Con la herencia del padre del Rey estamos aprendiendo a comprender que la miseria tiene sus matices. Los monárquicos de toda la vida se empeñaron durante años en trasladar que la Familia Real vivió un exilio muy penoso, cercano a la indigencia, sobreviviendo a duras penas gracias a la caridad de algunos nobles acaudalados. Tan pobres eran que hasta el barco en el que se hacían a la mar, el Saltillo, era gentileza de un industrial vasco, Peru Galindez, por la Villa Giralda de Estoril, donde residían, pagaban un alquiler de risa a sus propietarios, los Figueiredo, y, si no paraban de comer en Maxim’s cuando iban a París, era porque un marqués se retrataba con las facturas.

Don Juan, en consecuencia, era un pobre de solemnidad que no tenía dónde caerse muerto, aunque finalmente, lo hiciera en el pudridero del Escorial donde sus restos, tras veinte años en cal viva, están ya listos para ocupar urna en el panteón de los reyes del monasterio. Así, la miseria que legó a sus hijos en efectivo ascendió a la ridícula cifra de 774 millones de pesetas, depositados en cuentas suizas, de los que al entonces jefe del Estado le correspondieron 375 millones.

Puede entenderse que el padre del Rey tuviera la hucha a los pies de los Alpes por eso del exilio, aunque es más difícil de explicar que la mantuviera casi dos décadas después de que su vástago ciñera la corona, como si no se fiara de la paciencia de los españoles para con la institución. Lo que es casi imposible de entender es que ese dinero no se hubiera repatriado en todo este tiempo y, sobre todo, que no se hubiese tributado por la sucesión, un extremo que Zarzuela no aclara con el argumento de que está recabando la información. Las cosas de palacio van despacio, como es sabido.

Fiscalmente, el asunto está claro. La condición de sujeto pasivo del impuesto de sucesiones se adquiere por la residencia, de forma que Juan Carlos habría tenido que ingresar en las arcas públicas la cuota resultante. Echando números, le correspondería un tipo máximo del 34%, al que habría que añadir el resultado de aplicar un coeficiente multiplicador a dicha cuota, que podía llegar a dos en función del patrimonio del heredero, notablemente cuantioso en el caso de este heredero. En definitiva, Hacienda habría tenido que ingresar una cantidad superior a los 200 millones de pesetas dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento del padre, ya que apellidarse Borbón no exime de las obligaciones fiscales, o eso se creía.

No obstante, gracias a esa joya constitucional que nos legó la Transición, nada ocurriría si el Rey hubiese decidido llamarse andana, ya que su figura es inviolable y, en consecuencia, le resbala el código penal, el civil y hasta el de circulación. Otra cosa distinta ocurre con sus hermanas, contra las que se habría tenido que actuar en el supuesto de que no hubieran sentido en su interior la llamada del Fisco.

Por si existía alguna duda de que Hacienda somos todos menos unos cuantos, el diputado del PP Rafael Hernando se apresuró ayer a recordarnos que no hay que remover el pasado, ya sea porque nos queda lejos o porque todo está “prescrito”. Huelga, en consecuencia, que la Casa Real rebusque entre sus papeles, ya que posiblemente no estén y esperarlos sería del género tonto.

Llevando como llevan los Borbones la transparencia en su adn, sorprende que cualquiera de sus actividades económicas sean siempre tan extrañas o que los principales financieros oficiosos del monarca hayan acabado en el talego.

En su día, un servidor de ustedes dio cuenta de la venta de la Villa Giralda española, un chalet de 871 metros cuadrados ubicado en la lujosa urbanización madrileña de Puerta de Hierro, que formaba parte también de la herencia de Don Juan. La venta se formalizó el 21 de febrero de 2002 a un precio de 2,7 millones de euros. Pues bien, en la operación intermediaron un hijo y un sobrino de la infanta Pilar de Borbón, que cobraron por sus servicios 1,5 millones de euros, por lo que la comisión alcanzó un inusual 55,5% sobre el montante de la operación. Ello sin contar con que los gestores de la empresa compradora, Comercializadora Penínsular de Viviendas, acabaron en la cárcel tras protagonizar a continuación una espectacular estafa inmobiliaria que afectó a 1.200 personas. Con su transparencia habitual, Zarzuela rehusó hacer comentarios por tratarse de un tema privado.

Como se aprecia, pocas cosas hay normales en esta singular familia. Es por ello que convendría tener cierta indulgencia con ese otro pobre, Urdangarin, al que se está linchando por sus cuentas suizas y por sus comisiones sin ánimo de lucro. Puede que únicamente se limitara a hacer lo que veía en casa.