Si nosotros fuésemos el Gobierno o el Parlamento, ¿destinaríamos 500.000 euros de dinero público al centro de arte Carmen Thyssen Bornemisza en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Guixols? ¿Y 150.000 euros para que el Ayuntamiento de Tolosa construya el Centro del Títere? ¿O 200.000 euros para un proyecto de Estación Internacional de parapente? Tranquilos, esto último se ha descartado por ahora, pero los dos primeros son enmiendas aprobadas a los Presupuestos Generales del Estado para 2009.

Hay muchas cosas farragosas, aburridas e incomprensibles en las normas administrativas y la ley de los Presupuestos es una de las que más desinterés provoca en el común de la ciudadanía. Y eso, a pesar de que mueve más de 360.000 millones de euros (incluyendo los que se destinan a pensiones y organismos autónomos), de los que algo menos de la mitad son presupuesto del Estado.

Tampoco hace falta ser el Gobierno. Basta con ser el grupo parlamentario cuyo voto necesita para sacar adelante los Presupuestos. Este año, el acuerdo con PNV y BNG representa unos 200 millones de euros, y las 150 enmiendas acordadas con CiU, ERC, IU y Coalición Canaria suponen unos 150 millones de euros. 350 millones sobre un presupuesto del Estado de más de 150.000 millones de euros. ¿Es mucho o poco? Pues como todo, depende. Por ejemplo, es más de lo que se incrementa el presupuesto para ayudas de acceso a la vivienda (244 millones de euros) o de lo que sube el dinero destinado a la asistencia a personas en situación de dependencia (esta partida se incrementa en 287 millones para el próximo año).

Pero es de esas enmiendas de las que sale también el dinero para arreglar carreteras que no estaban previamente en el plan, como entre Badajoz y Granada (dos millones de euros) o entre Teruel y Libros (100.000 euros). O para bibliotecas o centros culturales en pueblos casi perdidos. Como San Pedro de Mallo, pequeña localidad de León a 1.000 metros sobre el nivel del mar, en la cima de una colina, con apenas una docena de familias a las que el Presupuesto del Estado, vía enmienda, va a destinar 500.000 euros para rehabilitar la Casa sindical de Matarrosa del Sil. 157 metros cuadrados que se utilizarán como centro cívico y hogar del pensionista por los habitantes de San Pedro de Mallo y localidades vecinas.

O los 600.000 euros que recibirá Fonsagrada –donde viven sólo alrededor de 5.000 habitantes, aunque es el municipio más extenso de Galicia (438 kilómetros cuadrados)– para la “traída del agua”.

Miles de enmiendas de este tipo se presentan cada año a los presupuestos. Pero los ciudadanos ni las conocen (aunque son publicadas en la web del Congreso) ni pueden opinar. Al igual que algunos ayuntamientos empiezan a celebrar consultas a sus vecinos para decidir, por ejemplo, si celebran corridas de toros, el Congreso podría habilitar un sistema a través de Internet para que los ciudadanos pudieran votar –aunque sólo fuera de forma consultiva– las enmiendas donde figuren gastos concretos. Aunque no fuera vinculante la votación, sólo el hecho de ser consultados directamente haría que los Presupuestos, en lugar de quedarse en los escaños, bajaran a la calle.

La posibilidad de participar directamente en el reparto del dinero público, con el control y la transparencia que eso conlleva, evitaría que se sometieran a votación enmiendas como la que Marín –cuando era presidente del Congreso– calificó como “enmienda del año” y que decía así: Enmienda a la disposición adicional quincuagésima 1J nueva, derivada de la enmienda 1021 a la disposición adicional quincuagésima nuevo apartado 12, derivado de la enmienda 1023 a la disposición adicional septuagésima octava nueva, derivada de la enmienda 373 y 1032 a la disposición adicional centésima vigésima segunda....

Los diputados, que desconocían qué se estaba votando con esa descripción, optaron por aplaudir a Marín. ¿A cuántas otras enmiendas aplaudirían los ciudadanos?