Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán

concejales del Ayuntamiento por Ahora Madrid

El 20 de abril de 2015, en precampaña de las elecciones de mayo, el Partido Socialista de Madrid defendía, a través de su portavoz, una solución negociada para el solar ocupado de la calle Antonio Grilo y el Centro Social Patio Maravillas. Estos espacios –decía– no eran un problema, sino un síntoma de las muchas carencias que en materia social y cultural tenía la ciudad de Madrid. Su propuesta consistía en dar espacio a proyectos que fomentasen actividades culturales, sociales e incluso políticas. Al fin y al cabo, el Ayuntamiento disponía de gran cantidad de edificios cerrados, algo que -a su criterio-, no se podía consentir. Si estas mismas declaraciones hubiesen sido hechas en estos días habrían dado lugar a una de esas conocidas guerras culturales patrocinadas por la derecha mediática. Defender que una ocupación como El Patio Maravillas no es un problema en la ciudad de Madrid y abrir la puerta a la negociación política en busca de una alternativa para desarrollar sus actividades sería poco menos que un sacrilegio.

Lejos de escandalizar, sin embargo, aquellas declaraciones estaban en sintonía con la actitud que la administración municipal había mantenido con al menos algunos espacios ocupados, llegando incluso, en ocasiones, a acuerdos de cesión y legalización. Desde los años ochenta, en efecto, se han sucedido gran número de negociaciones de este tipo. Es el caso de los numerosos locales ocupados por Asociaciones de Vecinos/as, o el primer CSO (centro social okupado) de la calle Amparo, al que la corporación de Tierno Galván le ofreció un pequeño local municipal como alternativa a la ocupación.

Incluso el Partido Popular abrió procesos de diálogo y negociación con movimientos que habían tomado espacios para desarrollar sus actividades. En esa línea, se puede mencionar la negociación y cesión durante 50 años de la Escuela Popular de la Prospe, o los casos del Centro Social Seco o La Eskalera Karacola. También hubo mediaciones –si bien más tímidas– en casos como los de El Laboratorio o El Patio Maravillas, cuando el Partido Popular abrió procesos de diálogo. En estas ocasiones, sin embargo, sin que se llegase a concretar ninguna alternativa.

En todos estos procesos el Partido Socialista facilitó e incluso medió en los procesos de cesión. Con cierto sentido político se implicó con aquellos sectores que por su presencia pública, su dinamismo cultural y su actividad política suponían novedad en la ciudad de Madrid. La presión pública y la relevancia mediática de la actividad de estos centros, tanto a nivel cultural como a nivel político, sencillamente no se podían obviar, mucho menos arrinconar. Miles de jóvenes se organizaban en torno a estas iniciativas, tantos como para que la negociación ofreciera algo de rédito al político oportunista.

Dos años después de aquellas declaraciones de 2015, el Partido Socialista ha capitaneado en el pleno de Madrid la defensa del desalojo del nuevo Centro Social La Ingobernable, sumando sus votos a los del Partido Popular y Ciudadanos. Lo ha hecho con la fuerza suficiente como para que el Partido Popular retire una propuesta similar. En otras palabras, el PP se ha sentido representado en la postura del PSOE como para sumarse a ella. Sin duda, este hecho entra en contradicción con los giros a la izquierda anunciados en las últimas primarias ganadas por Pedro Sánchez.

Se hace difícil entender como el socialismo madrileño afronta la existencia de La Ingobernable a partir de una política netamente represiva, sobre todo teniendo en cuenta que los centros sociales autogestionados son un hecho conocido y reconocido en media Europa por gobiernos de todo signo. En una dirección controvertida, el grupo socialista ha tomado el camino de la derecha y ha llegado incluso a equiparar, en distritos como el de Salamanca, espacios neonazis como el Hogar Social de Madrid con espacios como El Patio Maravillas.

No obstante, a la contra del PSOE, el valor cultural, social y político que los centros sociales autogestionados de esta ciudad ha logrado el reconocimiento desde muchos ámbitos. Asociaciones culturales, de arquitectos, colectivos ecologistas y feministas, asociaciones de vecinos han expresado en numerosas ocasiones el valor de algunas estas espacios. Y así, a través del diálogo, algunos centros sociales han encontrado algunos caminos –aunque no siempre soluciones–, bajo administraciones políticas del más variado signo. Pero por encima de todo, los centros sociales han construido instituciones políticas propias, definidas por su autonomía y su capacidad crítica, operando siempre como saludables agentes de contrapoder, tal y como han demostrado en los últimos años y con gobiernos de toda condición.

La aparición del Centro Social La Ingobernable es un acontecimiento positivo e importante para la ciudad de Madrid. En primer lugar, porque su ocupación ha puesto encima de la mesa un nuevo escándalo del PP en Madrid. Los propios okupas han sacado a la luz y colocado en la agenda política la cesión irregular de un espacio público a un amigo de la familia Aznar, sin apenas contrapartidas. La astracanada se realizó por intermediación de un destacado dirigente popular, Miguel Angel Cortés patrono durante varios años de la Fundación Ambasz, al igual, por cierto, que el sobrino del ex presidente Felipe González.

La ocupación plantea un nuevo reto del que el Ayuntamiento no se debe sustraer. Sabemos que la actividad de los centros sociales autogestionados ha logrado reconocimiento en todas las grandes ciudades europeas. Muchos centros sociales son considerados instituciones ciudadanas públicas. Madrid no debe ser una excepción. Estas instituciones del común –según la feliz fórmula adoptada por el Ayuntamiento de Nápoles–, obligan a profundizar en los mecanismos de relación que las administraciones públicas con la sociedad y con los movimientos que surgen de esta.

En el caso de Madrid es innegable que la trayectoria de estos Centros sociales está en el ADN del programa político del cambio y de la construcción de propuestas alternativas para la ciudad. Por citar sólo unos pocos ejemplos, cuestiones como la lucha contra la gentrificación, la turistización o la especulación inmobiliaria, no se pueden entender sin el impulso de los centros sociales. Al lado de las iniciativas reivindicativas y de denuncia política que normalmente acogen, los centros sociales han servido de refugio a muchas personas en situaciones sociales difíciles. Centros Sociales albergaron la red de apoyo a los inmigrantes que quedaron excluidos de la tarjeta sanitaria, también las redes de ayuda a trabajadores precarios, comedores sociales y espacios de tienda gratis con ropa para todas las personas con necesidad. Los centros sociales acogen toda clase de iniciativas sociales de apoyo mutuo y solidaridad sin que importe el color de la piel, la procedencia, la religión o la ideología. Y también sin ninguna necesidad de apoyo financiero por parte de las administraciones.

Precisamente esa actividad pública, cultural y social ha empujado a muchas administraciones a abrir un marco institucional capaz de relacionarse con ellas y reconocerlas en su plena autonomía. Cabe decir que en ningún caso podemos aceptar la represión de estos espacios. Es del todo preciso lanzar procesos de diálogo claros y transparentes. Y esto sólo será posible si reconocemos con normalidad la existencia de este tipo de espacios de movimiento, y obviamente si respetamos su autonomía y su legitimidad.