Leo en un rincón de este periódico una noticia sin aparente trascendencia que, para mi sorpresa, no ha tenido la menor repercusión. Hace un par de días, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno la mejora de la protección social de curas y monjas secularizados. Se trata de una proposición no de ley del PP, pactada con el PSOE en la comisión de Trabajo e Inmigración, que afectaría a unas 3.000 personas. Por lo visto, la Iglesia católica no les dio de alta en la Seguridad Social hasta 1978, de manera que empezaron a cotizar a partir de ese año, y ahora piden que se les reconozca más antigüedad para calcular su pensión de jubilación.

Con todas las cautelas necesarias, puesto que el Gobierno todavía no ha dicho la última palabra, lo considero un agravio comparativo con muchos otros sectores. Los autónomos, por ejemplo, tienen que cotizar los 35 años de rigor para cobrar una jubilación cicatera y ni siquiera tienen derecho al paro. El Gobierno está maquinando, además, subir el IVA y la parte de cotización que le corresponde a cada trabajador. Ahora dice el ministro de Trabajo que es “ciertamente difícil” que puedan cobrar las prestaciones por cese de actividad antes de 2011, porque hasta esa fecha no estará aprobado el correspondiente decreto. Pues que aceleren los trámites, porque no está el horno para bollos o, lo que es lo mismo, no conviene que tensen más la cuerda.

Soy consciente de que los abusivos impuestos que pagamos una parte de los contribuyentes van destinados a objetivos solidarios: construir hospitales, escuelas, puentes, carreteras o pensiones no contributivas. Si a estos 3.000 curas y monjas no les dieron de alta en la Seguridad Social en su momento, que asuma los costes la Iglesia. Nuestros impuestos no están para sufragar sus errores.