Esperanza Aguirre alumbró la ley recurrida ahora por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional con el único propósito de apropiarse del control de Caja Madrid. Una institución que gestiona 83.000 millones de euros en depósitos (más de cuatro veces el presupuesto regional) y que la presidenta anhela poner al servicio de su proyecto político personal desde hace años.

Para ello no ha tenido empacho en urdir una ley a su medida, retorciendo en beneficio propio algunos principios básicos de la normativa estatal, como el que establece los criterios de representatividad en las cajas de ahorros. El amaño no sólo favorece descaradamente a la Comunidad de Madrid, sino que penaliza al Ayuntamiento de la capital, que ha sido castigado así por su abierta beligerancia con Esperanza Aguirre en este asunto.

La lideresa tampoco ha tenido el menor escrúpulo en distraer imprudentemente la atención de los administradores de Caja Madrid, que llevan meses dedicando un tiempo precioso a zafarse de sus arteras maniobras, en vez de concentrar todos los esfuerzos en que la cuarta entidad financiera del país encaje de la mejor manera posible los rigores de la crisis.

El PP nacional, que no ha tenido agallas para poner coto a esta irresponsable aventura de Esperanza Aguirre, tan poco consecuente con el credo liberal del que blasona, salió ayer a defenderla con una inopinada firmeza. El portavoz económico del partido, Cristóbal Montoro, calificó el recurso del Gobierno contra algunos aspectos de la ley regional de “provocación” e “injerencia”. Lo que, puesto en boca de un dirigente del PP y referido a Caja Madrid, es cuando menos una desvergüenza.