Hace unas semanas se montó la mundial por la intención del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de incluir en su siguiente barómetro está cuestión: “¿Hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes?”. La pregunta escandalizó mucho porque aquí con las leyes no hacemos excepciones y nos igualan tanto como la muerte, que decía Montesquieu, al que, a diferencia de Pedro Sánchez, sólo se le resucita en las citas y luego se le vuelve a sepultar bajo toneladas de mantillo para que crezcan sanas las petunias.

Nos tiene dicho Rajoy que el cumplimiento de las leyes no es negociable aunque siempre ha habido escépticos forjados a golpe de realidad. Así se sabe que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero que conocerla a fondo puede servir para sortearla, y que una cosa es que todos seamos iguales ante la ley y otra muy distinta que quienes tienen que aplicarla se crean de verdad ese cuento.

Lo asombroso es que el propio Gobierno reconozca que hace sayos de sus capas y que, además, lo ponga por escrito. Existe una ley, la 27/2011 de 1 agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. En una de sus disposiciones adicionales se recoge la subida de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52 al 60%, incremento que debía llevarse a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años a partir del 1 de enero de 2012. Dos diputados de Ciudadanos han preguntado al Ejecutivo por qué se han pasado esta ley por el arco del triunfo y han obtenido una respuesta a lo Susana Díaz: porque la Seguridad Social está muy malita. Allá van leyes do quieren reyes.

Más de dos millones de personas, que son los perceptores de estas pensiones, se estarán preguntando desde hace cinco años hasta qué punto es importante obedecer siempre las leyes, tal y como planeaba hacer la Generalitat con sus encuestados. A la vista está que para el Gobierno es poco o nada importante porque ni siquiera en su respuesta parlamentaria se compromete a cumplir lo establecido.

La subida de las pensiones de viudedad era de justicia, que es siempre lo que se echa en falta pese a la abundancia de leyes. Sus beneficiarios son por lo general personas mayores –la edad media se acerca los 74 años- y al menos un tercio, alrededor de 800.000, ni siquiera alcanzan la pensión mínima -637,7 euros para mayores de 65 años, 595,5 euros entre 60 y 64 años y 482,9 euros a los menores de 60- y reciben el llamado complemento a mínimos.

Las viudas y viudos conocen las prioridades del país. Hay dinero para comprar el voto del PNV y el del diputado de Nueva Canarias a los Presupuestos, o para indemnizar a Florentino Pérez, que si ha sido capaz de hacer temblar la tierra con su almacén de gas qué no hará con un ministro, pero escasea para quienes sobreviven bordeando la indigencia. Saben que la ley es igual para todos y que, por eso, prohíbe a pobres y ricos robar en los supermercados y ocupar viviendas vacías para no tener que dormir en la calle. El Gobierno está para que se cumpla. Sin miramientos.