Quienes se educaron viendo Barrio Sésamo distinguen perfectamente lo que diferencia una cosa y la contraria. La lección de Coco sobre cerca y lejos no dejaba lugar a dudas. Si algo estaba lejos no podía estar cerca, y viceversa. En la serie no había huelgas, porque si no hubieran tenido que despedir a Pepe el Sonrisas, pero, de haberse convocado alguna en la fábrica de galletas que abastecía a Triqui, la mismísima rana Gustavo habría explicado el significado de servicios mínimos. Lo mínimo equivale a muy pequeño y, por eso, los servicios mínimos no pueden ser máximos o medios. Es algo que entiende hasta un niño.

Sin embargo, es frecuente en la vida real, donde sí hay huelgas, incluso generales, que los responsables públicos no hayan visto ni un solo capítulo de Barrio Sésamo y confundan los términos. Enfrentadas a un paro, no es extraño que las autoridades argumenten que imponen servicios mínimos para garantizar el funcionamiento normal de la actividad. Han tenido que ser después los jueces, que por lo visto si estaban abonados al profesor Siesta, quienes se han encargado de recordar que, por su propia naturaleza, la huelga implica anormalidad y que unos servicios mínimos del 100%, como en ocasiones se han decretado, es una desproporción y un cachondeo. Los sindicatos estarían muy contentos si estas sentencias, que se cuentan por decenas, no llegaran un lustro después de las huelgas en cuestión.

Los días de huelga, por tanto, no pueden ser normales. Todo el mundo está de acuerdo en asegurar la prestación de servicios imprescindibles para la comunidad o para la vida de las personas, pero entre ellos, desde luego, no figura garantizar un vuelo a Ulán Bator, porque para ir a Mongolia hay más días que botellines. Establecer un control judicial previo que impida la vulneración de este derecho fundamental sería muy beneficioso y relajaría mucho la actuación informativa de los piquetes.

Convencido el Gobierno de que la huelga general será un fracaso, acordar con los centrales unos servicios mínimos razonables no debería suponer mayor problema. Ni siquiera hacía falta que Elena Salgado pidiera que el 29-S se respete el derecho al trabajo. Curiosa exigencia de quien no será capaz de asegurar el día siguiente ese derecho a casi cinco millones de desempleados.