mérito inicial de esa remontada fuese de uno de sus rivales peronistas, Eduardo Duhalde, humillado en la lucha por la segunda posición, conquistada por el socialista Hermes Binner, lo que confirma un neto giro a la izquierda.

La presidenta-candidata ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de su mandato. Se le ha acusado de actuar con modos autoritarios, acosar a grupos mediáticos hostiles, quebrantar la seguridad jurídica de la inversión extranjera, manipular los datos de inflación o nacionalizar los fondos de pensiones privados para atender pagos de la deuda pública. Su reelección se debe a la conexión con las clases medias y bajas y a la superación de la dicotomía izquierda-derecha. Su triunfo no sólo es lógico, sino la mejor opción posible. Ojalá que el poder que le da un respaldo tan masivo no la haga avanzar por esa prepotencia a la que es tan proclive.

La campaña ha sido una lección (que Mariano Rajoy habrá seguido con atención) de cómo un candidato que no quiere correr riesgos porque el viento sopla a su favor huye de la confrontación directa. Fernández ha estado arropada y protegida de posibles errores, ha transmitido su mensaje en actos controlados de amplia cobertura mediática más de gobernante que de candidata y ha rechazado entrevistas y debates televisados. El candidato del PP no ha llegado tan lejos, pero esa estrategia subyace en el rechazo a celebrar más de un debate, el formato restrictivo de éste (que evita el cuerpo a cuerpo) y la negativa a que se celebre en la televisión pública, a la que su partido acusa de parcial cuando ha alcanzado un grado de objetividad e independencia sin precedentes. En España, como en Argentina, tal actitud no es antidemocrática, pero sí afecta algo a la calidad de la democracia.