La nuestra es una democracia donde legislan dos grandes cámaras y una no es el Senado. Está por un lado el Congreso de los Diputados y por otro los colectivos abajofirmantes, los suscriptores de manifiestos públicos a favor o en contra de algo, iniciativas de presión popular o elitista y extraparlamentaria. ¿Es esto un problema de nuestra democracia? Pues igual no, dado que hay momentos, como ahora mismo, donde nuestros diputados, por mor del juego político, de la cercanía de las elecciones y la ocupación personal de puestos de poder, se entretienen en ganar o no perder votaciones, en celebrar con alborozo un revolcón al adversario, más que en buscar un pacto que solucione los problemas del país.

Abajofirmantes son también patronal y sindicatos, pero colegiados formalmente. Gracias a ellos se puede aliviar la soledad parlamentaria del PSOE si Zapatero es capaz de sacar adelante la negociación que lleva personalmente con sindicatos y patronal, en busca de un “pacto social”, que puede llegar a extenderse a la reforma laboral.

El camino hacia ese pacto o hacia la reforma lo aderezan también las propuestas de dos grupos de abajofirmantes genuinos: un colectivo de cien economistas –entre los que está el nuevo secretario de Estado de Economía elegido por la ministra Salgado- que ya han publicado su manifiesto, de corte bastante liberal, y otro grupo de catedráticos y economistas, apoyados por las centrales sindicales, que preparan lo que creen debería ser un planteamiento de izquierdas, con un enfoque similar pero mucho más ambicioso al que hicieron doscientos abogados laboralistas y otros expertos de corte no liberal hace unos meses.

Reunión secreta

De la reunión secreta que ha mantenido el presidente del Gobierno con los líderes sindicales y empresariales se sabe, básicamente, que los sindicatos reclaman “mayor protección para los parados” y que el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está más “positivo y moderado” que nunca, después de haber planteado un nuevo modelo de “contrato anticrisis” con una música insufrible. La letra: dos años de duración, posibilidad de despido con preaviso de siete días e indemnización de ocho días por año trabajado; a los dos años, la relación laboral se extingue o el contrato pasa a ser fijo indefinido, con una indemnización de veinte días por año hasta un máximo de doce meses. La música: cualquier despido es procedente, salvo embarazo o baja por maternidad o paternidad. Es decir, lo peor que hay detrás de este modelo de contrato no es la escasa indemnización sino la intención de suprimir la tutela judicial en los despidos, que el trabajador no pueda recurrir ante los tribunales en ninguna circunstancia.

Si cuela esta interpretación, ¿qué más da que se pongan ocho o veinte días de indemnización? En España, la indemnización por despido procedente o por causas económicas u organizativas ya es en realidad de veinte días. La de 45 días es el peaje que pagan los empresarios por poder hacer una cosa que en otros países no se permite: despedir a alguien sin motivo. Si el juez dice que el despido es improcedente, el empresario en España no está obligado a readmitir a nadie, le basta con pagarle una indemnización de 45 días por año trabajado. En otros países, la empresa debe readmitirlo y punto.

Por su parte, los cien economistas piden que los contratos temporales sólo se utilicen para cubrir bajas temporales, que se mantengan los derechos adquiridos de los que ahora tienen contrato y que para los nuevos contratados se haga un contrato fijo con indemnización progresiva (creciente en función de los años), empezando en torno a los diez días y acabando en, por ejemplo, 24 días por año.

Desde hace más de veinte años, uno de cada tres asalariados tiene contrato temporal. A través de los ERE actuales se ha destruido sólo el 6% del empleo perdido. El 35% han sido despidos individuales, la mayoría de gente con antigüedad de dos o tres años apenas, y el resto, el 59% nada menos, han sido extinciones, sin renovación, de contratos temporales. Así que acabar con este desastre estructural del mercado laboral tiene que ser objetivo primordial. Si lo consigue el Parlamento o un grupo de abajofirmantes, a mí, personalmente, me da igual