Los daños del caso Cifuentes

El feo asunto del máster de Cristina Cifuentes ha causado serios daños, cualquiera que sea su desenlace. Yo no sé si acabará para siempre con la carrera política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni si se llevará por delante a los funcionarios -docentes y no docentes- supuestamente involucrados en el caso. Pero estoy seguro de que tanto este tipo de estudios como la universidad en general -y en particular la Rey Juan Carlos- van a salir tocados.

Las distintas y contradictorias versiones de Cifuentes no ha habido nunca por dónde cogerlas. Ni la que transmitió a través de terceras personas nada más estallar el escándalo, ni la que dio ella misma a su partido y luego en sede parlamentaria. No hace falta conocer a fondo los mecanismos por los que se rige la enseñanza superior para compender que se trataba de una versión -primero improvisada y luego chapuceramente fabricada- cuyo único propósito era justificar lo injustificable.

Es muy difícil creer que una persona con las responsabilidades políticas que ya entonces tenía Cifuentes se plantee hacer un máster. Salvo que esté convencida de que va ser eximida -total o parcialmente- de las obligaciones exigidas al común de los alumnos. ¿Se imagina alguien a una delegada del Gobierno en Madrid, no ya asistiendo a clase, sino elaborando en sus escasas horas libres los trabajos necesarios para sacar adelante sus asignaturas? Y todo por un máster que a fin de cuentas, según ella, no añadía ningún mérito relevante a su curriculum académico.

Pese a ser inverosímil, Cifuentes ha intentado -y sigue intentando aún- que la opinión pública comulgue con ruedas de molino. Y otro tanto puede decirse de sus correligionarios. Ésos que la aplaudieron el miércoles en la Asamblea con el mismo entusiasmo mansurrón y lanar con que en su día celebraron las negaciones de Francisco Granados, Ignacio González o Esperanza Aguirre sobre los episodios de corrupción en que aparecían implicados. Por no hablar de Ciudadanos, que es incapaz de terminar con tanta impostura, pese a tenerlo al alcance de la mano.

Pero igual de irritante que todo esto es el estigma que a partir de ahora arrastrarán injustamente los máster, después de que el caso haya mermado su reputación. Al menos los de la Rey Juan Carlos. ¿Cuántos jóvenes titulados tendrán que soportar en el futuro la broma pesada de si cursaron de verdad el suyo o también se lo regalaron? ¿Qué valor tendrán unos estudios con su credibilidad mermada en el mercado de trabajo? ¿No pensaron en el daño que hacían a la institución universitaria quienes, fuera y dentro de ella, han urdido esta farsa?

Por eso, el peso de la ley debe caer también sobre los funcionarios -docentes y no docentes- que han dado cobertura a Cifuentes. Tampoco sería bueno que se fueran de rositas las autoridades académicas que tienen la obligación de velar por el rigor de los procesos. Empezando por el rector, que hizo gala de una imprudencia temeraria al salir precipitadamente a dar una explicación de los hechos que ahora parece que él también contribuyó a guionizar.

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