Las fechorías de Miguel Blesa y su corte directiva en Caja Madrid componen un espectáculo corrosivo sobre la ambición y la ruindad humana. Pero también suponen una lección política. Vuelven a conducirnos al debate sobre la legalidad y la legitimidad. Porque el comportamiento de un poder mezquino, fundado en una estructura injusta, convierte en inadmisibles no sólo las decisiones tomadas al margen de la ley, sino muchas de las actuaciones legales.

Aunque uno ya no puede estar seguro de nada, me atrevo a decir que está fuera de la ley vender a la gente, con plena conciencia del engaño, un producto especulativo que implica la pérdida de sus ahorros. A eso se dedicó Caja Madrid con la estafa de las preferentes, robando mucho más dinero de lo que podría conseguir un ejército de chorizos con navajas, picando carteras y asaltando comercios durante 30 años.

Pero lo verdaderamente espectacular al leer los correos cruzados entre Miguel Blesa y sus directivos es asistir por dentro a la iniquidad de unos movimientos legales destinados a autogarantizarse sueldos, comisiones e indemnizaciones millonarias. De forma muy legal, se las componen los señores del dinero para conseguir cantidades desproporcionadas. Resulta deprimente el entramado de ambición y avaricia con el que obtienen de la Comisión de Retribuciones de la entidad una fortuna que, entre unas cosas y otras, asciende a los 71, 5 millones de euros. Si se compara con el salario de un trabajador normal y con las indemnizaciones por despido que han consagrado las dos últimas reformas laborales, resulta inevitable un escalofrío ante el estado de la columna vertebral de la realidad. La explotación bárbara y la desigualdad más hiriente forman parte de nuestra legislación.

Entre todos los correos, hay uno que me parece especialmente significativo. El señor Sánchez Barcoj –así está el nivel del señorío en la banca y la política española-, con intención de meter prisa y evitar un retraso molesto en su botín, escribe a Miguel Blesa el 24 de noviembre de 2006: “Si lo hacemos el año que viene se podría usar la demagogia de que con las plusvalías de la cartera industrial el presidente y su equipo se aseguran una jubilación dorada”. ¡Cuidado, que viene la demagogia!

Sacar un dineral de las arcas de una entidad que se conduce a la bancarrota, situarse a mil años luz de los ciudadanos, provocar una quiebra que el dinero público tendrá que solucionar, es completamente normal. Y quien no esté de acuerdo y proteste se transforma en un demagogo. La escenificación en correos de este disparate nos da una verdadera lección de política y sociología.

Los sueldos altísimos de los ejecutivos españoles en la banca y las multinacionales se conciben como una muralla. Además de avaricia, representan la necesidad de separar con la frontera tajante del dinero el mundo del poder y la realidad de la población. Los ejecutivos, gracias a su sueldo, viven en otra esfera y por eso no les debe temblar la mano a la hora de explotar, estafar y despedir a la gente. El zapato del gigante no duda al pisar la fila de unas pobres hormigas que se afanan en acarrear un trozo de pan a su agujero. Un salario justo es el factor democrático principal en el reparto de la riqueza producida por una comunidad. Un salario injusto es la causa principal en la generación de desigualdades y desequilibrios. El salario digno favorece el tejido social. Los disparates salariales consagran la ruptura, se parecen mucho a las alambradas con cuchillas que marcan una división cortante. Esa es la política buscada, la consigna de esta pretendida recuperación económica.